En estos días cuando parecen multiplicarse las voces que advierten de una escalada en el presidencialismo decidido a ‘ir por todas las canicas’ pasando por encima de los otros dos poderes y de los organismos autónomos, la SCJN levantó la mano para mostrar que no será tan fácil.
En los últimos dos días los ministros de la Suprema Corte han propinado dos reveses al titular del ejecutivo. Primero al invalidar una norma que obligaba a los exfuncionarios del gobierno federal a esperar 10 años para incorporarse laboralmente al sector privado, y que fue presentada por el presidente de la República con el objetivo de evitar que expresidentes y exsecretarios (sobre todo) prestaran sus servicios a grandes empresas trasnacionales donde podrían aprovechar la información privilegiada de la que disponen para hacer grandes negocios.
Al presidente le causan mucho escozor los casos de Felipe Calderón y Ernesto Zedillo, que al término de su mandato fueron contratados por trasnacionales con grandes negocios en México, señaladamente en el sector energético. El lunes, la SCJN la echó por tierra.
Pero más importante todavía es lo que sucedió ayer, cuando nueve de los once ministros del pleno de la Corte le ‘amarraron las manos’ al presidente en el manejo discrecional de los recursos obtenidos por los programas de austeridad, tal y como lo mandataba una ley presentada también por el titular del Ejecutivo.
El tema no es menor. En los primeros tres años de su gobierno, esos recursos ascienden a 13 mil millones de pesos provenientes básicamente de las medidas de austeridad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero casi la mitad tiene su origen en los organismos autónomos.
Esos recursos eran aplicados en los programas federales “o al destino que por decreto determine el presidente”.
Los ministros concluyeron que esa norma violenta la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para decidir el destino del gasto público.
Si ayer el presidente calificó como una aberración la resolución de la SCJN que invalidó la norma alusiva a los exfuncionarios y adelantó que la combatiría legalmente, su molestia aumentará hoy al enterarse del nuevo revés de los ministros.
Pero eso no sería nada si en los próximos días su iniciativa de Ley de la Industria Eléctrica es declarada inconstitucional en el máximo tribunal del país. Ayer, la sesión en la que se discutía el tema tuvo que ser levantada sin conclusiones, pero al menos dos ministros adelantaron ya su voto en contra, argumentando que esa ley viola el principio de libre competencia que se debe buscar en el sector, privilegia las facultades de la CFE y cancela las subastas para adquirir energía, lo que afectaría a los usuarios finales al elevar el precio de la electricidad.
El escenario en que se declare inconstitucional es poco probable, pues para ello se requiere el voto de ocho de los once ministros y ministras; es decir, al gobierno le basta con conseguir cuatro votos a favor de la constitucionalidad para desechar todos los recursos legales que se han presentado contra esa ley.
Pero esa es una parte del problema. La otra es la reforma constitucional que está por discutirse y en su caso aprobarse en la cámara de diputados, relacionada con el sector energético. Una cosa es la Ley de la Industria Eléctrica que se discute en la Corte, y otra la reforma eléctrica que se discutirá en la Cámara, donde a Morena y sus aliados les faltan 55 votos para alcanzar la mayoría calificada requerida para una modificación constitucional.
Y el PRI ya adelantó que votará en bloque contra la reforma, lo mismo que el PAN y el PRD, que en conjunto presentarán una propuesta alterna.
La propuesta del presidente es la columna vertebral de su proyecto en el rubro energético y si no pasa en el Congreso el coraje en Palacio Nacional será mayúsculo. Tema aparte es la presión del gobierno y las corporaciones norteamericanas que han puesto en duda la continuidad del T-MEC si esa reforma se aprueba.
Pero por si algo faltaba, tampoco la propuesta presidencial de reforma electoral tiene el camino despejado. El tema del que más se ha hablado sobre esta iniciativa es el de la elección directa en las urnas, de consejeros del INE y magistrados del TEPJF.
La propuesta parece vestir el ropaje democrático, pero el diablo está en los detalles. Los candidatos y candidatas serían propuestos por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a razón de 20 personas cada uno de esos poderes, diez hombres y diez mujeres.
¿Alguien pondría en tela de duda las filias políticas de las eventuales propuestas de Presidencia? En un Congreso de mayoría morenista, ¿cuántas personas identificadas con la oposición serían aprobadas? Creo que muy pocas. Y lo mismo ocurriría con las propuestas de la Corte.
Al final, la ‘plantilla’ de candidatos y candidatas estaría compuesta mayoritariamente por personajes identificados con el gobierno federal y tanto el INE como el TEPJF quedarían integrados por puros afines a la 4T. Sobre todo porque una elección como esta difícilmente despertaría el entusiasmo ciudadano de manera masiva, y más bien el voto provendría de las bases electorales de los partidos, donde obviamente la ventaja la tiene el partido del gobierno, programas clientelares incluidos.
Esos son algunos de los ‘peros’ que la oposición le está poniendo a la propuesta presidencial en la materia, cuyo destino es más bien incierto. Si no pasa, vendrá otro coraje en Palacio Nacional.
II
Pero bueno, no todas son malas noticias. Acá en Sonora la rueda de prensa semanal del gobernador Alfonso Durazo tuvo puras buenas: ya está lista la asignación presupuestal para la carretera que unirá a Guaymas con Chihuahua, proyecto en el que se invertirán 13 mil millones de pesos junto a la federación y el gobierno de aquel estado.
Esta es una obra anunciada desde el inicio de la actual administración y ya está listo el proyecto ejecutivo, la asignación presupuestal y los acuerdos con el vecino estado, de manera que en muy poco tiempo podremos comenzar a ver las máquinas trabajando. Son muy buenas noticias para Sonora, y en particular para el alicaído puerto de Guaymas, al que ya le toca una buena racha.
Por otro lado, el gobernador anunció que el premio para el primer lugar en la carrera Río Sonora Trail 2022 aumentará de 50 mil a 500 mil pesos y habrá una bolsa acumulada de 500 mil pesos más para los ganadores en las diferentes categorías. Se espera, dijo, la participación de mil personas en esta justa deportiva que tiene el objetivo de promover las bellezas de esa ruta y sus destinos turísticos.
La secretaria de Turismo Célida López Cárdenas invitó también a los y las fotógrafas sonorenses a enviar sus mejores trabajos de paisajes regionales para montar la exposición itinerante ‘Sonora, un tesoro por descubrir’ que se exhibirá en la Ciudad de México el próximo 15 de junio.
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