La inflación en México cerrará este año en el máximo histórico del 7 por ciento, el doble de las prospectivas planteadas por el Banco de México para este año, no descartándose que tal porcentaje aumente de mantenerse políticas públicas en materia energética.
En anterior dato no viene de fifis, neoliberales ni de conservadores; es el contenido del último informe estadístico del INEGI, que atribuye la escalada inflacionaria de los últimos meses al incremento del gas doméstico y las gasolinas que han impactado a la generalidad de los artículos del consumo popular por sobrecostos en la producción y el transporte que por lo regular se indexan al consumidor final.
Confluyen además condiciones derivadas por los efectos del confinamiento social por la pandemia del Covid-19 en el sector económico y a la desconfianza del sector financiero y de inversionistas que han abandonado proyectos a desarrollar en el país y la salida del mercado bancario nacional de moneda extranjera, principalmente de dólares.
Dirán que la fuga de capitales se compensa con el alto ingreso de remesas que mexicanos en Estados Unidos envían a sus familiares, pero como ya se profundiza en tal intercambio, se da el caso de que un gran porcentaje de esas remesas no se incorporan a la economía formal, sino que pasan a ser activos del crimen organizado sin que impacte la economía popular de las regiones y comunidades receptoras.
El caso es que no se requiere ser versado en asuntos de la economía para percibir de forma evidente la escalada alcista de precios a prácticamente todo lo que se exhibe en las estanterías de cualquier comercio, que en lo que se refiere a alimentos en sus diversas presentaciones, impacta de forma severa a las clases populares, que como se sabe, son las más perjudicadas por la inflación, al carecer de medios de ahorro para preservar su poder adquisitivo.
Tampoco tienen acceso a los mercados financieros como para usar crédito para moderar el consumo o en caso de tener acceso, tendrán que depender del endeudamiento, generalmente de los mercados informales, para satisfacer las necesidades básicas, además de no tener capacidad de ahorro para mantener sus hábitos de consumo por artículos o productos que la inflación puso fuera del alcance de su poder adquisitivo.
Resultó un fiasco la promesa presidencial de reducir el costo de las gasolinas compromiso que sólo sirvió para la colecta de votos de ingenuos y de igual forma resultó la publicitada creación de la fantasmagórica empresa paraestatal Gas Bienestar, que además de operar en reducidos nichos del consumo en la Ciudad de México, no pudo mantener bajos los precisos y terminó sujetándose a las fluctuaciones de precios en el mercado.
Cualquiera que haga el súper, ponga gasolina al carro, compre gas doméstico, busque ropa o calzado, acuda a restaurantes o recurra a centros de diversión, se dará cuenta de la significativa y sostenida alza de precios de los últimos meses, escalada que de plano nulifica la dispersión de miles de millones de pesos a través de programas del bienestar, entre los más pobres y con significativo impacto en las clases medias ya de por sí en un tobogán que los lleva a la línea de la pobreza.
Este es el resultado de un gobierno torpe e incompetente empecinado en estrategias populistas que alrededor del mundo han sido la punta de lanza para el deterioro la economía interna de los países y que en México tiene a la tortilla con un incremento acumulado a lo largo del año del 16 por ciento; carne de cerdo, 17 por ciento; de res, 13 por ciento; de pollo, 13 por ciento; huevo, el 14 por ciento; el gas doméstico, 26 por ciento, solo para citar algunos, que de forma acumulada representan la más alta inflación desde el 2009.
Por lo demás, acertada la alerta lanzada por el titular de salud, José Luis Alomía Zegarra, respecto a la casi segura cuarta ola del Covid-19 a Sonora como resultado de la ya entrada de la temporada de alergias, gripe e influenza, cuadros que pueden confundirse con los síntomas del bicho que ya ha cobrado la vida de ocho mil 606 personas en la entidad y contagiado a 114 mil 711.
Dada la displicencia social que se suma a la temporada de frío y a la intensa interacción social que caracteriza el último mes de año, seguramente el Pepe Alomía tendrá voz de profeta y veremos escalar esa estadística, pero por lo pronto, y para evitar ser parte de ésta, es necesario mantener las medidas de protección ya tan dichas: distanciamiento social, uso de cubrebocas, aseo frecuente de las manos con agua y jabón o gel antibacterial, con el subrayado de que si usted hipocondriaca lectora y obsesivo lector se siente agripado, de volada acuda a hacerse una prueba para saber de qué se trata.
