Contrastes que ilustran

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La Auditoría Superior de la Federación ratificó que por tercer año consecutivo Sonora se ubica en el primer lugar nacional con menos monto observado en el gasto federalizado ejercido por la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich. 

Mediante acciones en materia de control, transparencia, prevención y rendición de cuentas, con el propósito de cumplir el compromiso de tener un gobierno transparente que responda con hechos al reclamo ciudadano de combate a la corrupción, la ASF solo observó inconsistencias en el destino de 605 mil 200 pesos, de un monto auditado de 37 mil millones de pesos. 

Los anteriores datos se refieren al contenido del tercer y último informe de resultados de la cuenta pública 2019, dio a conocer el contralor estatal, Miguel Angel Murillo Aispuro, en el marco de la cascada informativa que derivó de la presentación del órgano técnico fiscalizador de la Cámara de Diputados, que revisa el gasto federalizado que ejercen los gobiernos Federal, los Estados y los municipios y que reveló el atascadero de corrupción en el que chapotea la 4T. 

Por supuesto, Murillo Aispuro no dijo tener otros datos respecto a los poco más de 600 mil pesos observados, si no que adelantó que desde ya el gobierno de Sonora trabaja en las aclaraciones para solventar las inconsistencias señaladas, a pesar de que los plazos del ISAF para ese trámite son de 40 días desde la notificación hasta la aclaración. 

Miguel Angel Murillo

Contrastante la pulcritud en el ejercicio del gasto federalizado y el gasto directo de la administración estatal, frente el altero así de irregularidades de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que por cuyo estratosférico monto, cobra dimensiones históricas y que deja ver que su discurso anticorrupción es simplemente una faramalla, mientras en las alcantarillas de la estructura federal se perpetra el mayor robo al erario que se tenga memoria. 

Miren, en Sonora se auditaron 7 de cada 10 pesos de los fondos federales etiquetados relativos a Educación, Desarrollo Social, Seguridad e infraestructura, además de las participaciones federales, y así como ocurrió en las revisiones del 2017 y 2018, Sonora se mantiene en el primer lugar nacional en la certeza del cumplimiento de las obligaciones legales y normatividad para que la ciudadanía tenga confianza de que sus impuestos se ejercen de forma honesta, transparente y eficaz. 

A contracorriente el gobierno de López Obrador frente a la levantada de faldillas que echa por tierra su cantaleteado discurso anticorrupción y lo peor, que recurra a su tradicional alegato de tener otros datos y no aceptar el resultado del trabajo técnico de la ASF, que da a conocer desvíos, irregularidades, opacidad y desconocido destino de casi 70 mil millones de pesos, en el marco de una rebatinga prácticamente en toda la estructura federal. 

Por supuesto que esa reacción era de esperarse, incluida la catilinaria descalificadora contra el órgano técnico que preside David Rogelio Colmenares, quien además, tal como lo prevé el marco normativo auditable, en el informe desglosó que el costo por cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco, será superior a los 330 mil millones de pesos, contrario a los 100 mil millones calculados cuando se decidió llevarse esa obra a la aeropista militar de Santa Lucía. 

David Rogelio Colmenares

Pues los auditores de la ASF no dejaron sentido a nadie del gabinete legal y ampliado, describiendo todo lo contrario a lo que alardea el presidente respecto al ejercicio honesto de los recursos públicos, a lo cual se agrega la incompetencia en dicho ejercicio, para derivar en una funesta combinación. 

Resulta previsible que en estos momentos se trabaje a marchas forzada para generar una cortina de humo o un distractor para evitar que la ciudadanía mire ese atascadero y la devastadora realidad de la corrupta incompetencia del régimen lopezobradorista, y ya de inicio destaca la tontería del mismo presidente al asegurar que en el concierto de las naciones, “ya no se habla en México de los escándalos de corrupción, de la violencia, que era la nota”. 

Miente de nuevo López Obrador, porque en ambos temas México mantiene presencia a nivel mundial, incluso en mayor medida que antes y no se diga respecto a la soberanía, luego de su impúdico agachismo frente al gobierno de Estados Unidos en los últimos días del Donald Trump, pero sobre todo, en el caso de la imparable ola criminal que a diario cuantifica decenas de víctimas de crímenes dolosos, así como la incompetente, negligente y criminal gestión frente a la pandemia del Covid-19. 

Sabe de donde saque López Obrador tales elucubraciones positivistas cuando la verdad son frecuentes las vergüenzas que causan él e integrantes de su gabinete por sus dislates ante el resto del mundo. 

En resumen, la ASF concluyó que en materia de obras, los proyectos como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto en Santa Lucía, el corredor transístmico, están mal planeados, son poco rentables y opacos, además que los publicitados programas sociales se han convertido en un barril sin fondo y con múltiples irregularidades en la dispersión de recursos. 

