Tanto a nivel nacional como a nivel estatal, luce temerario el que llueva, truene o relampaguee, las clases presenciales reinicien el próximo 30 de este mes de agosto, cuando la tercera ola del Covid-19 registra hasta ahora una expansión incontenible, con contagios y decesos diarios muy similares a lo más álgido de la pandemia.
Faltan poco más de tres semanas para esa fecha fatal –literal—y ese tiempo debería ser suficiente, para que en combinación de los avances de la vacunación y el cumplimiento estricto de medidas sanitarias, se generen las condiciones para las comunidades escolares de México y de Sonora de educación básica, acudan a las aulas, sin el riesgo de engrosar las estadísticas de decesos y contagios.
Miren, la Secretaría de Salud Federal reconoció este jueves 20 mil 685 casos nuevos de Covid-19, la mayor cifra reportada en la tercera ola de contagios, además de 611 fallecimientos, en tanto que Sonora aportó 500 nuevos casos y 27 defunciones más, con agregado de la acelerada ocupación hospitalaria donde el número de pacientes graves y críticos crece de forma alarmante.
Sabe que mensaje represente para quienes toman la decisión del regresar a clases, el hecho de que en los últimos dos meses, el incremento de casos positivos en niños y adolescentes incrementó 272 por ciento y ya no son asintomáticos, si no que sufren de fiebre, diarreas, salpullidos y otros síntomas que obligan a atención médica profesional.
Pero seamos positivos, porque si padres y familiares de ese estudiantado ansioso por regresar a las aulas decidiera, que en los próximas tres semanas saldrá de su casa solo por asuntos prioritarios y si lo hace, guardará la sana distancia y no olvidará reglas de aseo básicas; dejará para después sus fiestesitas familiares y con vecinos; evitará aglomeraciones y reducirá al mínimo su movilidad, sin duda los espacios escolares tendrían reducidos factores de riesgo.
Masificar esas medidas de profundo sentido cívico y de responsabilidad social, más la vacunación en proceso en personas de 18 años, factor importante en la dispersión del virus, serían el entorno ideal para revertir condiciones actuales de alto riesgo de contagio y el sine qua non para eludir los efectos de ese “llueva, truene y relampaguee” presidencial y que al parecer ha sido atendido por las autoridades de salud y educativas de esta entidad, de acuerdo a un comunicado dado a conocer el miércoles.
Somos escépticos respecto a que se impondrá la responsabilidad social y que en esta ocasión, tal como ha venido ocurriendo a lo largo de la pandemia, seguirá incontenible la movilidad social y no se cumplirán esas reglas indispensables, aunque la esperanza muere al último y esperemos que quepa la cordura en favor de la población estudiantil de la entidad.
Mientras son peras o son manzanas y a pesar de todo, el Gobierno del Estado, Secretaría de Salud y Educación y Cultura, además del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, instalados en una comisión interdisciplinaria determinaron el regreso a clases presenciales a partir de la fecha decretada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bajo el estricto seguimiento de la gobernadora Claudia Pavlovich y en coordinación con el gobierno entrante que encabezará Alfonso Durazo, los titulares de salud, de la SEC y del ISIE, Enrique Clausen, Víctor Guerrero y Yalia Salido, respectivamente, despliegan sus esfuerzos bajo un plan operativo con criterios de gradualidad, en función de la decisión voluntaria de los padres de familia, estado físico de los planteles y desarrollo de la pandemia en los distintos municipios de la entidad.
Así las cosas, lo mejor que todos deberíamos hacer es abrir un paréntesis de sosiego, de calma, de suspensión de actividades no indispensables en las próximas tres semanas, para de esa forma aportar lo que nos corresponde para que nuestras niñas y niños, así como adolescentes que cursan su educación básica tengan un regreso a clases con menores riesgos para su salud y su vida.
Ese tema deberá ser tratado con pinzas por las autoridades estatales y municipales entrantes, que en el caso de Hermosillo, como la plaza más afectada en muertes y contagios, es considerado como prioridad por el alcalde electo, Antonio Astiazarán, quien a lo mejor de eso platicó en su primer encuentro con el gobernador electo.
Es de esperarse condiciones mejores para Hermosillo en dicha problemática, ya que en la mesa transversal para el abordaje de la pandemia en este municipio, debe tener participación importante el experto en esos menesteres, José Luis Alomía Zegarra, quien como se sabe, es el representante en la comisión mixta del proceso entrega-recepción del sector salud y quien sin el lastre tan nocivo de su anterior jefe, Hugo López Gatell, ahora sí estará en condiciones de ser más efectivo.
Por lo demás, tal como ya resulta cotidiano, la mañanera de este jueves fue escenario de un dislate más o de varios dislates más del presidente a causa de sus protagonismos que ya rayan en lo estúpido, al dar por bueno un tuit donde le desea la muerte el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodrigo Mondragón, a pesar que desde octubre pasado quedó demostrado que esa maldición fue subida a la red desde una cuenta falsa.
Rústico el asidero encontrado por el presidente que alardea de ser experto en detectar fake news, pero que le urgía para entrometerse en el diferendo al interior de dicha instancia judicial, luego que por mayoría fue destituido de la presidencia José Luis Vargas.
Increíble el que el presidente haya cometido dicho dislate para justificar sus fobias y retomar sus catilinarias en contra de organismos electorales, que en el caso del también llamado Trife, ahora exige la destitución de todos sus integrantes, con ese falaz argumento, en obvio revanchismo por decisiones recientes en los casos de Guerrero y Michoacán, que obligaron a MORENA a cambiar aspirantes a dichas gubernaturas.
Como dato importante, el destituido magistrado fue el único que votó en contra de las cancelaciones de los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, en abierto contubernio con MORENA y Palacio Nacional, en tanto que su relevo, fue el principal impulsor de bajarlos por violaciones en materia de transparencia en el financiamiento y gastos de sus precampañas.
No es posible que un presidente incurra en tales barbaridades tratándose de organismos autónomos y que pretenda justificar sus fobias con evidentes falacias, demostrándose que no está en sus cabales y que quienes lo rodean, sus colaboradores no le guardan ninguna consideración y lo llevan a protagonizar tan patéticas circunstancias.
Y como también trata de justificar el que el problema de los baches es mayor que la pandemia, la inseguridad pública y la economía, se aventó kilométrico chorizo respecto a su plan para rehabilitación de vialidades, que de entrada dijo que es responsabilidad de Estados y Municipios.
Diseñó una especie de combo que si bien aceptó llevará tiempo, incluye la creación de una empresa estatal que comercie gas natural para el consumo doméstico y que en el llenado de las zanjas por la introducción de tuberías se incorporen obras de bacheo, en el marco de un mazacote de ocurrencias sin ningún sentido y contradictorio.
Pues mientras el presidente se entretiene en sus fobias y en ocurrencias, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer los resultados de la Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020, confirmándose lo que percibimos y resentimos: en lo que va del sexenio de López Obrador el número de personas en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas en comparación con 2018.
La va bien porque se trata de pobreza a secas, ya que en lo que se refiere a la pobreza extrema la cifra es mucho mayor, así como en el caso del deterioro económico de las clases medias, en un entorno general que refleja el fracaso de la 4T en dicho rubro y a las torpezas que son tan comunes en Palacio Nacional no solo en dicho rubro.
Coneval considera seis carencias para la medición de la pobreza multidimensional: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad y en todas se registra una baja considerable en al menos 11 millones de personas.
