Solo los iniciados deben saber las reales causas y razones de las renuncias casi simultáneas de Rodolfo Montes de Oca y Adolfo García Morales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente, pero para efectos de percepción mediática, se debieron a la falta de coordinación entre ellos, así en términos generales.
Amigos ambos –de este reportero, no ellos entre sí—nunca les cuestionamos esa circunstancia, aunque era comidilla en el cotarro político lo que se suponía eran discrepancias, controversias, distancia y confrontación, ambiente que incluso generaba comentarios de asombro cuando aparecían juntos en presídiums o en eventos públicos y se insistía que se grillaban entre sí, ellos de forma directa o a través de sus equipos de trabajo.
Sólo ellos saben con certeza los detalles de esa presunta dinámica en instancias tan importantes en la estructura de gobierno, pero el hecho es que quien estuvo perfilado como proyecto transexenal y portador de todas las confianzas de la gobernadora Claudia Pavlovich, renunció a su cargo y también lo hizo otro destacado profesional del derecho y hábil equilibrista y operador político.
Como sea, la salida casi simultánea de ambos refiere como principal causal, la falta de coordinación e incluso disputas entre sí, etapa que a ojo de buen cubero, obviamente ya quedó superada con el arribo de Claudia Indira Contreras a la titularidad de la Fiscalía luego de un complejo, disputado e intrincado proceso de selección de tres pistas, donde participaron el Poder Legislativo, representantes ciudadanos y el Poder Ejecutivo, en tanto que menos enredoso y menos complicado, pero con importancia similar, el nombramiento de David Anaya Cooley como titular de la SSP.
Las cosas cambiaron en la relación institucional entre quienes despliegan estrategias de prevención y combate a la delincuencia y los encargados de integrar indagatorias para dar con delincuentes y recopilar las probanzas que deriven en sentencias por parte de los jueces y ese cambio se deriva de evidente coordinación y sobre todo se traduce en resultados.
Hace unos días y en tiempos inéditos para ese tipo de crímenes, fueron detenidas siete personas presuntamente implicadas en el atentado en el que resultó muerto Reynaldo López y dejado muy malherido a Carlos Cota, ambos estrechamente relacionados con el ejercicio de la comunicación en Hermosillo, y este lunes se dio a conocer la detención de dos sujetos a quienes se les adjudica el asesinato de 11 personas en los últimos 18 días en Cajeme.
En ambos éxitos y buenos resultados en el combate a delitos de alto impacto en la entidad, destaca la conjunción de esfuerzos, la suma de la fiscalía y de la SSP, en una tarea que a fin de cuentas corresponde a ambas instancias: reforzar la seguridad de las personas y sus bienes en esta entidad, en el contexto de una nueva etapa, en el que al parecer ya no se interponen orgullos ni celos profesionales y tampoco competencias para determinar quien queda mejor allá en las alturas.
Pero los resultados mencionados no solo son producto de la renovada coordinación interinstitucional o de buenas voluntades e intenciones, sino que mucho tiene que ver el salto cualitativo que se ha dado en Sonora en materia tecnológica al servicio de la seguridad de la sociedad, del combate al delito y contra la impunidad, a través del reforzamiento y equipamiento científico en la prevención del delito, persecución, detención y condena a delincuentes.
Hace poco la gobernadora inauguró el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense, reconocido como único en su tipo a nivel nacional, al disponer de los instrumentos tecnológicos aplicables a cuatro especialidades forenses: química, genética, balística, y criminalística, además de contar con personal humano capacitado en Viena, Austria, Inglaterra y Estados Unidos, acorde a los procedimientos tecnológicos de vanguardia, que ya son utilizados para la investigación forense que permita resolver delitos y culpables con bases científicas.