Jesús Ramón Moya

En el caso de del gasto de recursos estatales, su fiscalización también es sumamente estricta y de igual forma, las observaciones se mantienen al mínimo a partir de la cuenta pública del 2016, en atención a las instrucciones y vigilancia cercana de la misma gobernadora de todo el proceso de licitación, ejecución de obras y contratación de servicios. 

Además, el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva, ha resultado un perro de presa en el cumplimiento de las responsabilidades como factor fundamental que obliga a las instancias de gobierno y organismos autónomos a un correcto uso de los recursos previstos en sus presupuestos anuales. 

Por cierto, para el anecdotario el que los integrantes de la bancada de MORENA hayan formulado un exhorto para que el ISAF presente informes técnicos más fáciles de entender, solicitud obviamente lógica dada la supina ignorancia que prevalece por esos rumbos a pesar de sus casi tres años de gestión, que por lo visto no les ha servido más que para ridículos. 

Por lo demás, al parecer la cursera verbal que afecta a López Obrador es contagiosa, porque Alfonso Durazo Montaño presenta todos los síntomas de dicha incontinencia y sabe cómo tome la comunidad médica y pasantes de medicina el que el aspirante a la gubernatura pretenda sentenciarlos a ejercer en comunidades rurales que él como titular de la Secretaría de Seguridad Federal dejó en la indefensión. 

No tiene precedentes la arrogancia y prepotencia de dicho sujeto al considerar que arriesgar la vida en regiones donde campea el crimen organizado, a partir de la estúpida opinión de que para eso estudiaron, cuando obviamente no estudiaron para eso y su juramento hipocrático no implica enfrentar circunstancias en las que él falló de forma miserable. 

Resultado de la incompetencia de Durazo

En su catilinaria ante los micrófonos de noticiero radiofónico, incluyó referentes incluso de su sonoguacha formación al ubicar a Polanco en una región de Sonora, entre otras pendejadas que deberán ser muy bien valoradas por el respetado gremio y actualmente muy sufrido de la medicina y de estudiantes de dicha difícil disciplina. 

De plano ya es el colmo el abordaje de distintos temas que sin ton ni son y a partir de sus ignorancias alude el candidato del partido oficial, destacando en lo que se refiere a la seguridad pública, ámbito que dejó hecho un desastre, así como en asuntos relativos a la economía, con cuestionamientos que van a contracorriente de los avances que registra la entidad a pesar de las limitaciones que derivan de una fallida gestión federal en dicha materia y las dificultades por la pandemia. 

Cuando no sabíamos que éramos felices y cubríamos las frecuentes giras de la gobernadora Pavlovich por los distintos municipios de la entidad, nos dimos cuenta de la operación de centros de salud debidamente equipados, aunque en algunos casos había ausencia de médicos dadas las condiciones de inseguridad, con reportes de que hubo quienes debieron dar atención obligada a heridos en algún enfrentamiento entre narcos, a esos que no pudo pacificar el susodicho. 

Es más, lo mejor que debería de hacer Durazo Montaño, es ofrecer una disculpa a esos profesionales de la salud, que bajo ninguna circunstancia, debieran estar sujetos a obligaciones que ponen en riesgo su vida por situaciones ajenas a su ejercicio, como si no fuera suficiente el que tengan que partirse el alma en la primera trinchera para combatir la embestida del Covid-19.  

Por lo pronto, el mentado debería ser enterado que en Sonora no existe ninguna población, comunidad ni municipio llamado Náinari ni Polanco. 

Y concatenado al tema de inicio de este despacho y factor importante en un ejercicio abierto al escrutinio ciudadano del presupuesto, a partir de este lunes y hasta el viernes, personal del Instituto Sonorense de Transparencia lleva a cabo el taller para implementar la nueva versión del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Francisco Cuevas

El Comisionado presidente del ISTAI, Francisco Cueva Sáenzinformó de la impartición de diversos temas para capacitar a los responsables de la transparencia de todos los entes de gobierno de todo el estado a fin de dar mejor atención a los usuarios del derecho de acceso a la información pública. 

El taller es impartido por el Instituto Nacional de Transparencia a todos los organismos garantes de los estados, correspondiendo durante esta semana a los institutos de la región norte, donde además de Sonora están Baja California, Chihuahua, Coahuila, Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa. 

De parte del ISTAI asisten virtualmente a estos cursos cinco personas del área de capacitación, una de tecnologías informáticas y dos de la unidad de transparencia, para que amplíen sus conocimientos sobre configuración de procesos, generación de reportes y notificaciones, soporte técnico y alertas, entre otras herramientas de la versión 2.0 de este sistema, mediante el cual la ciudadanía realiza sus solicitudes de información pública. 

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