Bajo la presión de compromisos de campaña y la realidad, muy parecidos los arranques de administraciones estatales en cuanto a la grandilocuencia en turno, ante una sociedad ansiosa y siempre crédula de que ahora sí se “hará la carnita asada”, como dirían los clásicos.
En términos generales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño se ha mostrado muy consistente en el diseño, exposición y anuncios de planes y proyectos para el corto y mediano plazo en materia de salud, educación y en materia social, aunque aún es muy temprano para que trasciendan en el terreno de los hechos, lo cual no limita la alta expectativa ciudadana.
Con este arranque, ya van siete que nos toca ser testigos y en todos los casos ha sido igual, aunque en el actual destacan las similitudes al de la administración de Guillermo Padrés, cuando a toda acción se le anteponía el apodo de histórico e inédito y Dios guarde que veamos un destino parecido al que todos conocemos de ese nefasto sexenio.
Tenemos la impresión que en todo gran proyecto debe prevalecer la mesura para evitar desengaños y en todo caso procurar políticas públicas de alto impacto en el corto plazo y no abusar de reuniones y más reuniones donde se abordan generalidades mientras los plazos se alargan para que los buenos propósitos trasciendan a beneficios concretos para la gente.
Este día hubo rumbosa conferencia de prensa por rumbos del Palacio de Gobierno, en donde se disgregó de forma muy abundante sobre los dos planes de justicia que el gobierno federal impulsa en Sonora en favor de la tribu yaqui y los habitantes de Cananea, que para el último de los casos, se nos figura que aún se encuentra en la etapa de borrador.
Cuando menos en la esperada conferencia de prensa, no hubo nada nuevo a los buenos propósitos expresados a principios de julio pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y más bien se repitieron las proyecciones sobre la anunciada remediación de los daños al medio ambiente en comunidades del río Sonora por el derrame tóxico de hace siete años; sobre el fortalecimiento de la infraestructura de salud, desarrollo urbano y rescate de espacios públicos, resolver conflictos laborales y ampliar programas de bienestar entre cananenses.
Nada nuevo en público expresaron Luisa María Alcalde, titular Federal del Trabajo; María Luisa Albores, de la Semarnat; Zoé Robledo del IMSS y Juan Ferrer, titular del INSABI, aunque queda pendiente el que en privado si haya habido avances, toda vez que en dicho ámbito sí participó la representación de la empresa Grupo México, factor fundamental en la solución de la mayoría de los problemas que padecen los cananenses y habitantes de las comunidades del Río Sonora.
A casi dos años de iniciar el plan de justicia para la tribu yaqui, a penas se perciben los resultados o sea, para ir midiendo el agua a los camotes en el caso del plan para Cananea, aunque hay que destacar que en la conferencia hubo información diversa sobre los avances en el caso de la citada etnia en materia de anuncios, ya que se adelantó que se construirá un hospital en Vicam con 20 camas y debidamente ocupado, además de una veintena de clínicas de medicina preventiva en comunidades yaquis, alguna ya en proceso de construcción y equipamiento, aseguran.
En todo caso, correspondió al gobernador dar a conocer retazos de información que al menos ofrece resultados en el corto plazo, como esa referente a que en 10 días las farmacias del ISSSTESON contarán con todo el cuadro de medicamentos para abastecer recetas; que en un par de meses entrará en operación el nuevo hospital de especialidades y que a partir de ello, el actual Hospital General del Estado pasará a ser hospital universitario a cargo de la escuela de medicina de la UNISON y adscrito al esquema del INSABI, ah, también que está por iniciar la rehabilitación y equipamiento de 20 clínicas de salud en algunos municipios de la entidad.
