Acuso recibo de un interesante documento que eventualmente serviría como base para la elaboración de la Ley Estatal para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, hecha llegar por el diputado panista Eduardo Urbina.
La iniciativa llega en momentos en que las agresiones a periodistas en Sonora y en México han escalado de manera preocupante, pero lo mejor de todo es que el legislador ha puesto el borrador a consideración de los directamente involucrados, es decir, periodistas y defensores de derechos humanos, socializando el tema y abriendo la convocatoria para mejorar el texto legal.
El documento es extenso y amerita un análisis detallado sobre el que es conveniente volver, pero de entrada hay varias cosas que hacen “ruido”, sobre todo en lo que apunta a la creación de una pesada y probablemente poco funcional estructura burocrática, tutelada por autoridades de gobierno, lo que mueve a la reflexión en un país donde el 80 por ciento de las amenazas provienen precisamente de autoridades gubernamentales.
Cabe precisar que ya existe una ley federal en la materia, aprobada desde el 25 de junio de 2012, y la que presenta el diputado Urbina tiene por objeto establecer la normatividad local de cooperación del estado con la federación, para operar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo.
El mecanismo de protección estaría integrado por una junta de gobierno conformada por siete miembros: un representante de la secretaría de Gobierno, uno de la Fiscalía General, uno de la secretaría de Seguridad, uno de la CEDH y tres representantes del consejo consultivo, que a su vez estará integrado por personas expertas en los temas que competen a esta ley.
Además, la dirección del propio mecanismo, un consejo evaluador de medidas y el citado consejo consultivo.
La junta de gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a un representante del Supremo Tribunal de Justicial al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, al presidente de una asociación de abogados registrada en la entidad y al presidente de una asociación de periodistas y comunicadores registrada en la entidad.
(Ya se podrá imaginar la solidaria lectora, el unitario lector, el berenjenal que significará elegir al representante de los periodistas, que en días pasados dieron muestra clara de su vocación gremial, al disputarse a gritos el papel estelar en una manifestación para exigir justicia por el crimen de Santiago Barroso, cuando su cuerpo aún no terminaba de enfriarse).
También plantea una Dirección del mecanismo, encabezada por un funcionario de la secretaría de Gobierno (con rango de, al menos, director), constituida por la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; la Unidad de Evaluación de Riesgos y la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis.
Propone además un Consejo de Evaluación de Medidas, integrado por representantes de la secretaría de Gobierno, la de Seguridad, la de Desarrollo Social, la Fiscalía General; cuatro representantes de la sociedad civil, dos personas vinculadas con la libertad de expresión o el periodismo y dos con la defensa de los derechos humanos.
Aún más: en dicho consejo participarían también la secretaría del Trabajo, la de Salud, el DIF, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; la secretaría de la Consejería Jurídica del gobierno del estado y… ¡cualquiera otra unidad administrativa que se requiera!
Y ya no le sigo porque el espacio no es de hule y todavía falta la enumeración de funciones que tendrá cada órgano y cada representante ante los mismos, y eso es aún más extenso.
El Congreso del Estado sería el encargado de aprobar una partida presupuestal para mantener a este aparato que, de entrada, insisto, luce demasiado obeso, pesado y burocrático, como para actuar con la agilidad que exigen los casos de agresión, hostigamiento, amenazas, asesinatos.
El gobierno del estado se haría cargo de dotarlo de los bienes muebles e inmuebles necesarios, y desde luego, de la nómina.
También menciona la creación de un fondo que será destinado de manera equitativa entre defensores y periodistas, para su capacitación y para la operación de medidas preventivas y de protección. Ya se imaginarán también las disputas por el dinero.
Y aquí salta otro tema, porque la ley contempla como destinatarios de la misma a personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y colaboradores periodísticos, familiares o personas vinculadas a ellas.
Y por colaborador(a) periodística se entiende, según el texto de la ley, toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que se requiera registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su ejercicio.
¿Se da cuenta, el feisbukero lector, la tuitera lectora, la dimensión del universo de personas que, en estos tiempos de redes sociales, entran en esta definición?
En fin, lo importante es que el diputado Urbina le puso el cascabel al gato y ya abrió el debate que sin duda deberá enriquecer y pulir esta propuesta, con la participación de todos los interesados. Pero de que es necesaria, de eso no cabe duda. Y de que hay muchos temas más a debate, tampoco.
II
Y a propósito de diputados, ya se difundió hace días que en los seis meses que lleva la actual legislatura sólo han aprobado una ley, pero en descargo hay que mencionar que ya rompieron récord de materia de exhortos, con lo cual se mantienen por lo menos entretenidos.
O con los debates intestinos, como el que protagonizaron ayer el coordinador de la bancada del PES, Julio Alfonso Montes Piña y su compañera de bancada, Leticia Calderón, con algunos diputados de Morena, particularmente con Martín Matrecitos.
El motivo: un exhorto propuesto por Calderón para enviárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitando la eliminación de la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) y la ampliación del subsidio a las tarifas eléctricas a todo el año.
A los morenistas, desde luego, no les pareció que desde Sonora molestaran al presidente con exigencias de este tipo (aunque se sabe que los exhortos y las llamadas a misa son una y la misma cosa), de manera que “batearon” la propuesta votando en contra.
Eso les valió una andanada por parte de Montes Piña, que cuestionó la voluntad de los morenistas para no legislar a favor de las demandas de la población, sino para cuidar los intereses de su partido.
“El pueblo nos está pidiendo su apoyo pero parece que Morena no escucha, parece que no entiende; qué bueno que toda la ciudadanía se está dando cuenta. Muchas gracias, y síganse riendo, porque el que ríe al último ríe mejor”, espetó Leticia Calderón, ante las risas burlescas de la mayoría morenista.
Matrecitos, desde luego, no se quedó callado y le respondió que Montes Piña estaba siendo utilizado por el gobierno del estado: “Hay algunos diputados que envueltos en la bandera de la cuarta transformación han traicionado al movimiento de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Se arropan en la bandera, pero son alfiles de la gobernadora”, les dijo.
Montes Piña le reviró que apenas ayer, sería la primera vez que se reuniría con la gobernadora “pero ustedes no salen de allá. O sea, ¿qué les pasa? ¿Quiénes son los alfiles de la gobernadora?”, cuestionó,
Con esto, sigue el reacomodo en la muy cambiante coalición que ganó la mayoría en el Congreso, pues se abre una fisura con el PES, aunque se recupera el voto del petista Rodolfo Lizárraga, que esta vez se sumó a los diputados de Morena para “batear” el exhorto de Leticia Calderón.
La historia de los desencuentros parece no tener fin.
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