Este miércoles al filo de la una de la tarde, el gobernador habrá de presentar un recuento de lo alcanzado en estos sus primeros 100 días al frente de la administración estatal.
Un arranque que no ha sido sencillo, pero en el que Durazo Montaño ha sabido aprovechar el bono democrático, la gobernabilidad que permite una mayoría legislativa afín a su proyecto y la excelente relación que tiene con el gabinete federal del que proviene, pero sobre todo con el presidente de la República.
Se sabe que el principal problema que ha enfrentado es el de la falta de recursos y eso ha ocasionado algunos tropiezos, ya para arrancar programas o darles continuidad, o hasta para pagar la nómina de la burocracia. El gobernador a veces no puede ocultar su desilusión cuando tiene que apoquinar 450 millones de pesos mensuales para cubrir el adelanto de participaciones que consiguió la pasada administración, pero de las cuales él no vio ni el polvo.
Eso lo llevó a incluir de último momento en el paquete fiscal presentado al Congreso una solicitud para un crédito de 990 millones de pesos que le permitiera solventar los compromisos de fin de año tanto para la administración estatal como para las municipales. Este monto es deuda de crto plazo que tendrá que pagarse el año próximo.
Aun así la maquinaria estatal ha seguido funcionando y apoyado en un Congreso de mayoría afín consiguió sacar intacta su propuesta presupuestal para el 2022, destacando el extraordinario monto para los programas sociales en sintonía con la política federal, y los ahorros proyectados a partir de un plan de austeridad que algunos califican de agresivo, pero que espera lograr economías hasta por cuatro mil millones de pesos en los próximos años.
Ayer el gobernador dio un adelanto de lo que seguramente incluirá en este recuento, destacando las multimillonarias inversiones para la modernización de aduanas y del puerto de Guaymas; los proyectos carreteros y la mega planta fotovoltaica para la que ya se anunciaron inversiones iniciales por el orden de los nueve mil millones de pesos.
Pero no adelantemos vísperas y mejor esperemos a lo que tenga que decir este día.
Por cierto en la rueda de prensa de ayer Alfonso Durazo mostró la mano izquierda y luego de negociaciones que no debieron ser sencillas con autoridades tradicionales yaquis éstas acordaron ‘levantar’ la ‘piola de cuota’ que tenían instalada en Loma de Guamúchil liberando el tránsito por la carretera federal 15 en ese tramo.
El asunto es notable porque justo en ese punto es donde se habían registrado más conflictos, algunos que rayaron en la violencia y donde recientemente fue grabado un agente de la policía municipal de Cajeme colaborando con los yaquis para obligar a pagar la cuota a un usuario de la carretera.
Esta situación se fue volviendo más compleja porque se dejó crecer por muchos años, y en el caso de Loma de Guamúchil se pudo negociar porque allí son las autoridades tradicionales las que operan el retén, no así en los instalados a la altura de Vícam y en Pótam, donde los ‘cobradores’ de cuotas ‘voluntarias’ son indígenas (y algunos ni siquiera lo son) que se apostan arbitrariamente y sin representación alguna.
Por las fechas que corren, cuando decenas de miles de ‘paisanos’ regresan por esa rúa a sus pueblos de origen el tema de las cuotas yaquis amenazaba con volverse aún más problemático, pero el gobierno del estado operó no solamente con el diálogo, sino que incluso se sabe que ya se liberaron algunas órdenes de aprehensión contra personas que organizan y operan los retenes, de allí que se hayan levantado.
Trascendió que en el caso de Loma de Guamúchil se trata de una especie de acto de buena voluntad por parte de las autoridades tradicionales yaquis para dejar libre el tránsito al menos en las fechas entre navidad y año nuevo, por lo que posiblemente vuelvan a instalarse pasadas éstas.
De cualquier forma el gobernador adelantó que se sigue trabajando en los trabajos del Plan de Justicia para la Etnia a fin de resolver también este, que es uno de los muchos asuntos en la agenda del gobierno con la etnia.
Durazo dijo que su propuesta inicial era de la de ‘mover’ la caseta de cobro que opera Capufe en Esperanza, reubicándola a la altura del danzante yaqui y destinar una parte de los recursos allí captados para resolver problemas de la etnia, señaladamente el del pago de operación (tarifas eléctricas) del acueducto que está proyectado para dotar de agua potable a los ocho pueblos y el resto de las comunidades indígenas.
Sin embargo esa propuesta no prosperó debido a los altos costos que representaba; en cambio se han proyectado paradores turísticos en los que se presten diversos servicios (como el de restaurantes) y actividades comerciales para ofrecer la producción artesanal de la etnia.
Hay que anotar un punto al gobernador Alfonso Durazo que poco a poco está avanzando en la solución de añejísimos problemas en ese territorio.
Sin duda una de las asignaturas pendientes y que resulta muy dolorosa para los ciudadanos es el tema de la seguridad pública, sobre todo en ciertas regiones del norte del estado, el desierto de Altar y de manera crítica en el corredor Cajeme-Empalme-Guaymas, donde no han podido dar pie con bola.
Los últimos tres meses en Cajeme han promediado los 60 homicidios dolosos diarios, pero diciembre pinta para romper ese siniestro récord, ya que aún faltan diez días para que termine el mes y los asesinatos suman 50, con los tres ‘embolsados’ que encontraron ayer por la noche.
Quizás el evento de los cien días sea el foro ideal para que el gobernador anuncie un golpe de timón en la estrategia, quizás algunos cambios en el gabinete de seguridad o al menos un jalón de orejas porque hasta el momento es la parte más crítica de su administración, lo que no deja de ser paradójico si se considera el muy reciente paso del hoy gobernador por la secretaría de Seguridad federal.
Hoy se verá.
También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx
