Hay una parte nebulosa y oscura en el asesinato del líder yaqui Tomás Rojo Valencia, a la que por alguna razón no se le ha dado la relevancia que tiene, y que está relacionada con esa realidad nacional en la que el crimen organizado, a contrapelo de las declaraciones oficiales, le disputa palmo a palmo el territorio nacional al Estado mexicano.
La respuesta de la Fiscalía estatal fue ciertamente rápida y eficiente. Sus investigadores hicieron el trabajo y tras varios cateos dieron con el paradero de uno de los presuntos autores materiales del homicidio, capturándolo; encontraron además evidencia para suponer que no actuó solo: partes y herramientas para modificación o reparación de armas, vehículos robados, entre otras cosas.
La parte más oscura radica en las motivaciones que llevaron al asesinato de Tomás Rojo, pues de acuerdo a la versión de la misma fiscal estatal, Claudia Indira Contreras ese crimen “estaría relacionado con grupos del crimen organizado con intereses ajenos a los del pueblo yaqui, en búsqueda de beneficiarse ilícitamente con el cobro de cuotas en el tramo carretero”.
Como se sabe, desde hace un par de años los yaquis han instalado varios ‘retenes’ (en alguna ocasión conté cinco) en diferentes puntos entre Pótam y Loma de Guamúchil, tramo de la carretera federal 15 comprendido entre Guaymas y Ciudad Obregón. En ellos, los indígenas comenzaron pidiendo una cuota voluntaria a los usuarios de esa carretera, y después establecieron una cuota que va de los 50 a los 200 pesos dependiendo del tipo de vehículo.
Los habitantes de los pueblos originarios, los primeros pobladores de estas tierras alegan una deuda histórica del Estado mexicano para con ellos, por la llamada ‘servidumbre de paso’, que no es otra cosa que el uso de su territorio para el transporte de personas y mercancías, pero también para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y la conducción de gas y otros combustibles.
Aquí se ha dicho en otro momento, que si esa deuda histórica la tiene el Estado mexicano, además de las empresas privadas, parece injusto que se la estén cobrando a los usuarios de la carretera, pero así están las cosas y eso ha provocado ya varios desaguisados, confrontaciones, accidentes y hasta agresiones en las que han salido a relucir armas de fuego.
Con ser esto un asunto serio que ninguna autoridad ‘yori’ ha resuelto, no es lo más grave.
El reconocimiento de la fiscal estatal en el sentido de que hay un grupo del crimen organizado, ajeno a la tribu y con interés en esas cuotas (cuyo monto y destino finales son un misterio), obliga a plantearse varias interrogantes.
¿Desde cuándo se está dando esta situación? ¿Le están cobrando ‘piso’ a los yaquis’? ¿Los presionan o amenazan? ¿Ese grupo está infiltrado en la tribu?
Las respuestas pueden ser escalofriantes en tanto podrían indicar que efectivamente, la delincuencia organizada no solo reta, sino que asume algunas facultades exclusivas del Estado, y no solamente en Sonora, sino en prácticamente todo el país: recaudan dinero como si de impuestos se tratase; controlan el libre tránsito en algunas regiones del territorio nacional; brindan seguridad a los habitantes de algunos pueblos, reparten despensas a los más pobres y últimamente se ha vuelto común escuchar que en no pocos municipios, hasta inciden en los procesos electorales, cual si fueran el INE, el Trife o algún partido político.
En el caso de los yaquis, recordemos que el 2 de marzo del año pasado, el mismísimo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina de ese día, que el gobierno federal instalaría una caseta de cobro en territorio yoreme, para dar formalidad y sobre todo transparencia al destino de los recursos que se obtienen por el cobro de peaje.
De esa propuesta no se ha vuelto a saber nada, pero Tomás Rojo era uno de los cabilderos de la misma, lo que al parecer no fue del agrado de quienes decidieron quitarlo del camino por la vía más terrible.
El tema pues, es más serio de lo que se piensa y hasta ahora no hay autoridad, de cualquier orden de gobierno, que tome cartas en el asunto.
II
Levantó polémica el anuncio del gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño sobre la inversión de dos mil millones de pesos para la instalación de un parque solar en Puerto Peñasco, cuyo objetivo es que Sonora sea autosuficiente en la generación de energía eléctrica y eso se traduzca en una disminución en las tarifas de consumo.
La Comisión Federal de Electricidad sería la propietaria del 56 por ciento de las acciones y el gobierno estatal del 44%, proyectando que esté en operación para mayo de 2024.
Polémica porque la propuesta marcha un tanto a contrapelo de la voluntad presidencial que no es precisamente un promotor de las energías limpias, aunque si Durazo logró hacerlo cambiar de opinión y convencerlo de que la CFE destine más de mil millones de pesos a este proyecto, sería comenzar su sexenio con el pie derecho y por la puerta grande.
De hecho, Durazo Montaño está moviéndose como si fuera ya la firma fuerte del estado, anunciando obras, proyectos, inversiones y sosteniendo reuniones con funcionarios de primer nivel en el gobierno federal.
Ayer mismo encabezó un encuentro con la gobernadora y los gobernadores electos del noroeste, para tratar temas relacionados con la detonación económica de la región, señaladamente en materia de turismo, pesca y acuacultura, medio ambiente, así como otros asuntos relacionados con intereses comunes como la seguridad pública.
Otro tema importante en esta reunión fue el seguimiento a una propuesta esbozada por el presidente en el sentido de que los estados absorban el 50 por ciento del costo del programa federal de apoyo a discapacitados.
Hay pues, muy buenas expectativas y mejores planes. Queda, si acaso, el detallito sobre los recursos que se requieren para realizar todo esto, pero supongo que su plan de reordenamiento económico ya lo incluye. En los próximos meses estaremos viendo cómo se resuelve.
III
El abogado Miguel Ángel Avilés Castro me hace llegar una misiva, que de cualquier forma publicará en otros medios, solicitando una audiencia con la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano.
El tema, por lo que se lee, trata del despido de una persona que laboraba en el sector salud estatal, que intentó resolverse por la vía de la mediación, pero quedó estancado, y aunque la gobernadora tuvo conocimiento del mismo en su momento, todo parece indicar que los responsables de darle seguimiento no lo han hecho.
Reproducimos aquí la misiva en su parte medular, a sabiendas de la buena voluntad y el compromiso de la mandataria con las causas justas, señaladamente las de las mujeres.
C. Gobernadora del Estado
Estimada Claudia.
P r e s e n t e
No acostumbro a utilizar estos espacios para exponer asuntos de mi ejercicio profesional pero esta vez me veo en la necesidad de hacerlo pues ha sido imposible llegar hasta usted y exponerlo un asunto legal al que no se le dado solución como lo ordenó.
También lo hago porque está en juego su palabra que empeñó al acudir con usted una trabajadora del sector salud que fue despedida injustamente pero ocurre que sus instrucciones han sido desobedecidas o ignoradas por algunos de sus colaboradores, pues otros, a decir verdad, han sido atentos y eficientes.
Lo que le solicito es que me otorgue una audiencia y así contarle los detalles de lo que aquí resumo.
Comprendo que estamos en un momento de transición sexenal y que son otras siglas las que llegarán a encabezar este gobierno, pero sé que estará de acuerdo conmigo también, que la responsabilidad debe imperar hasta el final y no ser omisos frente a la consecuencia de una equivocada decisión de quienes la acompañaron durante estos seis años en tan alta encomienda, sobre todo si la afectada resulta ser una profesionista que durante los años previos a la injusta terminación de la relación de trabajo, siempre y en todo momento actuó con absoluta probidad y honradez.
Sin otro particular, refrendo mi aprecio y mi respeto.
Firma: Miguel Ángel Avilés Castro
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