Bien se dice que los pueblos tienen los gobiernos que merecen, que en el caso de México, de sobra nos merecemos que se nos tome el pelo como integrantes de una aldea ensimismada en la sobrevivencia, bombardeada por demagogia y testigos involuntarios de confrontaciones estúpidas entre iguales.
Las mañaneras es el lugar común del aldeanismo político, de la rusticidad política que emana rampante desde Palacio nacional, con un presidente embebido en peroratas interminables sobre asuntos baladíes; para defenderse de fantasmales agresiones; repartir insultos a diestra y siniestra, eso sí, con todo respeto, y para recrear bandos sociales en el marco de ese clasismo paranoico que padece.
Y por rumbos de la oposición no cantan mal las rancheras, ya que se ha puesto a la altura de la tribu gobernante, al grado tal que su máxima exponente, la máxima abanderada opositora sea Lilly Téllez, quien desde su sotanera –de sótano, no de sotana—posición, ha desencadenado confrontaciones con Andrés Manuel López Obrador a nivel de mitote.
Sí, a nivel de mitote las excusas del presidente para no acudir a la sesión del senado donde se le entregó la Medalla Belisario Domínguez a la veterana mujer de izquierda, Ifigenia Martínez, y a nivel de mitote el posado histrionismo de la saltimbanquis senadora sonorense, que encontró en el Senado, el escenario ideal para montar sus circos.
Como parte de ese aldeanismo político y mitoteo rupestre, están las presuntas amenazas de muerte en contra de ella y su hijo, así como las advertencias del mismo López Obrador para que los suyos no vayan a atentar en contra de su colega y socia del club de los payasos.
Como se sabe, en su sorpresivo y breve paso como parte de MORENA, la Téllez pretendió encarcelar o al menos obtener beneficios económicos mediante una demanda en contra de una docena de comunicadores sonorenses, en un episodio que debe ser vergonzante para el ahora gobernador Alfonso Durazo Montaño, al acompañarla y apoyarla en esa aberración jurídica.
Así pues, esa mujer es la que abandera a una oposición que como se ve, está a la altura de un gobierno igual de mediocre y esas son pésimas noticias para los mexicanos que enfrentamos con incertidumbre el presente y el futuro, agobiados por la violencia criminal, el Covid-19, el acelerado deterioro de la economía, que la despensa tienda a quedarse vacía y que la inflación esté haciendo trizas la calidad de vida de millones de familias clasemedieras de este país.
Y esa oposición aldeana por supuesto que no responde al interés ciudadano y por eso no es competitiva; dada a la llamada concertacesión y a novedosas y sorprendentes coincidencias que tienden a llevarlos al carril del oficialismo en materia legislativa, en una combinación de franca debilidad, con facturas pendientes de pago que sirven de convencimiento sobre la conveniencia de dar el sí, porque si se deciden por el no, serán exhibidos.
En dicho contexto, el presidente se da el lujo de hasta amenazar a quienes se atrevan a votar en contra de su propuesta de reforma eléctrica, que en el caso de la representación legislativa del PRI, los obligó a entrar en un proceso de reflexión interna y análisis para decidir su voto sobre una reforma que revierte lo que aprobaron con el máximo fervor en el 2013 y que amenaza en fracturar la alianza con el PAN y el PRD, a la vez de dar la impresión al respetable de ser súbditos del partido oficial.
En este contexto de rusticidades, todo indica que tres años no fueron suficientes para que la diputada Ernestina Castro Valenzuela entendiera, aprendiera un poco de los procesos de revisión de las cuentas públicas del Estado y los Municipios que le tocara participar como integrante de la anterior legislatura del Estado de Sonora.
Miren, nos fletamos casi completita la comparecencia de Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ante la comisión de Fiscalización que preside la diputada Natalia Rivera Grijalva, donde por varias horas se dio a conocer el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del Gobierno del Estado y de los informes individuales de resultados de las cuentas públicas de los municipios del ejercicio fiscal 2020.
Después de alrededor de dos horas y media de terapia aplicada de forma magistral por Moya Grijalva, la diputada Castro Valenzuela dio lectura a lo que ya le había dado lectura el auditor mayor respecto a lo encontrado, observado y sancionado durante los procesos de fiscalización, aunque en su abordaje, por su ignorancia insuperable, pretendía inferir que tales gastos no transparentes u objeto de observaciones los había realizado el ISAF y no los sujetos fiscalizados.
