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El secretario del Ayuntamiento de Bácum, Víctor Manuel Armenta Zavala fue asesinado a tiros en un incidente donde resultó herido su hijo. El funcionario municipal ya había sido víctima de un atentado en febrero pasado, cuando desconocidos balearon su camioneta hiriéndolo en un costado.

Hace algunos días, a propósito del tema del huachicol, apuntábamos en este espacio que aquel municipio era el que registraba una fuerte presencia de grupos criminales que combinan esa actividad con otras no menos graves, como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

Si bien esa presencia no es reciente, sí se agudizó a raíz de la campaña y posterior elección de Rogelio Aboyte Limón como alcalde de Bácum. Actualmente, él se encuentra preso en una cárcel de Estados Unidos cumpliendo una sentencia por falsificación de documentos para su internación al vecino país.

Desde un principio se supo que a Rogelio Aboyte le precedía una negra fama, que incluía el cumplimiento de una condena por tráfico de cocaína en 2010, en el estado de Indiana. De hecho, intentó en dos ocasiones ser candidato a la alcaldía por el PRD, pero esos antecedentes hicieron a los dirigentes perredistas desistir de su postulación.

En 2018, Morena decidió ignorar ese pasado, acaso por la solvencia económica del candidato, que permitió hacer una campaña donde no se escatimaron recursos. 

Armenta Zavala era del equipo cercano de Aboyte y le tocó participar activamente en su relevo, un accidentado proceso que incluyó tomas de palacio municipal y un complicado litigio en el Congreso del Estado, del que resultó electa Benita Aldama.

Las cosas comenzaron mal en Bácum, y a un año de gobierno, parecen acreditarse elementos para suponer que terminarán peor. 

Y para cerrar las notas tristes, ayer por la tarde noche fue acribillado a tiros el pintor guaymense Oscar Zepeda. Desconocidos llegaron a su casa en Miramar y dispararon impactándolo al menos en diez ocasiones. Para cuando llegaron los paramédicos, el muchacho ya estaba muertos. No hay detenidos.

II

Volvió a romper las redes la alcaldesa Célida López Cárdenas con el anuncio de una consulta vecinal para poner a consideración una serie de temas de política pública sobre los que pide pronunciarse a los hermosillenses.

Entre esos temas destacan el de alumbrado público, el recorte presupuestal, de prestaciones y de personal, así como proyectos estratégicos.

La propuesta luce interesante en tanto activa mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley, pero pocas veces utilizados como instrumentos para la democratización de las tareas de gobernanza.

La consulta pretende llegar a 200 mil hogares de Hermosillo y contempla también la participación en urnas digitales, lo cual la convertiría en un ejercicio nunca antes realizado y se enmarca en ese estilo personal de la alcaldesa, de salir a las calles buscando la integración de la sociedad a las tareas de gobierno.

Sin embargo, ese estilo personal también se caracteriza por una fuerte dosis de voluntarismo que eventualmente desdeña la norma, los tiempos y las formas, como cuando dice que sin ser legalmente vinculantes, los resultados de la consulta sí lo serán para ella.

Aunque la consulta se anunció desde hace un par de días, apenas ayer hubo la primera reunión con autoridades del Instituto Estatal Electoral, el organismo que más acumula experiencia en este tipo de ejercicios y donde se tiene todo el bagaje cultural y logístico para los mismos. Y esa experiencia indica que una consulta de esta naturaleza, en principio, no puede marchar por la vía fast-track. 

Es posible que en estos días conozcamos la reconsideración, entre otras cosas, de las fechas.

De acuerdo con la alcaldesa, el 1 de diciembre estarían enviando los formularios a los hogares de Hermosillo y la gente tendría hasta el 18 de diciembre para depositar sus boletas en los módulos instalados para ello.

En la reunión de ayer en el IEE quedó claro que los cuatro días que faltan para el 1 de diciembre son insuficientes para organizar el ejercicio, desde la formulación de las preguntas, los formatos y hasta detalles de diseño gráfico que no generen suspicacias sobre un posible sesgo prelectoral.

