En Sonora se han solicitado casi cien mil incapacidades temporales desde que comenzó la pandemia en 2020 según datos del IMSS, pero en la última semana de 2021 y la primera de este 2022 se registra un repunte alarmante: en la última semana de 2021 registró mil 053 y en la primera de 2022 esa cifra se duplicó para llegar a 2 mil 344. El estudio no incluye la semana que está corriendo y en la que mayor número de contagios se han registrado.
Las imágenes de cientos de hombres y mujeres amontonándose frente a las instituciones de salud pública para solicitar incapacidades y permisos por casos -sospechosos y confirmados- de Covid19 son el preludio de un ‘parón’ en la economía mexicana cuyas dimensiones son difíciles de precisar.
Ya no es la letalidad del coronavirus en sus variantes Delta y Ómicron lo que más preocupa. Se sabe que el número de muertes y hospitalizaciones por estos contagios están lejos de parecerse a la crisis de 2020-21, que nos aterró con estampas de gente agonizando en las banquetas y los pasillos de los hospitales.
Sin que ese fantasma desaparezca por completo (ya hay hospitales reconvirtiendo de nuevo sus espacios en salas Covid), un problema serio que se avecina es el de una baja sensible en las actividades productivas y del sector gubernamental y de servicios, donde ya se está resintiendo.
El sentido común y las experiencias cotidianas así lo indican, pero además hay datos oficiales que apuntan en ese sentido. El mismo IMSS ha puesto en marcha un programa de incapacidades por Covid que se pueden tramitar remotamente, pero aun así hay clínicas y hospitales donde las aglomeraciones son la imagen cotidiana.
No es para menos. El doctor Mauricio Hernández, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS publicó un estudio con datos reveladores a los que conviene echar un ojo, a propósito de las Incapacidades Temporales para el Trabajo (ITT).
Sonora no está (o al menos no estaba hasta el 7 de enero, último día que incluye el estudio citado) entre las entidades con más solicitudes de ITT, pero hay que considerar que en entre el 8 y el 12 de enero la cifra de contagios ha llegado a rebasar los mil diarios, sin contar la cifra negra de casos no reportados.
De acuerdo al estudio del doctor Hernández, en Sonora el IMSS ha registrado durante la pandemia 98 mil 369 ITT, pero en la última semana de 2021 registró mil 053 y en la primera de 2022 esa cifra se duplicó para llegar a 2 mil 344. El estudio no incluye la semana que está corriendo y en la que mayor número de contagios se han registrado.
De acuerdo con sus estimaciones, las ITT en el primer trimestre de este año llegarán a 1.5 millones en el país, lo que implica un gasto institucional de mil 215 millones de pesos. Como referencia, para ese mismo periodo pero del año pasado, las ITT no llegaron a la mitad de esa cifra.
Se debe considerar también que el IMSS atiende al 60 por ciento de la población total y es la única institución que ha transparentado estos datos. Faltaría ver lo que ocurre en otras como el Issste y el Isssteson que atienden a la burocracia federal, estatal y municipal, así como a personal de sus órganos desconcentrados y organismos autónomos, donde también se han registrado contagios y brotes, sin que haya información precisa al respecto.
Lo que sí tenemos son reportes de empleados federales que ante la sospecha y/o confirmación de contagio acudieron a tramitar su incapacidad a las oficinas y clínicas del Issste donde los mantuvieron haciendo fila hasta por ¡once horas! para tramitar una incapacidad de cuatro días.
Las gráficas que ilustran esta columna fueron enviadas por empleados que acudieron con síntomas leves y que en todo ese tiempo incrementaron su potencial de contagio.
Por estos días ya comenzaron a llegar reportes de oficinas gubernamentales (ayuntamiento de Navojoa, por ejemplo) donde han tenido que suspender actividades, así como otras en Cajeme, Hermosillo, Guaymas y Nogales donde se han registrado brotes, y lo mismo está ocurriendo en empresas de todo calibre. En los próximos días estaremos viendo consecuencias de todo esto.
II
Lo adelantamos ayer. La rueda de prensa remota que ofrecieron María Dolores del Río y Claudia Indira Contreras, secretaria de Seguridad y fiscal estatal respectivamente ocupó la mayor parte del tiempo en un recuento de ‘logros’ que, si no fuera porque -parafraseando al presidente- el pueblo está muy despierto, cualquiera pensaría que en Sonora caminamos sobre algodones rosas y no sobre un cementerio clandestino y cuidándonos de no agacharnos para esquivar una bala porque en un malhadado momento, en esa agachadita llega un violador y hace de las suyas.
El formato de la rueda de prensa fue además una locura. Abrieron un grupo de whatsapp en el que los y las reporteras podían enviar sus preguntas, que fueron tantas y tan variadas que se hubiera necesitado todo el día y parte de la noche para responderlas. Así, la mayor parte de las inquietudes y los temas se quedaron convenientemente relegados, eso sí, con la promesa de que después habría respuesta por ese mismo medio.
Cuando inopinadamente las funcionarias decidieron dar por concluida su comparecencia, hubo reclamos de representantes de medios en el citado grupo de whatsapp, cuya administradora inmediatamente reconfiguró para impedir la interacción.
Para ser sinceros, el ejercicio estaba destinado al fracaso. Hay, no sé, quizás 20 o 30 colegas con dos, tres o más preguntas; hay quizás diez temas candentes sobre los cuales urgen respuestas, y solo una hora para ofrecerlas, tiempo que se redujo a la mitad, pues el resto se lo llevó la exposición sobre lo mucho que se ha hecho en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia.
Y quizás previendo la molestia de la banda reporteril, la secretaria y la fiscal informaron sobre la sentencia de 76 años para los autores del atentado en el que perdió la vida Reynaldo López y resultó gravemente herido Carlos Cota, comunicadores que fueron atacados por sicarios que dispararon en su contra al confundir el vehículo en que viajaban.
Cabe precisar que esos hechos se suscitaron el 16 de febrero de 2019 y en unos cuantos días los presuntos fueron ubicados y capturados, pero hasta ahora se dictó sentencia.
También se anunció la creación de una agencia del MP especializada en delitos en perjuicio de periodistas y defensores de derechos humanos, lo cual es plausible.
Plausible sería también que, en aras de un mayor compromiso con las necesidades de información de la ciudadanía, se replanteara el formato de estas comparecencias en tiempos de pandemia. Este primer ejercicio dejó a todos con un mal sabor de boca y, como se dice coloquialmente, a los y las comunicadoras con la carabina al hombro.
III
Pero no todo está perdido y también hay buenas noticias. Ayer el pleno del Supremo Tribunal de Justicia nombró a María Gabriela Careaga Macías como magistrada en la Sala Regional con sede en Cajeme. Esta joven abogada era titular del juzgado mercantil oral en Ciudad Obregón y su nombramiento surgió de una propuesta del mismísimo presidente del Tribunal, el prestigiado decano Rafael Acuña Griego. Enhorabuena.
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