Dos casos muestran los altos niveles de descomposición de instancias de autoridad que en Sonora han convertido en terreno fértil para que el crimen organizado siente sus reales y la ciudadanía decente esté a merced de la inseguridad.
Una patrulla de la dirección de seguridad pública de Cajeme cierra el paso a personas en tránsito sobre la carretera de cuatro carriles para obligarlas a pagar el ilegal peaje en Loma de Guamúchil, uno de los tres “filtros” donde presuntos miembros de la tribu yaqui exigen “cuotas” como condición para poder transitar por su territorio.
En una vialidad de Nogales, una mujer es acosada por hombres armados a bordo de un pickapón mientras una operadora del 911 la somete a un interrogatorio inusual, en el marco de ejemplar incompetencia de quien se supone está en esa chamba para prestar auxilio en caso de emergencias, pero que por miedo o por complicidades no cumple con dicha premisa.
Las denuncias son incuestionables dado el testimonio respaldado con sendos videos que dejan ver el alto grado de indefensión social frente al embate de malandros, a quienes la autoridad correspondiente simplemente les hace los mandados, mientras despliegan estrategias mediáticas que no son otra cosa que castillos en el aire totalmente ajenas a la cruda realidad.
En efecto, se trata de actos que corresponde atender al gobierno federal, pero en ambos casos los primeros respondientes aparecen como cómplices y además exhiben la inoperancia de esquemas diseñados para atender emergencias que tan dados son en publicitar en el caso de Nogales, en tanto que en Loma de Guamúchil solo se ratifica el amasiato entre elementos de seguridad pública de Cajeme con bandas criminales.
De la incompetente participación de la operadora del 911 nada se sabe, mientras que el presidente municipal Javier Lamarque Cano salió el quite anunciando la suspensión de un elemento policiaco, cuando evidentemente son dos que servían de chalanes en el proceso de extorsión al que son sometidos quienes transitan por territorio yaqui y al servicio de sujetos que se hacen pasar por integrantes de la tribu yaqui y que desde hace tiempo practican novedoso cobro de piso para utilizar la cuatro carriles.
Ese es un abierto reto al gobierno estatal, federal y municipal, cuando se supone que por fin se despliega un histórico esfuerzo para atender ancestrales demandas de esa emblemática etnia y de compromisos pactados con autoridades tradicionales, quienes de acuerdo a información que nos llega de por esos rumbos, son ajenas a la obligada colecta que se realiza en al menos cuatro puntos sobre la llamada columna vertebral de la red caminera de Sonora.
Hay quienes aseguran que la cobranza de cuotas se debe a la natural reacción por la lentitud en el cumplimiento de los compromisos inscritos en el publicitado Plan de Justicia e incluso por sus nulos resultados, pero lo cierto es que lo que ocurre se debe a la poderosa e intrincada red de complicidades entre el crimen organizado, policías municipales, de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional e integrantes de la etnia, que han construido un nicho de impunidad impenetrable.
Es necesario subrayar que resulta incomprensible que solo Lamarque Cano haya dado la cara por la agresión perpetrada en Loma de Guamúchil, cuando a lo mejor se requeriría un fuerte golpe sobre la mesa del mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien en todo caso mejor anda ocupado en ser parte de la embestida de MORENA en contra del Instituto Nacional Electoral o en contertulios con sus colegas integrantes de la CONAGO.
Pero a partir de su paso por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se esperaría una reacción de su parte, así como en el caso de la mujer agredida en Nogales, circunstancia que al menos debería de obligar a una revisión de los protocolos para procesar las llamadas al 911 e incluso actualizar los perfiles de quienes las atienden, aunque también la titular de seguridad, María Dolores del Río debe andar ocupada en frivolidades.
Lo irónico es que al ponerse en marcha el programa Paisano propio de esta temporada, se le agregó el remoquete de “Héroes” y se anunciaron acciones de apoyo para que su paso por Sonora o su estancia en este estado para estar con sus familias, sea segura y placentera, y en efecto, son verdaderos héroes al tener que enfrentar y superar las kilométricas filas por la incompetencia operativa de las casetas de cobro de CAPUFE, el acoso de policías de municipios sobre la ruta de la carretera 15 y como cereza del pastel, los requerimientos de la maña al cruzar por territorio yaqui.
Así las cosas, luce complicado este cierre de año, cuando además, por primera vez desde que tenemos memoria periodística, la secretaría de Finanzas del Estado carece de los recursos financieros para cubrir la nómina de la burocracia y prestaciones de ley propias de esta época del año, situación inédita a pesar de que en anteriores transiciones las ruinas heredadas fueron peores e incluso no se contaba con la empatía partidista del presidente en turno.
