Salud sin fondo.

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles pasado, una reforma impulsada por Morena para permitir que el gobierno federal pueda utilizar hasta 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, la intención, dicen, es modificar el artículo 77 bis de la Ley General de Salud, que dio vida al Seguro Popular, y en el cual, en el pasado, se establecieron “candados” para que el dinero de ese fondo sólo se use para pagar los tratamientos de enfermedades muy costosas, es decir, dinero ya destinado. La idea de tener recursos para la vacuna contra el covid-19 no suena mal. Lo que suena mal es que se ponga en riesgo la vida de personas con enfermedades que son muy caras de costear y que se pueden quedar sin recursos y que el gobierno disponga de ese dinero sin los “candados” preestablecidos.

El cambio no llegó con buenos ojos por parte de los partidos de oposición con el argumento de que no hay garantía de que esos recursos en realidad serán usados para salud e implicarán quitar dinero a la atención de enfermedades catastróficas, como el cáncer. El tema quedó avalado en lo general por 242 votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones. Ahora, el asunto pasará al Senado, donde se prevé que sea discutido a la brevedad para que esos recursos puedan contemplarse en la bolsa que el gobierno federal pueda emplear para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021. El Fondo de Salud para el Bienestar, antes llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, tenía hasta el 30 de junio un saldo de 101,161.7 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Hacienda. De ese monto, se quiere disponer de una parte para la compra de la vacuna contra el COVID-19. El fondo se creó el año pasado con la reforma de salud que dio origen al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); sus recursos provenían del fondo destinado para atender enfermedades que generan gastos catastróficos en las familias, usado con el Seguro Popular, el cual fue desaparecido por el gobierno actual tras considerar que había irregularidades en él. En Noviembre pasado, posterior a la desaparición/modificación del mismo; La reforma estableció que el Insabi canalizara al Fondo de Salud para el Bienestar el equivalente a 11% de la suma de los recursos del gobierno federal y los estados. De estos, el Insabi asignaría 8% a la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, 2% a la atención de necesidades de infraestructura preferente en las entidades con mayor marginación social, y 1% para complementar los recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos e insumos, así como al acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social. La discusión de esta iniciativa se da en medio del proceso de aprobación del Paquete Económico 2021. La Ley de Ingresos tiene que estar aprobada por el Senado a más tardar a finales de este mes; de acuerdo con los legisladores de la oposición, ahí se tienen contemplados estos recursos y por eso la urgencia. Durante la aprobación de la desaparición de 109 fondos y fideicomisos, los diputados de Morena intentaron colocar un transitorio en el que se preveía disponer de los recursos de este fondo, pero la propuesta fue retirada. Posteriormente, en la discusión de la Ley de Ingresos en la Cámara baja, de igual manera se incluyó un apartado para usar los 33,000 millones, aunque también fue retirado. Ahora, se apostó por una nueva reforma y está en manos del senado.

Con la bolsa del Fondo de Gastos Catastróficos, se cubrían las estrategias del Seguro Popular; Entre los padecimientos clasificados como catastróficos: los diferentes tipos de cáncer infantil, de próstata, mama, cérvico-uterino, ovario; infarto agudo al miocardio en menores de 65 años, así como ciertos trasplantes de córnea, médula ósea y riñón, así como enfermedades raras o huérfanas. En el área oncológica, el Seguro Popular solía destinar 20 mil millones de pesos para cubrir, de manera integral, esta enfermedad catastrófica. Se otorgó atención integral a más de 32 mil personas. En este esquema de servicios creado en 2004 cuenta, por aparte, con fideicomiso para cubrir con antirretrovirales a los pacientes que viven con VIH/Sida. Se conformaba también con la aportación solidaria de los estados, es decir, con cerca de 30 mil millones anuales. Este recurso ya no se obtuvo con la desaparición del Seguro Popular. Los recursos dirigidos a ese fondo de salud también han servido para construir infraestructura, en las entidades federativas con mayor marginación social, para complementar recursos destinados al abasto y la distribución de medicamentos y demás insumos. ¿Qué pasará con los pacientes que padecen esta cruel enfermedad? Lo cierto es que llevan meses manifestándose por falta de medicamentos, esperemos que prevalezca la razón y rectifiquen en cuanto al gasto en salud.

Dr. César Álvarez Pacheco

cesar_ap@hotmail.com

@cesar_alvarezp

Huatabampo, Sonora.

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