A fuerza de machacar, de insistir, de estar muele y muele, el gobernador Alfonso Durazo Montaño avanza en la gestión para muchos imposible: sacar las vías del tren de la mancha urbana de Nogales y construir un nuevo cruce fronterizo ferroviario al este de la citada comunidad.
Solo en el lado mexicano se prevé que dicha mudanza requiera de una inversión de al menos siete mil millones de pesos, la cual ya ha sido autorizada por la federación, sin que tengamos información del costo que tendrán las obras del otro lado, aunque de eso platicará en unos días el gobernador con autoridades de Nogales Arizona, y representantes de la empresa Union Pacific.
Sabe que tanto trecho falte para aterrizar acuerdos con las autoridades gringas sobre esa monumental obra, ya que a lo mejor no resulta tan complicado, en lo que representa uno de los proyectos más importantes del ambicioso paquete de acciones anunciadas por el gobernador para modernizar y ampliar, toda la infraestructura ligada a la exportación de esta entidad y del noroeste de México.
Es que a la reubicación del paso del tren en Nogales, se agregan toda una serie de proyectos ya anunciados y reiterados prácticamente en cada conferencia de prensa del mandatario estatal, como son los casos del nuevo libramiento de Nogales, carretera de cuatro carriles Imuris-Cananea; nueva aduana exclusiva para exportación en Agua Prieta; ampliación del retén de Querobabi; construcción y ampliación de la carretera Guaymas-Chihuahua, ampliación y modernización del Puerto de Guaymas, y hacer del aeropuerto de Ciudad Obregón un centro de carga.
Son miles y miles de millones de pesos que se supone ya están comprometidos por parte del Gobierno Federal y cuyo flujo ya debería haber iniciado al menos para avanzar en sus primeras etapas, pero lo que no hay duda, es que el gobernador no quitará el dedo del renglón, que al menos al insistir tanto sobre ese tema, pudiera amarrar aún más el cumplimiento de los compromisos presidenciales.
Pretendimos conocer el monto global que tales obras requerirán para su construcción y si decimos que podrían ser 15 mil millones de pesos, a lo mejor nos podemos quedar cortos, ya que solo lo de la mudanza del tren en Nogales se calcula un costo superior a los siete mil 200 millones de pesos, más casi dos mil millones de pesos para el Puerto de Guaymas; 300 millones de pesos para la nueva aduana en Agua Prieta, entre otras sumas de mucho dinero, eso sí, federal.
Pues en la conferencia de prensa de este miércoles, Durazo Montaño insistió con su desbordado optimismo al recrear los anteriores escenarios de inversión y su impacto en el desarrollo económico de la entidad, persistencia que esperamos permitan su concreción en hechos concretos, palpables.
Llegamos con antelación a dicho encuentro, con la novedad de que regresó por esos rumbos la brigada del ruido de exconcesionarios del transporte urbano de Hermosillo, que por no cumplir con los términos de la concesión les fueron canceladas desde el 2018 y que ahora demandan millonarias sumas a manera de indemnización y/o el pago de una rentabilidad mensual como si estuvieran vigentes.
Eso es un ruidajo, pero de ninguna manera intimidó a Durazo Montaño quien sostuvo diálogo por un buen rato con quienes desde hace meses exigen otras respuestas a las que les ha dado el gobierno estatal y que recurrieron a una tortura ruidosa hasta para ellos mismos, revirtiendo aquella estrategia que impuso el gobierno de Guillermo Padrés, cuando recetaba música a todo volumen a quienes se atrevían a manifestarse frente al Palacio de Gobierno.
Ya en la conferencia de prensa, el mandatario estatal volvió a explicar la postura de su gobierno frente a las demandas de los exconcesionarios, que se resume en la incongruencia de ser exigido a pagar millonarias sumas a quienes no cumplieron con los términos de la concesión y por una extinción que no ocurrió durante su administración.
Fue el secretario de gobierno, Alvaro Bracamonte quien explicó que a principios de octubre el gobierno estatal extinguí 453 concesiones y que en los siguientes dos años se liquidaron 98 de esos títulos, quedando pendientes 335, a quienes a manera de indemnización se les han ofrecido 500 mil pesos, mientras que algunos de los extinguidos demandan un millón y medio de pesos y hasta más.
De ese gran total de 335 concesiones canceladas, 29 eran propiedad de una sola persona; 27 personas tenían tres concesiones; 43 tenían dos, y 159 personas tenían solo una, y el gobernador fue categórico al subrayar que tienen su apoyo aquellos que dicho bien representa un empleo para su familia, que tienen la alternativa de recuperar dicha concesión o aceptar los 500 mil pesos de indemnización.
En efecto, son fregaderas que el gobierno asuma los costos de una prestación ineficiente de un servicio público concesionado y que para colmo, deba indemnizar a quienes no cumplieron con los términos de la concesión , pero que además, durante muchos años rentaron sus concesiones a cambio de una muy buena lana sin incurrir en ningún gasto ni riesgo.