Estamos por recibir algunos datos sobre la nueva metodología que aplica Omar del Valle Colosio en la operación de las ministraciones, en el marco de lo que dicen enterados de estos menesteres, es solo el saldo de la curva de aprendizaje que no acaba por aplanarse e igual ocurre en otras áreas sustantivas de la administración pública, que como el gobernador no puede estar en todo, pues le ha tenido que meter mucha paciencia.
Y de eso deberá ser acopio, porque como es tradición, será hasta la última quincena de febrero o la primera de marzo cuando comiencen a regularizarse las ministraciones de la federación o sea, la burocracia estatal, maestros y empleados de organismos autónomos deberán aguantar vara y no descartar más demoras en la recepción de su cheques, que también aplica a pensiones y jubilaciones ya que no hay que olvidar que el que abrió brecha en dichas irregularidades fue el bebé de la Ibero y troglodita titular del ISSSTESON, Jesús Acuña Méndez.
Mientras tanto, quienes vivimos en la zona rural al nororiente de la cabecera del municipio de Hermosillo nos queda claro que con la intención no basta y que el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, vía el secretario del ayuntamiento, Florencio Díaz Armenta, deberá ponerse las pilas para disuadir la realización de escandalosas pachangas en vía pública y a cielo abierto, así como uso de pirotecnia por parte de animales que no saben del respeto vecinal.
No se requeriría de mayores complicaciones el implementar operativos de supervisión con inspectores, policías o personal de apoyo con buen oído, que simplemente podrían ubicarse en lugares estratégicos para orientarse y ubicar los escándalos que se han multiplicado estos días o al menos tomar en serio los reportes que se realizan para exigir que pongan orden.
Reconocemos que no es cualquier cosa intervenir para parar una pachanga a las tres de la mañana donde en sus alrededores se advierten sendas camionetonas y es amenizada con música buchona y si a la autoridad le da temorcito pues imagine usted el que le da a atemorizados vecinos que difícilmente se atreven a hacer el reporte y más cuando presencian la relación cercana entre asistentes y uniformados.
Pero “El Chito” algo debería de hacer para convencer a su comisario Manuel Emilio Hoyos que intente al menos esbozar alguna estrategia de disuasión que aminore los efectos de la invasión a la privacidad a la que todos tenemos derecho.
Muy bien que hayan parado y aplicado fuerte multa a organizadores de evento en la Colonia Pitic, y por supuesto que va implícito nuestro reconocimiento, pero podemos asegurar que por estos rumbos ese tipo de pachangas son cosa de todos los días y desde muy temprano y sabemos que sin cubrir elementales normas de ley.
Por lo demás, uno de los exhortos más certeros de los últimos años que se han presentado en el Congreso del Estado, es el propuesto por el diputado Ernesto de Lucas Hopkins, en el que solicita al gobierno federal que inicie cuanto antes el proceso de regularización de carros chuecos y aterrice el publicitado anuncio de hace más de dos meses del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.
El coordinador de la bancada del PRI en la 63 Legislatura, subrayó que a pesar del anuncio presidencial y del acuerdo donde se instruye a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, llevar a cabo la regularización de los vehículos, no se conoce de manera directa y pública información sobre dicho trámite, ni se han emitido lineamientos, reglas de operación o cualquier otra modalidad normativa para cumplimentar las disposiciones que instruye el ejecutivo federal para dar seguridad jurídica a los posesionarios de esas unidades.
Y bien que haya hecho la referencia sobre la senadora Sylvana Beltrones, quien como se sabe, desde el 11 de septiembre del 2018, presentó una iniciativa de Reforma a la Ley Aduanera y a la Ley del IVA para legalizar los vehículos de procedencia extranjera en México, en atención a solicitudes de organizaciones pafas que recibió durante su campaña
Sabe si ese exhorto vaya ser tomado en cuenta allá en Palacio Nacional, pero por lo pronto fue aprobado por unanimidad por la representación popular sonorense.
Y estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Eliseo Morales Rodríguez, a quien tratamos desde hace 20 años dejando constancia como servidor público ejemplar y ser humano excepcional a su paso como secretario del ayuntamiento de Puerto Peñasco en el período del también amigo Rodrigo Vélez, luego como director de bienes y concesiones en la administración de Eduardo Bours, y ya después como notario público. Vuela alto querido amigo. Nuestras sentidas condolencias, afecto y solidaridad para su apreciable familia.
