Contrario a toda lógica jurídica y a elementales cuestiones de procedimiento, todo indica que se hizo el milagro y que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, ya se cuenta con los cinco votos necesarios para llevar al pleno legislativo, la desolotada intención de someter a juicio político al exalcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.
Sin un procedimiento sancionatorio promovido por la Contraloría Municipal; sin denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción; sin observaciones y sin intervención alguna de la Auditoría Superior de la Federación; con dictamen sin observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y a pesar de ser denuncia extemporánea y de tratarse de recursos federales aplicados en los últimos meses de la administración de Alejandro López Caballero, de todas formas, se pretende montar un circo con un libreto insostenible.
Inexplicable el cambio de opinión de la mayoría de esa comisión dictaminadora, quienes hace unas semanas rechazaron por ser notoriamente improcedente, promoción similar radicada por el dirigente de lo que queda de las mirruñas del PRD, Miguel Angel Armenta y que ahora pretenden dar por bueno el lodazal con que se pretende cubrir a un ciudadano intachable, a partir de revanchismos de grupos políticos presuntamente ajenos a MORENA, el PES, el PT y al PAN.
Presidida por el diputado Jesús Alonso Montes Piña (PES), la comisión a cargo de ese tema está integrada por Norberto Ortega Torres, Raúl Castelo Montaño y Gricelda Lorena Soto Almada (MORENA); Jesús Eduardo Urbina (PAN); María Dolores Del Río (MC), Jorge Villaescusa Aguayo y Nitzia Gradias Ahumada (PRI), y María Magdalena Uribe Peña (PT), que de acuerdo a fuentes bien informadas del Congreso del Estado, por el no incurrir en contrasentidos están la representación del PRI y la del MC, con la posible suma del PES, quedando abierta la posibilidad para que el asunto baje al tema con un dictamen en contra de la reconocida decencia de “El Maloro”.
En todo ese tema donde se entremezclan intereses de la más variada índole partidista y enconos de particulares, resalta la poca información y conocimiento de la mayoría de la representación popular sonorense, que particularmente entre los de MORENA, que creen que esa ilegal promoción sea debido al alumbrado público o a otras cuestiones de orden administrativo, pero que por conveniencias por supuesto que no se les informa con precisión, y así podrían ir a una votación.
Inédito que en este caso, la instancia municipal haya omitido asumir su responsabilidad y no iniciar proceso sancionatorio a través de la Contraloría Municipal y por supuesto no tener elementos para radicar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción, por lo que el legislativo deberá de decidir sin las fundamentaciones jurídicas indispensables, así como tampoco disponen de manifestación de la ASF, carencia de estratégica y definitoria importancia, tratándose de que la solicitud se refiere a seis millones de pesos del Ramo 23 o sea de recursos federales.
Aún así la comisión dictaminadora admitió la solicitud y la ratificación días después de la contralora municipal, Patricia Argüelles Canseco y se apresta a montar espectáculo circense en el pleno legislativo, con el subrayado de la evidente ignorancia de la funcionaria municipal que exhibió con toda desfachatez cuando acudió al Congreso a ratificar o sea sólo ratificó su condición de títere y marioneta de intereses ajenos a la comuna y en atención a los compromisos con el diputado Gildardo Real.
Esta señora, mejor debería de emprender cuanto antes acciones para que el Ayuntamiento de Hermosillo cumpla con la obligación legal de contar con el Sistema de Armonización Contable, instrumento básico para la transparencia y honestidad en el manejo de los recursos financieros de la comuna, ahora operados con el arcaico Excel y sujeto al manoseo convenenciero.
Tal omisión podría derivar en responsabilidades administrativas y hasta penales para ella, para la alcaldesa Célida López, para el tesorero Martín Alberto Azpe y al oficial mayor, Daniel Sánchez, quienes por lo pronto podrían estar bajo sospecha de aprovechar tal irregularidad para el manoteo.
El caso es que a media mañana de este miércoles se llevó a cabo una reunión, que sin ser propiamente institucional, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se dejó ver la tendencia de caer en la trampa de la agenda del odio, como bien la calificó hace unos días el diputado Montes Piña, al advertir que el Poder Legislativo no será instrumento de ese tipo de intereses.
