Sospechosa, muy sospechosa la cerrazón del grupo parlamentario de MORENA en la LXII Legislatura de Sonora, negado absolutamente a que se restituya la gobernabilidad democrática en Bácum y se reinstale la representación institucional del cabildo de dicho ayuntamiento.
De qué magnitud es el compromiso de la bancada de ese partido en el Congreso del Estado con las fuerzas de respaldo a Rogelio Aboyte Limón o de qué tamaño es el miedo que le tienen a dicho sujeto encarcelado en prisión gringa, que hay que reconocer, sus antecedentes son de cuidado, así como también su vasta capacidad económica.
Lo ocurrido en la sesión extraordinaria del pasado martes; los excesos y extremismos argumentativos para justificar su antinatural posición y el no importarles el rompimiento definitivo con la bancada del PES y el PT, muestra que pesan mucho los compromisos con la pandilla de dicho sujeto o que es mucho el miedo que le tienen.
Constituirse en cómplices de evidentes simulaciones orquestadas para proteger al indiciado; asegurar que todo es normalidad en la operación y administración de ese ayuntamiento; mentir de forma descarada para cuestionar los procedimientos de la comisión dictaminadora, y recurrir al epíteto y a la descalificación para justificar lo injustificable, deberían ser factores sujetos a una profunda reflexión de quienes mandan en MORENA.
Y en dicha reflexión debiera gravitar el negativo saldo del manos libres operativo de un amorfo y atrabiliario grupo de asesores, que ante la evidente inexperiencia, limitaciones intelectuales y académicas de sus asesorados, así como su maleabilidad, explotan un rico filón de oro para saciar sus frustraciones políticas y abortadas aspiraciones burocráticas, para de facto suplantar las facultades y responsabilidades de los constitucionalmente electos.
La posición de MORENA respecto al Caso Bácum no resiste un análisis de hasta un pasante de derecho y mucho menos el análisis de cualquier vecino de esa comunidad, testigo cercano a la parálisis e inmovilidad del ayuntamiento que los tiene sin servicio de agua potable, sin vigilancia, alumbrado público, recolección de basura y demás, operando medianamente ventanillas de recaudación sin que se sepa dónde va a dar lo recaudado, además que ante la ausencia de una representación legal, también se han atorado los flujos presupuestales del Estado y la Federación.
Pues pesaron mucho más sus compromisos y/o sus miedos, para que un tema que requiere de solución obvia y urgente, derive en el costoso rompimiento ahora sí definitivo con el PES y el PT, al encarnizarse en contra de Jesús Alonso Montes Piña y cerrarle la puerta a que entre al relevo Benita Aldama López en la alcaldía bacumense, propuesta por la coordinadora del PT, María Magdalena Uribe Peña, también agraviada por las estupideces que hicieron leer a la diputada Gricelda Soto Almada.
Y no sólo rompieron la liga con los nueve representantes populares que llegaron al congreso en coalición con MORENA, porque también pasaron el punto de no retorno cuando también entraron en disputa de vida o muerte con motivo de la elección de la directiva de la diputación permanente, al menospreciar de la forma más rupestre a la diputada María Dolores del Río Sánchez, a quien Rosa María Mancha Ornelas le espetó que su presidencia en la directiva fue por caridad de MORENA, además de agraviar de forma callejonera al actual presidente de la cámara, Luis Mario Rivera al pretender negarle el derecho de ser electo.
La representante de Movimiento Ciudadano había transitado en la mayoría de las veces al lado de las propuestas morenistas e incluso se percibían afinidades estratégicas, en tanto que el ecologista se mantenía en suspenso frente a la conformación a nivel nacional de una alianza entre el verde y el partido gobernante, para ahora lucir remotas las posibilidades de acercamiento.
O sea, por nimiedades y radicalismos trasnochados de sus asesores, la representación de MORENA en el Congreso del Estado ha encontrado gradual soledad, ya que de 21 que eran al inicio de la legislatura, ahora sólo son 12, con la posibilidad de bajar a 11 si se concreta la expulsión de Luis Armando Colosio, aunque al parecer, el de Magdalena procura congraciarse para reencontrarse con los suyos.
Así las cosas, habrá qué ver qué ocurre en la próxima sesión, que si las cosas tuvieran un tratamiento normal al interior de ese partido, estos días pudieran servir para recomponer lo que puedan recomponer y sobre todo, asumirse solidarios o al menos no estorbar para que la ciudadanía de Bácum tenga una autoridad legalmente constituida al frente del ayuntamiento.
Por lo demás, sólido e incuestionable el posicionamiento firmado por la gobernadora Claudia Pavlovich y su homólogo de Arizona, Doug Ducey, en el que llaman a sus gobiernos federales a ratificar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá USMCA/TMEC y coincidir en que la aplicación de aranceles representa un retroceso, lo cual es una reculada de Ducey, dado que fue el único mandatario de estado del vecino país, que apoyó abiertamente a los amagos de Donald Trump.
