Reparación de daños

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Por lo visto, en Sonora está de moda la conjugación del verbo reparar, que en el caso de Hermosillo, el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez da muestras de sus habilidades para reparar en el presente indicativo, ante el desastroso reciente pasado que sufrimos los hermosillenses.  

La necesidad de reparar cosas deriva de omisiones, decisiones equivocadas que resultan en daños en todos los casos, que en lo que se refiere al gobierno o a instancias de gobierno, ya sabemos porqué el municipio capitalino quedó en histórico deterioro, ese que está en proceso de reversión con notables avances, pero que requerirá tiempo dada la magnitud de los estropicios de la incompetencia.  

También desde el palacio de al lado se impulsan reparaciones, la principal de todas hasta ahora, en el sistema educativo estatal, en donde Aarón Grajeda Bustamante, debe atender las consecuencias de la eliminación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, que para Sonora representó que desde el 2019 se dejaran de recibir de entre 350 y 410 millones de pesos y que por supuesto no se entregaron de forma directa a los denominados Comités Escolares de Administración Participativa.  

Por allá a mediados del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenía sin pausa la retahíla de ocurrencias en función de su alardeada fobia contra la corrupción y su paranoica tendencia de imaginar actos deshonestos y actuar en consecuencia sin mostrar pruebas y en esa dinámica consideró que para evitar desvíos, se entregarían de forma directa los recursos para la rehabilitación, mantenimiento, equipamiento y construcción de espacios educativos.  

Toño el reparador

Sabe bajo qué sustento se decidió que de acuerdo con el número de alumnos, se entregarían 150 mil pesos a escuelas con 50 estudiantes; de 51 a 150, 200 mil pesos, y los con más de 151 alumnos, 500 mil pesos, de a cuerdo a proyectos formulados por los citados comités escolares.  

Esa decisión y el interregno por la pandemia del Covid-19, con el consecuente y prolongado receso de clases presenciales, dejó en muy mal estado a la mayoría de las escuelas del Estado, debido al vandalismo, de la falta de presupuesto, porque el flujo de recursos prometido no llegó a esos míticos comités escolares porque simplemente no se integraron.  

Al decidirse el regreso a clases presenciales, la decisión presidencial citada obliga a acciones emergentes del gobierno estatal, primero en la recta final de la gestión de Claudia Pavlovich y ahora a Alfonso Durazo Montaño, quien ya estableció el compromiso en poner en condiciones de operación al 100 por ciento del sistema escolar de la entidad a partir del 15 de diciembre próximo, con la participación presupuestal de su administración, el esfuerzo de las comunidades escolares y empresarios.  

Pues a los grandes males, grandes remedios y suponemos que los recursos para esas grandes pequeñas obras saldrán de los mil 200 millones de pesos que se ha dicho facilitó la Federación al gobierno estatal para hacer frente a las necesidades financieras que se presentan en cada arranque de sexenio, con el subrayado de que en esta ocasión se trata de atender los efectos de la profunda crisis a causa de la torpe gestión económica para enfrentar la embestida de la pandemia.  

Aarón Grajeda

En todo caso, sería ilustrativo que Grajeda Bustamante informara cuántos Comités Escolares de Administración Participativa se han integrado en Sonora y cuántos planteles están incluidos en los casi 60 mil que se supone ya operan en todo el país en casi dos mil municipios, entre los que se han dispersado alrededor de 10 mil millones de pesos.  

Por lo que se declara en relación a dicha problemática y la magnitud de ésta, se nos figura que Sonora no es parte de los beneficios y que el gobierno estatal y las comunidades escolares pagarán los platos rotos de un programa que fue diseñado solo para atender escuelas ubicadas en áreas de alta marginación, como si el resto de la infraestructura educativa no tuviera necesidades.  

En esas reparaciones andan por rumbos de la SEC, que por su alto impacto debe recibir el mayor apoyo de todas y todos, mientras se hace una profunda revisión de ese programa que obviamente no ha respondido a las expectativas que alucinó el presidente al tomar esa decisión.  

Y lo que son las cosas, si de reparaciones se trata, tocó a la diputada Diana Karina Barreras, exponer las necesidades inmediatas que enfrentan mujeres víctimas de la violencia, luego que desde principios del 2019 y una de las primeras decisiones estúpidas del gobierno de López Obrador, eliminó el programa de apoyo para la operación de refugios para mujeres maltratadas, en donde recibían, además de atención médica, asesorías jurídicas y atención psicológica, y sobre todo, protección.  

Diana Karina Barreras

Pues al presidente también argumentó actos de corrupción para cancelar el flujo de recursos hacia esos centros de apoyo, esos que ahora reclama la legisladora del PT y aliada de MORENA en su propuesta presentada en la sesión del Congreso del Estado el jueves pasado, sin que tengamos idea si a quienes sirve les convendrá aprobar algo que va a contracorriente de una decisión ya tomada a nivel federal.  

Por supuesto que tiene razón la diputada al proponer esos centros de justicia para la mujer en Sonora, esos que bajo distintos formatos eran operados por instituciones sociales y que con batallas siguen haciéndolo ya sin el apoyo oficial federal, ya que durante el anterior gobierno, se derivaron diversos apoyos a través de instituciones de la sociedad civil organizada en asociaciones de beneficencia.  