Por lo pronto, resulta evidente la voluntad de Durazo Montaño de atender a esa problemática a través de una solución racional y así se los dijo a quienes platicaron con el en esa audiencia banquetera, que por lo visto no tuvo mayores efectos, porque el ruidajo se mantuvo.
Por lo demás, vamos a reconocer nuestra inquietud respecto al rumbo que está tomando el compromiso de mantener en Sonora las Escuelas de Tiempo Completo, programa al que el titular de la SEC, Aarón Grajeda ya le encontró los asegunes para justificar lo que dijo una nueva modalidad que privilegie el uso del presupuesto en la alimentación de estudiantes y no se gaste tanto en lo burocrático.
Mostró tablas comparativas cuyas cifras obviamente están muy desfasadas luego que ese programa fue transferido a la Secretaría del Bienestar desde el 2019, cuidándose en no mencionar el que el casi 80 por ciento del gasto del presupuesto anual que se destinaba a dicho programa, era para el gasto de los honorarios de personal docente, administrativo y conserjería, en tanto que el resto, se destinaba en el rubro alimentario para alrededor de 10 mil estudiantes de 200 planteles donde se incluía dicho apoyo del total de las caso 800 escuelas incluidas en dicho programa en Sonora.
Extraño el argumento respecto a que desde el 2007 cuando iniciaron las Escuelas de Tiempo Completo, no se hicieron evaluaciones de orden pedagógico respecto al impacto entre la población estudiantil en horario extendido y como afectó en eso el aspecto nutricional, concluyendo que más bien, en tales escuelas se prestaba servicio de guardería.
Muy temeraria y extrema tal consideración y más si se usa como excusa para que en este año se haya decidido destinar un presupuesto de 60 millones de pesos para mil 22 escuelas de tiempo completo y que los harán rendir en el rubro de alimentación, con el apoyo de los padres y las madres de familia, pero que en todo caso, y qué tendría de malo que al menos 10 mil niños sonorenses al menos hasta el 2019 tuvieron una comida al día y sus padres pudieron cumplir jornadas laborales mientras sus hijos estaban a buen resguardo en sus escuelas.
Qué culpa tiene mesa población escolar de que según el titular de la SEC no fueron evaluados y que fueron dejados a la buena de Dios por tales pruritos, y que además ahora se les quiere dar gato por liebre, porque el señor Grajeda considera que aulas de escuelas de nivel básico en áreas de marginación no deben ser usadas como guarderías.
Miren, a este común mortal le ha tocado conocer el desarrollo académico y hasta desarrollo físico de estudiantes de Escuelas de Tiempo Completo y no tenemos ninguna duda, que han sido privilegiados, así como lo han sido sus padres, que sin necesidad de sesudas evaluaciones científicas como retoba el titular de la SEC, ahora sabemos que escalan avanzadas posiciones en carreras a nivel superior, son deportistas y quizás eso se deba a que durante su primaria y bien comidos, por eso pudieron hacerlo.
Pues a ojo de buen cubero, ese presupuesto de 60 millones de pesos para mil 22 planteles resulta obviamente insuficiente, que si se utilizan solo para dar esa única comida a los casi diez mil estudiantes durante los 200 días del ciclo escolar en curso, les alcanzaría para dar comidas con un costo unitario de 30 pesos, sin incluir gastos de la nómina docente y de servicios.
Al menos en el caso de los desayunos escolares, la titular del DIF-Sonora, Lorenia Valles Sampedro no salió con nuevas modalidades para la prestación de ese ya legendario servicio que se presta en el sistema educativo estatal, o si se trata de nueva modalidad es para mejorarlo, tanto en calidad, como en volumen de la alimentación proporcionada, y además a menor gasto presupuestal.
Buena la información proporcionada por la funcionaria estatal, en esa misma multitemática rueda de prensa con el gobernador y lo mejor de todo es que dicho programa sigue operando muy bien a pesar de su complejidad del día a día y que el único referente del espejo retrovisor solo sea para para comparar calidades y cantidades, sin que tengamos idea si la Lorenia sí tiene las evaluaciones de orden pedagógica y nutricional sobre el impacto de esos desayunos escolares entre la niñes estudiosa de la entidad o si le enoja que tal apoyo pudiera hacer percibir como guarderías a las escuelas donde se reparten.
Ojalá que en el caso de la SEC se recapacite y no pretendan solo taparle el ojo al macho luego de las fuertes críticas que generó en todo el país la cancelación del programa mencionado y que desde la más alta autoridad educativa de la entidad se deje de cuestionar como si fuera algo así como lo peor, el que un sector estudiantil de sectores marginados reciba alimentos y academia sin que se evalúe su rendimiento y para el escándalo, que esos planteles se hayan convertido como en guarderías para que no anden en la calle corriendo peligro, mientras sus padres cumplen con jornadas laborales, para ver si les pueden conseguir una comida más. Vaya la forma de mostrar sensibilidad social.