Mientras tanto, desde el Congreso del Estado reportan que ya le cumplió a Célida López Cárdenas, al elevar a rango de secretaría la Comisión de Turismo del Estado de Sonora, adelantando al primero de enero la entrada en vigor de dicha reforma, toda vez que la ley establecía que una reforma de esa naturaleza entraría en vigor un año después del día de la publicación en el Boletín Oficial.
No estamos enterados si en la comisión de Fomento Económico y Turismo que encabeza María Alicia Gaytán, en el proceso de dictaminación de la propuesta del Ejecutivo, evaluaron el gasto presupuestal que implicará esa modificación del organigrama del gabinete legal del gobernador, porque es lógico suponer que los costos serán mayores, aunque por lo pronto, la señora ya amarró salario de secretaria de gabinete a partir de 1 de enero próximo.
El dictamen aprobado por la señora Gaytán, Héctor Raúl Castelo Montaño, Jacobo Mendoza Ruiz, Ernesto De Lucas Hopkins, María Sagrario Montaño Palomares y Alma Manuela Higuera Esquer, fue enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para que se incluya en orden del día de la sesión del próximo martes, sin que se prevea dificultad alguna para su aprobación, al igual que ocurrirá en el caso del nombramiento de Jesús Olivas como nuevo coordinador de Comunicación Social de la legislatura, punto que también será incluido según nos comentaron por ahí.
También en el Congreso del Estado, el diputado Ernesto de Lucas Hopkins presentó una iniciativa de decreto para la implementación de la Telemedicina que no es otra cosa que el mecanismo para que quienes carecen de servicios de salud por no estar afiliados a algún organismo público y no pueden acceder a los servicios de la medicina privada, reciban apoyo a distancia en diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus dolencias.
El Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI apuntó que con la Telemedicina, se proporcionará apoyo en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento en la atención de los pacientes, así como facilidades de educación a los profesionales de la salud y a la comunidad, por lo que su aplicación será de gran ayuda para brindar mayor cobertura en las zonas más marginadas del estado.
Es por eso que propone reformar la Ley de Salud para el Estado de Sonora y establecer la utilización de la Telemedicina, misma que no reemplazará a la medicina ni los servicios de salud tradicionales, en los que el contacto con el paciente sea esencial, sin embargo, en el contexto actual de la pandemia y de los constantes avances tecnológicos, se considera necesario replantear la atención en salud, utilizando estas herramientas tecnológicas complementarias en la prestación del servicio.
Por otra parte, excelente la interacción que nos tocó presenciar vía computadora entre la diputada Natalia Rivera Grijalva y su homólogo presidente de la Cámara de Diputados, Jacobo Mendoza Ruiz, con el amigo y profesional de la comunicación, Antonio Duarte quien como se sabe se ha sumado a la innovación de las tecnologías de la información con su canal ASI Digital Te Ve.
Muy bien la y el legislador en sus posicionamientos respecto a la nueva realidad política y administrativa que vive Sonora, mostrando esa civilidad tan importante que debe prevalecer entre los actores políticos, que en lo que respecta al Toño Duarte, pues qué buena onda esa nueva faceta de su ya prolongado ejercicio periodístico que ya debe andar por los 50 años.
https://www.youtube.com/watch?v=zZaOVR6I91U este es el vínculo en el que puede acceder al contenido del diálogo de referencia entre integrantes de la legislatura estatal y el comunicador.
Y este viernes se cumplen 45 años de aquella jornada cuando el gobierno de Luis Echeverría repartió 37 mil 131 hectáreas de riego y 61 mil 655 hectáreas de agostadero entre ocho mil 944 solicitantes de tierra agrupados en 156 núcleos ejidales.
Hacía poco más de un año que se había sembrado la semilla de ese acto presidencial, cuando el jueves 23 de octubre de 1975, autoridades estatales y federales desalojaron y mataron a siete campesinos que tenían invadido el bloque 717, en San Ignacio Río Muerto, que un par de días después costó la gubernatura a Carlos Armando Biébrich.
Mucha agua ha corrido debajo de ese puente y muchos cambios han ocurrido en los últimos años, ya que aquel boom de la producción colectiva de la tierra con organizaciones sociales pujantes que le entraron a la agroindustria y demás, se fueron difuminando y ahora se asegura que el 85 por ciento de la superficie expropiada y entregada es rentada por particulares.
Pero como sea, el 19 de noviembre de 1976 es una fecha muy importante en la historia de Sonora, ya que tuvo fuertes repercusiones en todo el entorno de la entidad.