Por supuesto que tiene razón que las mujeres y niñas víctimas de la violencia requieren espacios que concentren bajo el mismo techo servicios gratuitos como albergues temporales, atención psicológica, jurídica y médica; ludoteca con expertas/os en temas de desarrollo infantil para que los hijos de las mujeres que acuden al centro estén seguros; talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de violencia y una Agencia del Ministerio Público especializada.  

De hecho, frente a la decisión presidencial de eliminar los refugios, el anterior gobierno decidió establecer en Ciudad Obregón y Hermosillo ese tipo de refugios de atención integral y qué bueno que la legisladora petista abre brecha para que se repare el daño perpetrado desde Palacio Nacional y esa infraestructura sea ampliada en esta entidad por ser en muchas ocasiones asunto de vida o muerte.  

Ely Sallard Hernández

Y ya entrada en gastos, bien podría proponer la restitución de la red de estancias infantiles que permitía a miles de mujeres desplegar su fuerza laboral con la confianza de que sus hijos estaban en un lugar seguro sin necesidad de batallar tanto con guarderías subrogadas del IMSS y que eran operadas por comisiones integradas por las mismas madres beneficiarias.  

Bien podría presionar al gobierno del Estado para que se ponga en marcha a través del DIF en proceso de ser secretaría, un programa estatal de estancias infantiles, en lugar del mamotreto ese de que todas las madres y padres solteros o los tutores recibirán por cada menor de uno a seis años mil 600 pesos cada bimestre, para cubrir los costos de una guardería, cuando obviamente los espacios son muy pocos luego de eliminar una red de 43 mil estancias infantiles que atendían a casi 330 mil menores a nivel nacional, tema al que también podría entrarle Lorenia Valles cuasi secretaria del DIF-Sonora.  

Por lo demás, excelente la comparecencia de la diputada Ely Sallard ante el colectivo CORSAS, espacio de reflexión en el que dejó constancia de la seriedad con que asume su representación popular y su pragmatismo en la toma de decisiones como mujer cuya formación ajena a la política, le permite visualizar sin contaminación la realidad ciudadana.  

Experta en asuntos de vivienda, formación académica impecable e íntimamente ligada a asociaciones civiles de apoyo a sectores marginados, su paso por la legislatura estatal genera grandes expectativas, pero por lo pronto ya se perfila como integrante de la Comisión de Comunicación y Enlace Social y participante muy activa en las sesiones del pleno y en comisiones.  

Primero que nada, niega complicidades o que la bancada del PRI ante en contertulios privados con el partido oficial a cambio de posiciones o condescendencias para que se le de vuelta a la hoja a la administración estatal pasada.  

No, simplemente se trata de que todo asunto que beneficie a los sonorenses que requiera su voto será aprobado sin importar de donde venga la propuesta y puso ejemplos para respaldar esa consideración, y se supone que así deberían de actuar y votar el resto de los grupos parlamentarios, dejando atrás estigmatizaciones partidistas o simples revanchismos.  

David Figueroa Ortega

Incluso, la diputada por el distrito VI subrayó la necesidad de mantener una relación cordial y de mucha comunicación con el gobernador Alfonso Durazo, así como apoyarlo en acciones para beneficio de los sonorenses, sin demérito a sus convicciones partidistas y al compromiso con quienes votaron por ella en la pasada elección, subrayando la necesidad de que se instaure a cabalidad la figura del Parlamento Abierto, para que sea la sociedad quien decida el sentido de las decisiones del pleno.  

En otra entrega abundaremos sobre los diversos temas del platique entre la legisladora y los corsarios, porque no podemos dejar de lado la buena noticia sobre el inició del proceso para hacer de San Pedro, populosa comunidad rural una Comisaría, lo cual representará un buen impacto en la calidad de vida de miles de hermosillenses ahora sujetos al buen o al mal ánimo de autoridades municipales en turno.  

Se nombró una comisión especial que analizará la viabilidad o no de dar esa figura administrativa a una comunidad pujante, de gran movilidad ciudadana y de alta representatividad de las mejores tradiciones de esta región de Sonora en materia culinaria, y la verdad es que sería una tontería no cumplir con una demanda largamente expresada, que en lo que a este reportero respecta, ya desde por allá en el 2001 nos tocó escucharla, cuando nos mudamos a esta parte del municipio capitalino.  

Habrá qué ver quienes se atreven a oponerse en la sesión del cabildo correspondiente, y ya de entrada, sorprendente las versiones que indican que quien abandera dicho rechazo es nada más y nada menos que el regidor David Figueroa Ortega, lo cual, de ser cierto, comprueba su desarraigo y su falta de conocimiento de la jurisdicción que aspiró gobernar como aspirante del MC a la alcaldía, aunque nos aseguran que su voto en contra le resulta natural, ya que invariablemente vota en contra de todo.  

Por lo pronto, este común mortal ya tiene su favorita para que sea comisaria, la primera comisaria de San Pedro, cuya identidad nos reservaremos por ahora.  

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