Vale la pena llamar la atención sobre un tema que a simple vista pareciera irrelevante pero no lo es tanto si se consideran los anuncios tanto del ámbito local como del estatal, acerca del rescate y remozamiento del mercado municipal como uno de los atractivos del centro histórico de la ciudad.
El mercado es por excelencia el punto de encuentro de miles de parroquianos que todavía lo tienen como referencia ya para realizar sus compras cotidianas, ya para disfrutar la gastronomía regional; para ir a echarse un cafecito mañanero o vespertino mientras se profundiza en el debate de la cosa pública y se ejerce la titánica tarea de orientar el rumbo de la República en inagotables tertulias.
Hasta ahí todo bien, salvo por el pequeño detalle que después de comer y beber a los parroquianos y parroquianas les entran las urgencias urinarias y/o defecatorias pero, oh sorpresa, los baños están cerrados.
El asunto entra en el terreno de la grilla porque el cierre de los baños es consecuencia de un litigio entre la presidenta de los locatarios del mercado municipal, Migdelina Castillo y la señora que durante años administró, como herencia de su madre, los baños, realizando funciones multitask: atención al cliente, cobro del servicio, limpieza y suministro del pedacito de papel que eventualmente se rompía con malolientes consecuencias para los dedos.
Escatologías aparte, el caso es que mientras el litigio corre en tribunales, aparecieron en los baños unos anuncios de ‘CLAUSURADO’ que parecen oficiales pero son más apócrifos que los títulos de algunos empleados del Isssteson o el de la ministra Yasmín Esquivel.
Y en lo que se decide de qué lado está la razón, la clausura se convierte en un problema para los usuarios, sobre todo los adultos mayores ya que por estos días, la única opción que tienen son unos baños portátiles que instalaron frente a la tienda Woolwhort, algo retirados de la sede del cotilleo.
Las lenguas viperinas han dejado correr la versión de que tales baños portátiles son un negocio de la propia Migdelina, pero ese no es el punto, sino las quejas que comienzan a generarse porque debido a la distancia a la que se encuentran, y considerando que eventualmente a los señores y señoras se les puede venir de improviso un escalofriante torzón, el episodio se vuelve aterrador “porque de aquí a que llegas ya te cagaste y cuando regresas para seguir el debate ya te dieron ganas de mear otra vez”, confió a este medio un compungido parroquiano.
Este penoso asunto viene como secuela también de la demora en los trabajos de remodelación del inmueble, cuya ‘bolita’ se echan entre el gobierno del estado, el ayuntamiento, el INAH y la presidenta de los locatarios.
Ojalá las autoridades tomen nota y le metan turbo a este asunto antes de que las urgencias parroquianas se conviertan en un problema de salud pública y tenga uno que caminar por las banquetas del centro con el tiento de quien va por un camino minado, cuidándose de no pisar una caca.
¡Guácala!
II
Otro asunto que también está para aflojar el estómago pero por diferentes motivos, es el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las fuerzas armadas puedan realizar detenciones de presuntos criminales en territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades policiales, siempre y cuando se haga conforme a la ley.
Los mexicanos sabemos bien lo que “conforme a la ley” significa en México, sobre todo tratándose de policías y militares.
La CNDH presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en junio de 2019 cuando todavía firmaba como ombudsman Luis Raúl González Pérez, reclamando la invalidez del artículo 19 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, y señaladamente del quinto transitorio de esa misma ley.
Dicho artículo alude a la obligación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de dar aviso inmediatamente a la autoridad policial de las detenciones, pero el quinto transitorio establece que cuando la fuerza armada permanente realice tareas de seguridad pública (como ya ocurre) estará sujeta a lo dispuesto en la presente ley; “en este caso no será aplicable lo dispuesto en el artículo 19”.
Esto desde luego es materia de un intenso debate jurídico que incluye a la cámara de diputados, a la que desde entonces se acusaba de omisión al no prever las acciones que el personal del RND deberá llevar a cabo cuando ocurran hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos (hackeo, que por cierto ya ocurrió con el episodio Guacamaya Leaks).
Debates jurídicos aparte, el hecho cierto es que los ministros de la SCJN avalaron por mayoría que las fuerzas armadas registren directamente en el sistema nacional de detenciones las capturas de presuntos delincuentes sin dar aviso previo a las autoridades competentes. Para decirlo llanamente, batearon la queja de la CNDH y al parecer el argumento central tiene que ver más con prevenir hackeos que con el respeto a los derechos humanos.
En un país que cerró el 2022 con más de 109 mil (¡109 mil!) personas desaparecidas, dejar en el aire un tema tan delicado como este no deja de tener reverberaciones políticas, sobre todo por la muy larga historia del papel de las fuerzas armadas en la persecución de ‘criminales’ durante la llamada ‘Guerra Sucia’, que dejó una estela de muertes, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desapariciones sobre todo entre jóvenes activistas de izquierda.
Se podrá decir que en tiempos de la cuarta transformación el ejército ya no realiza esas funciones porque es pueblo uniformado, pero para serle franco, yo tendría mis reservas.
Hay que estar muy pendientes de la reacción de la CNDH después de esta ‘bateada’. Se debería dar por descontada una inconformidad considerando que la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra tiene motivos fundados, personales, familiares, políticos para impugnar algo así, toda vez que su hermano fue víctima de desaparición forzada precisamente en aquellos años de la ‘Guerra Sucia’.
Su madre, Rosario Ibarra de Piedra nació a la vida política buscando a su hijo desaparecido, fundó la organización Eureka, acaso el antecedente de lo que hoy son los grupos de madres buscadoras y murió sin conocer la verdad de lo que sucedió con su hijo.
Pero también, considerando que la señora Piedra (la hija) se ha mostrado más bien blandengue y omisa en otros casos de violación de derechos humanos, sobre todo cuando involucran a los poderes del Estado, no hay muchas esperanzas.
Veremos qué opinan las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos tanto en el país como en el plano internacional.
Por hoy aquí la dejamos.
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