Es obvio que tanto ella como algunas y algunos diputados más no se ocuparon en analizar el paquete informativo y desglose pormenorizado que les fue entregado para que llegaran a esa comparecencia más o menos bien informados sobre el tema y se entiende que no entiendan bien las cosas recién llegados como son los caso de Diana Karina Barreras o Ricardo Lugo, resultando todo un caso Fermín Trujillo Fuentes, quien a pesar de su vasta experiencia en estos menesteres, incurrió en chorizos demagógicos y lugares comunes que ni de parafernalia sirven.
Por supuesto que resulta complicado entender todo ese montón de números, partidas, destinos del gasto, sus montos, mecanismos de fiscalización y auditorías y demás, pero pues en nuestra sufrida representación popular se deberían de avocar a capacitarse también en eso y no solo sobre técnica parlamentaria como impulsa el presidente de la legislatura, Jacobo Mendoza, o al menos disponer de un cuerpo de asesores que le sepan a ese tema.
Las inquietudes más frecuentes citadas durante la comparecencia, fueron las referentes a la situación financiera del ISSSTESON como tema de moda, así como el gasto en Comunicación Social del gobierno anterior, carrito al que se subió la diputada presunta comunicadora, Rosa Elena Trujillo, recibiendo puntual respuesta del Auditor Mayor: en cuanto a la legislación en materia de comunicación social, la fiscalización se realiza conforme a como lo dicta la legislación federal en la materia.
En cuanto a la cuenta pública del Estado con dependencia directa del ejecutivo, de las 129 auditorías presupuestales practicadas a 87 sujetos de fiscalización, se derivan 170 observaciones; respecto a los resultados de auditoría financiera trimestral de la cuenta pública, 86 sujetos fueron fiscalizados; hubo también 94 observaciones a 34 entes, de las cuales, al día 4 del presente mes, han sido solventadas 48 y quedan pendientes por solventar 46, mismas que se encuentran en proceso de análisis.
En relación a la revisión de las cuentas públicas municipales se entregaron al Congreso mil 94 informes individuales; 72 informes de resultados; un informe general de resultados; un libro de propuesta de calificación por Municipio y un libro sobre resultados de la Encuesta de Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos Municipales.
Respecto a las auditorías de las cuentas públicas municipales, Moya Grijalva explicó que se determinaron dos mil 511 observaciones; 524 fueron solventadas; mil 987 están por solventar; y se hicieron dos mil 734 recomendaciones, de las cuales 575 fueron atendidas y dos mil 159 están por atender; también 111 amonestaciones y 39 multas a servidores públicos.
Como sea, el auditor mayor no dejó sentido a nadie; fue muy institucional en sus respuestas, precisiones y comentarios, por supuesto evitando exhibir ignorancias de quienes pretendieron interpelarlo y sobre todo, haciendo gala de su conocimiento sobre los temas bajo su responsabilidad.
De dicha comparecencia saldrán los dictámenes que en el caso de la cuenta pública estatal, será para conocimiento de la legislatura, en tanto que las de los municipios estarán sujetas a la aprobación o al rechazo del pleno, trámite que podría realizarse a más tardar el 14 de este mes de octubre.
Mientras tanto, vaya que en Hermosillo se nota la mano de un nuevo gobierno municipal dedicado al 100 por ciento en cumplir con la encomienda que le asignó la mayoría ciudadana, sin perder el tiempo en responsabilizar a la pasada administración por el atascadero y tiradero dejado, si no ocupado en el rescate, en la reparación de los daños y en atender necesidades y exigencias ciudadanas.
Es notable el mejoramiento de la imagen de importantes sectores urbanos y vialidades, destacando además lo referente a la iluminación en concurridos espacios públicos, mediante la reposición de luminarias en el Parque Madero, el Jardín Juárez, Solidaridad, El Mundito, Plaza Emiliana de Zubeldía, Plaza Hidalgo y Parque Tutuli, entre otros.
Muy bueno resultado ha dado la estrategia de atender reclamos ciudadanos sobre la existencia de baches y focos apagados, ya que es cuestión de hacer el reporte correspondiente para que trabajadores de la comuna acudan a la reparación correspondiente, destacando el tren de chamba que ha desplegado Carla Neudert Córdova, directora de alumbrado público municipal.
Y luego está el que el presidente Antonio Astiazarán Gutiérrez se haya ido del discurso a los hechos en la formulación de un presupuesto ciudadano participativo, al anunciar que en el ejercicio 2022 se aplicarán 40 millones de pesos de acuerdo a las prioridades que definan los hermosillenses a través de los comités CRECES, como plataforma idónea para la interacción de la gente de Hermosillo con sus autoridades municipales.
