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A lo largo de los últimos procesos electorales en Sonora, no conocemos a nadie más cuidadoso al exponer sus aspiraciones que a Ernesto Gándara Camou, quien ha reiterado su irrestricto respeto a la ley y ser enemigo de perder el tiempo en litigios derivados de denuncias de quienes se la pasan buscándole rodaderos. 

Incluso, como primer muro de defensa contra dicha eventualidad, “El Borrego” graba todas sus participaciones públicas, periodísticas y mediáticas y no cae en la tentación de provocar denuncias en su contra para montarse en dicho litigio como una extensión más de activismos adelantados y que tan proclives resultan algunos a tal estrategia. 

Pudiera ser que esas reservas del perfil más competitivo de la oposición en Sonora, es que él no requiere de maniobras tramposas a través de redes sociales para posicionarse en una sociedad donde tiene amplia presencia, profundamente arraigado y es sumamente conocido, o sea, puede asegurarse que está descartado que ande del tingo al tango perdiendo el tiempo en tribunales. 

Otro que ha tenido o tiene mucho cuidado a ese respecto es el recién ungido virtual candidato a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, quien el martes pasado sostuvo que sus abogados consideran que de ninguna manera es ilegal ni se trata de campaña adelantada su notable presencia en redes sociales promoviendo su perfil y al partido que representa. 

Ernesto Gándara

Aunque en el caso de “El Borrego” no aplica en dicho activismo, al menos en los dos casos citados se trata de ciudadanos sin responsabilidades en instancias de gobierno y a lo mejor por eso sus eventuales activismos no se encuadran en la presunción de ilícitos que debieran ser sancionados o al menos derivar en advertencias de parte de las instancias correspondientes. 

Miren, hemos procurado ser ilustrados sobre ese marco jurídico, pero los expertos en el tema, como dice el dicho, hasta las mejores mulas se han echado, no quedándonos más que entrarle al asunto a ojo de buen cubero y esa prospectiva de común mortal nos hace diferenciar entre aspirantes ciudadanos a puestos de elección popular y quienes desde su condición de servidores públicos se promueven a sí mismos o promueven a otros en situaciones similares. 

Por razones obvias, se supone que debe ser ilegal e inequitativo utilizar plataformas de gobierno de distintas instancias para promover candidaturas y desplegar activismos para tal o cual partido, como son los casos de Kiko Munro, autodestapado como aspirante del PAN a la gubernatura o las manifestaciones de apoyo a Alfonso Durazo Montaño de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas a través de redes sociales. 

Durazo: unánime la exhibida de su incompetencia. 

Como es previsible, el marco jurídico electoral tiene sutilezas en la interpretación y a lo mejor, tanto el junior del blanquiazul o su excompañera de partido también tienen el soporte de sus abogados quienes les han asegurado que no cometen ningún ilícito al desplegar dicho activismo, toda vez que de forma directa no hacen llamados al voto y cosas así, aunque no por eso deje de ser propaganda, como propaganda es el que el aún secretario de seguridad federal sostenga reuniones con sonorenses convocados a la Ciudad de México para pedirles su apoyo. 

Si por la víspera se saca el día, es posible prospectar que vienen tiempos complicados para la Fiscalía especializada en delitos electorales que encabeza Daniel Núñez Santos o para el Instituto Estatal Electoral que preside Guadalupe Taddei, que en su caso, obviamente ni las manos meterá si las eventuales infracciones las cometen MORENA y sus aspirantes. 

A contracorriente a las aparentes trampas para promover en este caso a Durazo Montaño, está la intensa contracampaña que es objeto la dedeada que se le aplicó al titular de seguridad federal, ya que prácticamente de forma unánime es señalado como un inútil en el desempeño de su actual responsabilidad y a la vez que le sacan percudidos trapitos al sol dada su trayectoria saltimbanqui y carencias de lealtades ideológicas y partidistas. 

No tenemos idea si tal golpeteo tenga limitaciones jurídicas, aunque en aras de la máxima publicidad y con el fin de que la ciudadanía tenga una imagen completa de quien aspira conquistar su voto, resulta muy positivo el que se levanten esas faldillas que lo tienen en la picota nacional y que bien podría ser factor para que su amo el presidente decline su postulación, como insiste en reiterarlo. 

El hecho es que de acuerdo a la experiencia en procesos electorales pasado, no faltarán quienes provocando a la legalidad, procuren ser sancionados o recibir llamados de atención con el fin de aprovechar espacios mediáticos y así ganar posicionamiento, trampa y argucia nada nueva. 

Pedo Angel Contreras

A propósito de aspirantes, muy mala onda lo que le pasa al exdirector del ISSSTESON, Pedro Angel Contreras, a quien de pronto le dio la ventolera de entrarle a la disputa de la candidatura del PRI a la gubernatura y en esas andaba cuando sufrió un accidente vehicular en el que hubo un fallecido y una veintena de heridos, entre ellos su esposa. 