Pero esa no es la única tranca que tendría que brincar el ayuntamiento. También está la vertiente política, que ya hizo aparecer argumentos en contra, señaladamente de Movimiento Ciudadano (que hoy ofrecerá una rueda de prensa para fijar su postura), y del PAN. 

‘Casualmente’, los liderazgos más visibles de estos partidos son viejos conocidos de la alcaldesa, con quienes se distanció cuando buscó la candidatura por Morena, por lo que no se descarta cierto celo político.

Y es que por donde quiera verse, reactivar el contacto con 200 mil hermosillenses en edad de votar no es precisamente un simple e inocente ejercicio de consulta, sino un gran pase de lista para recordarles: “hey, aquí estoy, soy su alcaldesa y les estoy preguntando qué quieren que haga, cómo quieren que lo haga. Los estoy tomando en cuenta”.

Eso no debe ser muy agradable para una oposición sin recursos humanos, económicos ni materiales para buscar algún tipo de posicionamiento en el ánimo ciudadano, promoviendo por ejemplo, alguna respuesta positiva o negativa a cualquiera de los temas sometidos a consulta.

Impone además el tema en la agenda diaria, por encima de otros que le resultan incómodos a la administración municipal, como el de las urgencias financieras de fin de año y el endeudamiento respectivo, la maltratada del gobierno federal en materia presupuestal o el seguimiento al socavón de la Sonacer.

Está también la parte legal, que obliga a respetar instancias, tiempos y formas. Como sea, el primer objetivo que era poner el tema en la agenda pública, ya se cumplió. Veremos cómo evoluciona.

III

Un transporte público de calidad, eficiente, seguro y a precio accesible es la meta aspiracional de toda ciudad moderna, donde llegue el momento en que los ciudadanos puedan prescindir eventualmente de sus automóviles para resolver sus necesidades de movilidad, descongestionando el tránsito en las calles y reduciendo las emisiones contaminantes.

Hasta hace poco en Hermosillo eso se veía como una utopía, y aunque todavía se ve lejano, por primera vez en muchos años va tomando forma un proyecto integral que apunta en ese sentido.

Sin duda el punto de partida fue la decisión tomada por la gobernadora Claudia Pavlovich a principios de este año, de revocar las concesiones a ciertos grupos empresariales que durante décadas se convirtieron en parte del problema y no en parte de las soluciones. 

Una medida difícil y por mucho tiempo considerada “políticamente incorrecta”; tanto, que ningún otro gobernador se había atrevido a hacerlo. De hecho los anteriores concesionarios mantienen un litigio para que les sean devueltas, pero todo parece indicar que estamos ante hechos consumados.

Los nuevos concesionarios que ganaron la licitación respectiva han venido cumpliendo las condiciones establecidas en la convocatoria y a la fecha ya se cuenta con 350 unidades nuevas, todas ellas enlazadas al C5i, equipadas con cámaras de video y botón de pánico para reforzar la seguridad tanto de operadores como de usuarios.

Así quedó de manifiesto durante un recorrido que ayer hizo la gobernadora, acompañada de los concesionarios, por el nuevo centro integral de monitoreo desde el cual se da un seguimiento más preciso y en tiempo real a las líneas y rutas del transporte en la ciudad.

Se cuenta además con la aplicación UNE Transporte Sonora para consultar desde los teléfonos celulares, tiempos y rutas, así como atención al usuario; se trabaja en la habilitación de 65 módulos para recargar tarjetas prepago, pues para 2020 se descartará el pago en efectivo.

Desde el centro de monitoreo se mantiene comunicación con los operadores a través de radios, y se observa en tiempo real todo lo que sucede dentro de las unidades mediante cámaras de video.

En labores de supervisión ciudadana participan la Unión de Usuarios, la AC Vigilantes del Transporte, la Asociación Hermosillo Cómo Vamos y la Asociación de Padres de Familia. O sea, la cosa va en serio.

Durante el recorrido estuvieron los representantes de las empresas Movilidad Integral de Hermosillo; Jorge Casahonda, de Administración Corporativa de Hermosillo y Gabriel Flores de Conduet, las nuevas concesionarias, así como el secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa, el director del Transporte Carlos Morales Buelna y el titular de Femot, Luis Fernando Pérez Pumarino.

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