E impresionante también la infraestructura tecnológica del llamado C5i y el trabajo que ahí se realiza a través de la operación y monitoreo permanente de alrededor de dos mil 500 cámaras de videovigilancia y un efectivo sistema de comunicación para atender emergencias en tiempo real, y valga destacar el importante factor que jugó el C5i en la detención del atentado contra comunicadores y el arresto de los multihomicidas en Ciudad Obregón, sumándose además las aportaciones de las pruebas de balística que permitieron el rastreo de las armas usadas por los sicarios.
La difícil situación y drama que viven nuestros hermanos cajemenses en materia de seguridad pública, que es donde las cosas lucen más cabronas, obliga a eso y más y qué bueno que haya ese ambiente de compromiso común entre los equipos de la Fiscal y de Anaya Cooley, de marchar en esa ruta marcada por la gobernadora Pavlovich para atender ese complejo rubro.
Por eso no extraña que en la rueda de prensa para informar sobre la detención del par de sicarios en Cajeme, hayan estado junto a sus jefes los comisarios generales de la AMIC, Manuel Ángel Barrios Macario, y de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Ramón Mancilla Macedo, así como de elementos de ambas instituciones.
Y valiera más que así sigan, porque a la luz del reciente pasado, si no siguen así de colaborativos, coordinados, comprometidos y sin anteponer temperamentos ni genios en el desempeño de sus responsabilidades, ya saben que la gobernadora Pavlovich no tiene la manita tan livianita a la hora de pegarle al escritorio.
Por otra parte, buena la comparecencia en la Mesa del Colectivo de Reporteros Sonorenses, de la diputada Alejandra López Noriega, quien la neta de plano ya nos cayó bien por su franqueza y abordaje sin florituras ni demagogias sobre cualquier tema, quedando sólo el pendientito ese de querer defender a Guillermo Padrés.
Trae buena agenda la legisladora local del PAN, quien además porta ya regular retorcido colmillo dada su experiencia al ocupar por segunda ocasión una curul en el Congreso del Estado y su paso como diputada federal en San Lázaro.
Defendió su propuesta de deslindar en lo inmediato las responsabilidades del Gobierno Federal en el caso de la operación de las estancias infantiles, para que sea mediante transferencias, el Gobierno del Estado atienda la creciente demanda de educadoras y madres y padres que trabajan por que se mantenga ese programa en tanto se aplican presiones de todo tipo para que recapacite el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dijo que ese planteamiento ya está en la mesa del Secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella y es cabildeado con el coordinador de la bancada del PRI, Rogelio Díaz Brown, e igual en el caso de la decisión de cambiar las reglas de operación del Fondo Minero, que por lo pronto tiene en suspenso ese importante flujo de recursos para infraestructura de beneficio comunitario en 27 municipios de la entidad.
También en el caso de la eliminación de los apoyos para santuarios donde se protege a mujeres víctimas de la violencia, que como es el caso de las instancias infantiles, pega principalmente al género femenino y son temas en cuyo abordaje y propuestas de solución ya son de orden nacional, concatenándose alto nivel de activismo para su defensa en coordinación con organismos de mujeres de todo el país.
Buenas y articuladas sus propuestas sobre las cuales abundaremos en siguientes Entretelones, ya que a propósito del Fondo Minero, el cual la cuarta transformación pretende manosear también alegando presuntos actos de corrupción sin probar nada, buena la información del diputado Carlos Navarrete Aguirre al anunciar la integración de un frente entre instancias estatales, municipales, diputados y representantes de dicha actividad económica, para ir juntos por la restitución de dichos recursos.
Es más, el diputado del PES adelantó, que aprovecharán que López Obrador estará en Hermosillo el próximo sábado, para con el apoyo de la Secretaría de Economía a cargo de Jorge Vidal Ahumada, en conjunto con alcaldes afectados por esa rasurada e integrantes de la representación popular sonorense, formular un documento conjunto donde se planteará la necesidad de la permanencia de dicho fondo bajo las condiciones que en los últimos años han llevado tantos beneficios a los ciudadanos.