Lamentable el hecho que podría abortar su sorprendente aventura electoral, con el fin de atender las consecuencias de tan infortunado accidente, circunstancia a todas luces lamentable, que ojalá no se le complique en mayor medida. 

Por lo demás, se nos figura que el plazo de más de 20 días para estallar la huelga de sindicatos cetemistas en toda la entidad, es suficiente colchón para que todo quede en un connato de la irreflexiva posición de Javier Villarreal Gámez, frente al inconsistente pretexto para emprender una acción con tan ejemplar falta de solidaridad ante la difícil situación que enfrentan los factores del capital y el trabajo en estos tiempos de pandemia. 

Son muchos días como para que el trabajo de conciliación a cargo del titular del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra no rinda buenos resultados, frente a datos concretos respecto a la revisión del contrato de trabajadores del volante de dos empresas que brindan el servicio de transporte público en la entidad y que a estas alturas, ya se hayan negociado a satisfacción de las partes 8 de los 9 puntos planteados por el sindicato en la demanda. 

Horacio Valenzuela

El mismo Valenzuela Ibarra ya informó que además, se está ofreciendo un incremento al tabulador salarial de 7 por ciento, cuando en atención a la emergencia sanitaria y a la precaria situación de las empresas, en casi todas que revisaron sus contratos colectivos de tabulador salarial, los incrementos son en el orden del cinco al 6 por ciento. 

La verdad es que los pretextos del dirigente cetemistas para convocar al socorrido petate de muerto o a la “huelga general”, lucen como minucias, frente a la emergencia económica y al esfuerzo que se realiza en el marco de la gradual reactivación económica en esta entidad, luego de una parálisis casi total durante varios meses. 

Otra cosa serán sus motivaciones de orden político y electoral, pero llevar al extremo tal estrategia sin duda se le revertiría, ya que como se sabe, en la percepción popular, tanto Villarreal como la CTM no se encuentra en un buen lugar y que si de lo que se trata es una extorsión aprovechando las negociaciones y actos de autoridad en uno de los sindicatos, se le podría voltear el chirrión por el palito. 

Bueno, pero como decíamos, el tiempo es muy buen consejero y de aquí al 10 de noviembre son muchos días para que mediante la negociación de alto nivel se llegue a un buen acuerdo en el caso de los choferes del transporte público capitalino y así eviten ser carne de cañón de quienes pretenden utilizarlos en intereses en los que ellos no tienen nada qué ver. 

José Martín Nava Velarde

Por lo visto se alborotó la bitachera sindicalista, porque ya ven que se reactivó la grilla en contra del ISSSTESON que ahora dirige José Martín Nava Velarde, quien a poco más de dos meses de su nombramiento, enfrenta la primera bronca pública mediática, toda vez que dirigentes de sindicatos de organismos afiliados le reclaman falta de medicamentos para surtir recetas y supuesta eliminación de prestaciones a trabajadores de la salud. 

Tales protestas son cíclicas y coinciden con fechas señeras de cada año, y más bien obedecen a estrategias que deberán irse afinando conforme avancen las semanas rumbo al fin de año y seguramente, de ser real la falta de abasto de medicamentos, ya Nava Velarde debe estar haciendo lo conducente para resolver tal carencia. 

Por ciento, amigo nuestro derechohabiente, nos comenta su extrañeza porque de pronto fue cancelada su cita con especialista en el marco de un seguimiento a un tratamiento y lo peor, que por alguna decisión burocrática, todos los antecedentes de su caso fueron eliminados y ahora deberá partir de cero, en un contexto que al parecer es generalizado. 

Y de destacarse los hallazgos dados a conocer por la organización civil México Evalúa sobre el sistema de justicia penal en el país, en los cuales aparece Sonora y su Poder Judicial como el de mayor eficacia y eficiencia en el registro de conclusión de casos penales durante el 2019, con un 55.1 por ciento de asuntos resueltos, de un promedio nacional de solo el 27.1 por ciento.  

Francisco Gutiérrez

En la investigación titulada “Hallazgos, Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México”, realizada en colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Friedrich Naumann, se destaca que “los poderes judiciales estatales que más casos resolvieron fueron Sonora (55.1%), Coahuila (52.7%) y Campeche (52.5%), mientras que los que tuvieron el porcentaje más bajo fueron Tabasco (9.7%), San Luis Potosí (11.5%) y Guanajuato (13.1%). 

Al respecto, el presidente del Poder Judicial, magistrado Francisco Gutiérrez Rodríguez, explicó que se considera un caso finalizado aquel que luego de ser resuelto por la instancia judicial, agota todos los trámites que deben seguirse hasta ser totalmente concluido, con el subrayado de que también que en el procedimiento abreviado, en esta entidad fue la figura jurídica más aprovechada para la terminación de los asuntos, con el 61% de los casos, mientras que a nivel nacional el promedio fue de 12.6 por ciento. 

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