El de ayer fue un día negro para las mujeres en Sonora. Fue identificado el cuerpo sin vida de la joven Arith Alejandra Landeros Montaño, que estaba reportada como desaparecida. De acuerdo con la fiscal estatal Claudia Indira Contreras, la joven fue privada de la vida mediante asfixia por sofocación; fue quemada y abandonada en calles de la colonia El Sahuaro, de Hermosillo. Las características de este crimen hacen que se investigue como feminicidio.
Otra joven, de nombre Perla Marina Jiménez Escárcega sigue en calidad de desaparecida, también aquí en Hermosillo.
Mientras tanto en Ciudad Obregón localizaron el cuerpo sin vida de otra joven que respondía al nombre de María de Jesús. Contaba con apenas 19 años y estaba embarazada. La mataron de un balazo en la cabeza, le dieron otro en el antebrazo y la dejaron tirada en un baldío.
La semana pasada apareció flotando en las costas de Guaymas la joven Amirani Rascón Ramos, que había sido reportada como desaparecida unos días antes.
El delito de feminicidio en Sonora está tomando visos dramáticos. Según cifras de la propia fiscalía estatal, de 2017 a la fecha se registraron 176 asesinatos de mujeres tipificados como tales. Y si bien es cierto que se han logrado 173 sentencias condenatorias para los responsables, lo que indica una capacidad de resolución del 98.3%, la cantidad de casos es alarmante. A la fecha hay 200 feminicidas en la cárcel, desde 2013, cuando se tipificó como delito.
Algunos datos para documentar el tema: en 2017 hubo 32 carpetas iniciadas y se obtuvieron 25 sentencias condenatorias; en 2018, 31 carpetas iniciadas y 30 sentencias condenatorias; en 2019, 37 carpetas y 45 sentencias (concluyeron algunos casos anteriores); en 2020, 30 casos registrados y 26 sentencias condenatorias; en 2021, 42 carpetas iniciadas y 39 sentencias condenatorias. En lo que va de este año se han iniciado cuatro carpetas.
Con estas cifras es evidente la eficiencia de la fiscalía a la hora de acreditar los delitos para lograr condenas; lo discutible es lo que está ocurriendo en un entorno donde al menos 30 mujeres son asesinadas al año, violentamente por razones de género.
Estamos de acuerdo que ninguna mujer debería sentirse amenazada ni en su casa ni en la escuela; en su trabajo o en los sitios de diversión y esparcimiento. La realidad es que sí lo están.
Y otra realidad lacerante es que, siendo la denuncia una de las herramientas más importantes para prevenir y perseguir este tipo de delitos, la gente no lo hace, básicamente porque no confían en las autoridades.
Fue muy sonado el caso suscitado un par de semanas atrás, de un tuitero de Hermosillo que denunció cómo operan algunos presuntos delincuentes en los antros, drogando a las chicas para llevárselas consigo. La denuncia se quedó en tuiter porque la afectada tiene miedo y su amigo denunciante también.
Miedo y desconfianza, según lo han publicado. Las cifras que presenta la fiscalía deberían inspirar esa confianza de que no hay impunidad, pero el miedo no se quita con eso, porque no se trata de celebrar la gran cantidad de pozos tapados después de que se ahogaron las niñas, sino de evitar que se ahoguen, si se vale la metáfora.
Claro, en esto la sociedad tiene también parte de la responsabilidad, pero como suele suceder en temas como este, cuando la responsabilidad se generaliza, tiende a diluirse.
Es un hecho que nos falta mucho para asumir la cultura de la denuncia como un mecanismo de protección que debería comenzar por la utilización de las líneas 9-1-1 y 089, el Protocolo Salva y el Código Violeta ante casos de violencia familiar y de género, o como diría la secretaria de Seguridad, María Dolores del Río: “es importante que suba la denuncia para que el delito baje”.
Pero fíjense las malas pasadas que suelen jugarnos los números. Asumiendo que no hay una cultura de denuncia generalizada, nada más en lo que va del año se han reportado al 9-1-1, 369 casos de violencia contra la mujer; mil 072 casos de violencia de pareja, y dos mil 582 casos de violencia familiar.
¿Qué sería si realmente existiera la cultura de la denuncia?
II
Con las alforjas bastante cargadas regresó de la Ciudad de México el gobernador Alfonso Durazo y este viernes a media mañana estará informando sobre diversas gestiones en el altiplano, comenzando por el encuentro con Manuel Bartlett, el director de la CFE en relación con la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, cuyas obras por cierto ya arrancaron.
(Por cierto, el gober le debe a la banda reporteril la prometida gira por aquellos desérticos parajes, misma que no se ha concretado por la austeridad republicana en el área de Comunicación Social, pero tampoco quieren aceptar mi propuesta de que cada quien lleve sus burritos de papa con chorizo, parralitos, una lata de sardinas y así).
La agenda estuvo bastante cargada, reuniéndose con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, el secretario de Marina José Rafael Ojeda; con el titular de Banobras Jorge Mendoza Campos y el subsecretario de la SCT, Jorge Nuño Lara, con quien el tema obligado fue el de la carretera Guaymas-Chihuahua.
Firmó un convenio con el titilar de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto Salcedo Aquino para modernizar y compartir plataformas tecnológicas que agilicen los procesos de transparencia y rendición de cuentas, un tema que también abordó con doña Claudia Sheinbaum, a quien no descarten ver por acá en los próximos días acordando sobre esos temas, no vayan a creer ustedes que vendría a promover su precandidatura presidencial.
Y ya para cerrar la gira, acompañó al presidente de la República en la celebración del tercer aniversario de la Guardia Nacional, de cuya creación fue artífice cuando ocupó la secretaría de Seguridad Pública federal.
En el evento estuvieron los principales mando de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, y ojalá el gobernador haya pedido refuerzos, porque esa sigue siendo una asignatura pendiente en Sonora.
Pero mejor la dejamos de este tamaño para que mañana el propio gobernador abunde sobre los acuerdos de esta gira.
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