A ver si es cierto, porque por lo que se vio en dicha reunión, obvio que los asesores de las bancadas siguen haciendo de las suyas y que salvo tres o cuatro excepciones, los que decidirán con su voto resultan invitados de piedra.
Por lo demás, la que debe andar muy contenta es la senadora Sylvana Beltrones, ya que si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador no le atribuye mérito a su gestoría, en el mañanero encuentro con los medios, el de Tabasco anunció que ya se atiende el tema de la regularización de carros chuecos, que como se sabe, fue una de los compromisos que hizo en su campaña.
El principal inquilino de Palacio Nacional dijo que atendió un planteamiento hecho al respecto por el gobernador de Baja California, Francisco Vega y aludió las ventajas que tendría la regularización de dichos automóviles en materia de seguridad pública y en la recaudación e incluso aseguró que ya instruyó al titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; a la de Economía, Graciela Márquez; a la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat y al de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, para que de forma conjunta elaboren un plan que resuelva esa problemática.
Ojalá que como ya se está haciendo costumbre, los de la cuarta transformación no acaben de enredar las cosas y prolonguen por tiempo indefinido el aterrizaje de propósitos, cuando todo es cuestión de voluntad política y un decreto del ejecutivo federal donde se fije el arancel y san se acabó.
Por lo demás, tal como ocurre en temporadas preelectorales, se comienza a advertir mucha movilidad en medios de comunicación, ajustes, reacomodos, proyecciones de nuevas ofertas mediáticas, todo encaminado a posicionar ante la opinión pública a determinados partidos y personajes ansiosos en aparecer en las papeletas de votación.
Como puntero en dicha estrategia podemos ubicar a Ricardo Bours Castelo, quien como se sabe está perfilado para ir por la vía independiente en busca de la gubernatura de Sonora y se apresta a enfrentar a lo que sea con un nuevo medio impreso que se editará en Hermosillo, así como con ajustes en otros medios afines, sin hacer ascos de ninguna especie.
Y conforme pasen los días, dicha tendencia se multiplicará con otros aspirantes a esa posición y a otras en disputa en el 2021, todos teniendo en la mira a la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich, como resulta lógico y a los desbarres de la cuarta transformación, tratándose de pretensos ajenos a MORENA.
Y no, no fuimos convocados a la presentación del libro cuya autoría es firmada por el exgobernador Armando López Nogales y que se llama algo así como “Mis Raíces y mis años” y que según las crónicas, estuvo muy concurrido en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia.
Proliferan los abordajes sobre el contenido de ese libro, entre los que destacan toda una serie de justificaciones respecto a decisiones tomadas o no tomadas, resultándonos extraña su actitud beligerante que a agua pasada asume quien se distinguió por su prudencia y hasta por su timidez.
En lo que a este reportero respecta, a la gestión de López Nogales ya recordamos como efectiva a secas y no podemos negar nuestro agradecimiento porque sin su aval no hubiéramos ocupado la dirección editorial del periódico Independiente.
Pero de ahí en fuera, la percepción que tenemos de él es su notable dispersión en sus declaraciones a los medios de comunicación; su sujeción a los deseos de Javier Gándara Magaña; fue timorato y pusilánime en la propuesta de construir la desaladora que le tumbó Francisco Búrquez, y por supuesto que es entendible su rencor contra Eduardo Bours Castelo ya que fue quien le arrebató lo que creyó prerrogativa, para que el PRI designara candidato a la gubernatura.
Quizás por su timidez, tuvo una errática relación con medios de comunicación y comunicadores y por ello, también quizás, el menosprecio social a su obra de gobierno y a que se potenciaran en la opinión pública cuestiones como su presunta afición por la bebida o el también presunto poder que ejercía sobre él su secretaria privada, Cecilia Sánchez Luke, asuntos que desmiente o en su caso justifica, el exgobernador en su libro.
Aclaramos que tales asuntos nunca fueron tema para este reportero porque nunca nos constaron y solo hacemos alusión a ellos porque de acuerdo a quienes ya lo leyeron, él los mete en su libro, quedándonos en todo caso con el comparativo elemental entre una gestión gris oscura como fue la suya y la de alto perfil como la fue la de Bours Castelo.
Si hay oportunidad, por supuesto que le daremos un entre a ese libro y ya haremos los comentarios que correspondan.