Insistimos, la conferencia de prensa fue convocada para recrear sobre el plan de justicia para Cananea y la verdad es que no hubo nada nuevo, en el marco de un repetitivo chorizo que se ha dicho en muchas ocasiones en prácticamente todos los temas eje que propone la presidencia y lo que queda es esperar que en la reunión privada se hayan tomado acuerdos que trasciendan en lo inmediato o en el corto plazo en beneficios para los habitantes de esa comunidad minera y de la cuenca del río Sonora.
Desde la perspectiva de lo que ha ocurrido con el plan de justicia yaqui, todo indica que al menos habrá que esperar un par de años para que los cananenses y comunidades de la cuenca del Río Sonora, comiencen a percibir los resultados que se anuncian desde ahora, que como se dice, algo será algo.
En fin, no está demás recordar que en el pasado se han emprendido diversas acciones para diversificar las actividades económicas en esa comunidad minera con el fin de que no dependa exclusivamente de la empresa minera, pero que por alguna razón empresas que se instalan no se arraigan.
En lo que respecta a los yaquis, para no irnos tan atrás, entre las primeras acciones de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich, fue el desistimiento de acusaciones que tenían en la cárcel al líder Mario Luna y en el exilio a Tomás Rojo, en el marco de tres primeros años de muy buena relación con la etnia, con toda una diversidad de acciones en obras de beneficio comunitario e incluso participar en fiestas tradicionales y posadas, período que concluyó a partir del 2019 cuando el gobierno de la 4T asumió la batuta.
Mejor la vamos a dejar de este tamaño, ya que sin salirnos del tema de planes, proyectos y buenos propósitos, está la firma estampada por la Secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río y la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, con la cual se comprometen a trabajar de forma coordinada, sin que tengamos idea porque se requiere firmar un compromiso sobre un tema que viene a ser como una obligación.
El caso es que firmaron un convenio de “coordinación efectiva” en favor de la seguridad de Sonora, cuya relevancia puede medirse con la ausencia del gobernador Durazo, quien se supone que dicho tema es atendido por él de forma personal, aunque se supone que próximamente el también estampará su rúbrica cuando se instale el Consejo Estatal de Seguridad, ese que creíamos que ya estaba instalado.
La verdad es que qué bueno que ambas damas se pongan de acuerdo para trabajar de forma coordinada en un asunto de tan estratégica importancia y el que lo anuncien como lo hicieron, a lo mejor se trata de un mensaje a los “entes generadores de violencia”, en lo que pudiera ser una especie de advertencia que los haga reconsiderar conductas y mejor se porten bien.
Pero se da el caso, que a la luz de anuncios y advertencias similares, todo indicaría que mandos de bandas delicuenciales no están atentos a los medios de comunicación o si se enteran de renovadas intenciones del sector oficial en su contra, simplemente ni se inmutan, aunque en esta ocasión, por los gestos de severidad de la fiscal y de la Lola, a lo mejor ya pusieron pies en polvorosa aterrorizados por lo que les espera si insisten en operar en territorio sonorense.
En el ceremonial aludido que formaliza el hecho histórico e inédito entre la FGJES y la SSPS, tuvieron su cachito de gloria Ricardo Soto Valdez, director general de Tecnologías y Comunicación de la Fiscalía y Francisco Zavala Segura, coordinador estatal del Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SSP, quienes firmaron como testigos de honor.
Teníamos la impresión que luego de aquellos diferendos entre el entonces procurador Rodolfo Montes de Oca y Adolfo García Morales, secretario de Seguridad, que incluso derivaron en sus renuncias a dichos cargos, se había establecido una muy buena relación entre la Fiscal ya como titular de un organismo autónomo y David Anaya Cooley, un tipo institucional, muy profesional y trabajador, en un ambiente cooperativo y de colaboración mutua que se daba de forma natural y sin necesidad de pretendidos efectismos mediáticos.
Y en efecto, como se pitorrean por ahí, esta firma compromiso, debe de traer con el alma en un hilo a integrantes de la delincuencia y haciendo apurados planes para mudarse a otro Estado, donde no sean amenazados de esa manera.
