Me tocó leer, a propósito de los recortes presupuestales que vienen para los municipios en 2021, una justificación que parece ser la más consistente entre quienes apoyan la decisión de la mayoría morenista en la cámara de diputados: entre menos dinero les llegue a los alcaldes, menos oportunidad tendrán de robárselo.
El argumento tiene lógica a la luz de esa larga historia de corruptelas que cruzan la línea del tiempo en todo el país y parte de una premisa más voluntariosa y hasta cierto punto ingenua, en el sentido de que la honestidad es patrimonio exclusivo del presidente de la República y sus adláteres.
Los ciudadanos sonorenses sin embargo, son testigos del deterioro en la infraestructura de sus municipios, de servicios públicos deficientes, especialmente en el ámbito de la seguridad pública.
Detengámonos un poco en este tema, para retomar algunos datos ofrecidos por el Observatorio Sonora por la Seguridad, que analiza el comportamiento de las asignaciones presupuestales para siete municipios de Sonora, a partir de 2018, concretamente en el Fortaseg, un subsidio orientado al fortalecimiento de las tareas de seguridad pública.
En 2020 se destinaron cuatro mil millones de pesos para 386 municipios de todo el país. Para 2021 ese subsidio desaparecerá.
Agua Prieta recibió en 2018, 10 millones de pesos; en 2019 nada y en 2020, seis millones.
Caborca tuvo en 2018, 10 millones de pesos, nada en 2019 ni en 2020.
Cajeme tuvo en 2018 19.5 millones de pesos; en 2019, 23.6 millones de pesos y en 2020, 19.9 mdp.
Guaymas tuvo en esos mismos años: 10 mdp, 17 mdp y15 mdp.
Hermosillo: 69.9 mdp en 2018, 35.1 mdp en 2019 y 34.5 mdp en 2020.
Navojoa: 10 mdp, 14 mdp y 13.6 mdp en esos mismos años.
Nogales tuvo 121.1 mdp, 18.3 mdp y 18.8 mdp en 2018, 19 y 20 respectivamente.
Puerto Peñasco: 10 mdp en 2018, cero pesos en 2019 y cero pesos en 2020.
San Luis Río Colorado tuvo 10 millones en 2018, 16 mdp en 2019 y 14 mdp en 2020.
Esos son los números fríos. Y la pregunta obligada tiene que ver con el estado que guarda la seguridad pública en esos municipios. La mejor respuesta, como siempre la tendrá usted, confinado lector, escamada lectora.
Pero cualquiera medianamente informado sabrá, por sí o por interpósitas personas, que en los últimos tres años los problemas de inseguridad se han agudizado en todos los municipios citados.
Entonces ¿qué pasó? La lógica indicaría que esos recursos fueron insuficientes ante un problema estructural y multifactorial como es el de la seguridad pública, o en el peor de los casos, que efectivamente tuvieron otro destino.
A estas alturas, la observadora lectora, el avezado lector ya se habrán dado cuenta que de los siete municipios enlistados, sólo Puerto Peñasco es gobernado por el PAN. Los otros seis tienen gobiernos emanados de Morena y sus coaligados.
Luego entonces puede deducirse que ni el presidente de la República ni los diputados federales que eliminaron el Fortaseg tienen confianza en sus propios alcaldes correligionarios. Mala cosa.
Por cierto, al eliminar esos 4 mil millones de pesos que se orientaban a los municipios más densamente poblados y/o con mayores problemas de seguridad, se intenta compensar incrementando en 3 mil 300 millones el presupuesto para la Guardia Nacional, cuyos resultados también están en duda.
Hay un fondo denominado Fortamun que también destina recursos al rubro de la seguridad, pero al no estar etiquetados, usualmente los ayuntamientos los destinan a otras áreas.
El presupuesto federal se está discutiendo aún en la Cámara de Diputados, pero previsiblemente el Fortaseg será eliminado, tal cual viene en el proyecto.
El secretario de Seguridad en Sonora, David Anaya Cooley escribió en su cuenta de Twitter: “en la SSP le apostamos a que los diputados federales den marcha atrás a la desaparición del Fortaseg y sea aprobado ese apoyo de gran utilidad para el fortalecimiento de las corporaciones policiales de los municipios”.
El único alcalde que suscribió ese posicionamiento fue el de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal, quien posteo: “De acuerdo contigo, amigo secretario. Pero no solo preservémoslo. Vamos por un aumento importante en el presupuesto del mismo. Promovamos en equipo ante nuestros diputados federales que Fortaseg sea una causa común que sostengamos y acrecentemos”.
La pelota está en la cancha de los diputados federales, que aún discuten mil 029 reservas presentadas por diputados de oposición al partido oficial, aunque las últimas noticias indicaban que les estaban echando la aplanadora encima.
Para el verano 2021, con la sucesión gubernamental encima, ya habrán pasado seis meses del ejercicio presupuestal y sin duda sus efectos serán tema de las campañas electorales.
Es altamente probable que varios de los diputados federales que aprobaron este recorte que deja a Sonora sin 4 mil millones de pesos menos que lo aprobado para este 2020 anden del tingo al tango pidiendo el voto ciudadano en los ayuntamientos comprendidos en sus distritos.
Será muy interesante observar cómo asimila el electorado lo hecho por estos legisladores y ver qué tanto funcionó el privilegiar los programas de Bienestar que llevan dinero a las familias más vulnerables, por encima de los recursos para un mejor funcionamiento de los gobiernos municipales (y del estatal) en cuanto a la operación de sus políticas púbicas.
Es un tema en el que hoy sólo estamos en condiciones de especular, y sólo se sabrá cuando caiga el último voto en las urnas del 2021.
II
No recuerdo alguna ocasión en que Canal 11, uno de los medios públicos más respetados, no por ser el campeón de las audiencias, sino fundamentalmente por sus contenidos que lo posicionaron como un oasis de ciencia, cultura, educación y análisis social y político en medio de tanta basura de la televisión comercial, se hubiera visto envuelto en un escándalo como el que atraviesa por estos días.
Gracias al machismo y la patanería del comandante en jefe de los intelectuales orgánicos del lópezobradorismo, John Ackerman, Canal 11 está hoy bajo la crítica hasta de sectores tradicionalmente identificados con la izquierda.
En su grosera soberbia, su malograda superioridad moral y su cuestionada doble moral, el sobrevalorado académico se llenó de caldo flaco y desde el lado más dogmático de la 4T hizo lo necesario para romper lanzas con la co conductora de un programa titulado John y Sabina, hasta forzar a la dirección del canal 11 a cancelarlo.
Ackerman es el mismo que fue evidenciado como el propietario, junto a su esposa Irma Eréndira Salazar, de bienes inmuebles que jamás corresponderían a sus ingresos. Fue denunciado ante la Secretaría de la Función Púbica, misma que lo exoneró. Claro, la titular de esa dependencia es Irma Eréndira, su esposa.
Qué pena con Canal 11.
III
Desde aquí enviamos sinceras condolencias a Ricardo Bours Castelo, Alfonso Durazo Montaño y Adolfo García Morales.
La muerte se hizo presente en sus familias, con su estela de dolor y de tristeza. En los últimos días fallecieron don Javier Robinson Bours, doña María Montaño de Durazo y en menos de un mes, dos hermanos de Adolfo partieron de este mundo.
Que el consuelo llegue pronto, que el dolor se vaya rápido y que el recuerdo de las mejores cosas prevalezca por siempre. Descansen en paz.
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