En una acción conjunta, a través de un oficio dirigido a legisladores de México y Estados Unidos, los gobernadores Pavlovich y Ducey, en nombre de la Megarregión Sonora-Arizona, ejemplificaron los resultados y beneficios mutuos que se pueden dar cuando dos entidades de distintos países trabajan codo a codo, y enumeran los múltiples beneficios que se han logrado a través de la sociedad entre ambas entidades y sus gobiernos.
Mientras tanto, todo indica que se reagrupan portadores de intereses oscuros que encontraron en el uso de carros chuecos un nicho de impunidad y que ahora azuzan a propietarios de esas unidades para resistirse y movilizarse en contra del operativo de decomiso, que a solicitud de sus alcaldes, se extendió a los principales municipios del Estado.
No se advierte mayor problema cuando la acción gubernamental va dirigida a autos de alta gama o de lujo; a modelos del 2010 en adelante, asociados a actividades delictivas, con el subrayado de que no deberán tener problemas quienes conduzcan unidades que no entren en ese espectro; que esté afiliada en cualquiera de las 8 organizaciones pafas; que el conductor tenga licencia y sea el titular de la afiliación, y que tenga un seguro de responsabilidad por daños a terceros, al menos.
Si se respetan en todos sus términos tales condiciones, no deberían presentarse problemas, aunque no hay que descartar posibles abusos o aplicación de criterios abusivos por parte de inspectores del CEVCE y policías municipales, que pretendan aprovechar la ocasión para extorsionar a ciudadanos cuyos vehículos no son decomisables y por ello muy importante que haya una estricta supervisión de los operativos por parte de autoridades superiores de las instancias que participan.
Y lo que son las cosas, es en Cajeme donde las cosas casi estallaron la tarde del lunes pasado y plaza donde la confrontación de bandas del crimen organizado es cosa de todos los días, destacando además porque su policía municipal tiene el más alto nivel de elementos reprobados en el examen de confianza.
Mal y de malas el alcalde Sergio Pablo Mariscal, ya que de encabezar uno de los ayuntamientos más apoyados por el gobierno estatal y federal en seguridad pública, es de los pocos municipios de la entidad que no logra disminuir el índice de delitos de orden patrimonial.
Por otra parte, una nueva ocurrencia en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que a partir del próximo ciclo escolar, todos los recursos financieros para mejorar escuelas públicas serán entregados directamente a los padres de familia, quienes contratarán obras, administrarán ese dinero e informarán a la autoridad hacendaria sobre su aplicación.
De plano resulta inagotable la capacidad populista de este presidentito que tenemos, cuya frivolidad ya rebasa límites de la cordura en sus supuestos afanes de evitar actos de corrupción, ahora, al igual que en el caso de las estancias infantiles, también a costa de la niñez mexicana.
Muy riesgosa para la seguridad escolar esa nueva ocurrencia presidencial, que de facto desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, institución encargada de normar supervisar, certificar y construir escuelas, así como sus mejoras, a partir de estrictos criterios de ingeniería, pero que de acuerdo al Peje, tales decisiones serán tomadas por un comité integrado por alumnos mayores de cuarto año de primaria, representantes de padres de familia y maestros, en una abierta amenaza a la seguridad estructural de los planteles.
No tenemos idea de cómo dicha ocurrencia pegará a las finanzas del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa que encabeza Yalia Salido Ibarra y sobre todo, cómo dichos comités escolares ofrecerán garantías de seguridad y oportunidad para resolver la tradicional y compleja problemática de las escuelas y su estado físico.
Y mal y de malas los del PRI luego de la ruidosa renuncia a su militancia de José Narro Robles, alegando simulación, excesos y centralismo en el actual proceso interno para elegir a la nueva dirigencia nacional que aspiraba.
A dicha renuncia pública se sumó la periodista Beatriz Pagés, quien esgrime como justificación el hecho de que “se haya decidido entregar el partido al presidente Andrés Manuel López Obrador”, en tanto que Manlio Fabio Beltrones no llegó a tanto y sólo anunció que no votará en la elección el 11 de agosto.
Son tiempos duros para ese partido político y ya veremos qué repercusiones causan en Sonora esas decisiones, que por lo pronto su dirigente Ernesto de Lucas debe lidiar con ruinas financieras que se agudizaron luego del acuerdo por unanimidad del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de sancionar con descuentos a partir del 15 de este mes, de poco más de 200 mil pesos mensuales a sus prerrogativas hasta que complete el monto global de poco más de tres millones 800 mil pesos, por irregularidades encontradas en los dictámenes consolidados de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2017, así como en precampaña y campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Pero no sólo al PRI le aplicaron el rigor quienes integran el cuerpo colegiado encabezado por la consejera presidente Guadalupe Taddei Zavala, ya que todos los partidos salieron raspados, tocándole al PT y al PAN los mayores montos a pagar, con casi seis millones de pesos de sanción al primero y poco más de cuatro millones 200 mil pesos al segundo.
Bien las cosas por rumbos del IEES, desde donde reportan nuevos equilibrios y ajustes en la correlación de intereses, con una excelente conducción de parte de nuestra amiga cananense, por su sobrada y reconocida experiencia en estas lides.
