El pasado seis de agosto se cumplieron ocho años de lo que fue considerado el mayor desastre ecológico en Sonora: el derrame tóxico de la minera Buenavista del Cobre (Grupo México) sobre el Río Sonora, que afectó la salud y la economía de todos los pueblos en sus márgenes.
Al desastre ecológico se sumó el desastre de la rapiña en los últimos dos años del gobierno de Guillermo Padrés, que no quiso despedirse sin darle una tarascada al fideicomiso creado para remediar el daño al medio ambiente, construir un hospital y varias plantas potabilizadoras así como para indemnizar a productores agropecuarios que vieron amenazadas sus actividades.
Esa rapiña provocó que Grupo México cancelara el fideicomiso citado, a lo que siguió un largo litigio que terminaron ganando los pobladores afectados para que en 2020 la SCJN dejara sin efecto el convenio de extinción de dicho fideicomiso. Pero pasó todo el sexenio de Claudia Pavlovich sin que la justicia llegara a los pueblos del río, a lo sumo, los apoyos fluyeron a cuentagotas.
Ayer el gobernador Alfonso Durazo retomó el tema y se comprometió a instalar las plantas purificadoras de agua, que por cierto fue uno de los compromisos iniciales de Grupo México y los gobiernos estatal y federal, instalar una planta en cada uno de los pueblos afectados, lo que también se cumplió a medias.
Ayer el gobernador informó de la rehabilitación de las plantas en Bacanuchi, Banámichi, Mazocahui, San Felipe de Jesús, Ures y Huépac, así como la construcción de cuatro nuevas plantas en Aconchi, Arizpe, Baviácora y Huépac.
El gobierno federal se comprometió a rehabilitar las primeras seis plantas para finales de este año, y la construcción de las nuevas iniciará entre octubre y diciembre para lo cual ya se han lanzado las licitaciones correspondientes.
Hay además un recurso por 19 millones de pesos entregados por la Comisión Nacional del Agua y se tienen contempladas acciones para la rehabilitación y tecnificación de las unidades de riego en varios municipios donde se invertirán 23 millones adicionales.
Se acordarán que otro de los compromisos iniciales fue la construcción y operación de un hospital regional en Ures dedicado fundamentalmente a la atención de los pobladores afectados en su salud por el derrame tóxico. Ese hospital brindaría atención médica especializada, pero jamás se concluyó y mucho menos operó como tal.
Ayer el gobernador anunció un presupuesto de 85 mdp para la rehabilitación y ampliación de ese hospital, producto de un convenio entre el gobierno del estado y el Insabi.
Al parecer los problemas derivados de aquel derrame tóxico comienzan a destrabarse.
II
Juego nuevo en el PRI
Aunque aún no se agotan todas las etapas del proceso jurídico, las cosas en el PRI estatal apuntan a que tendrá que reponerse el proceso electivo, después de que el Tribunal Estatal Electoral resolviera a favor de la planilla integrada por Zaira Fernández y Pascual Soto, que había sido descalificada por la dirigencia nacional al considerar que incumplieron algunos requisitos para su registro.
La Comisión de Justicia Partidaria del tricolor había reconocido solo a la fórmula de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu, lo que fue calificado como una imposición centralista que se impugnó en tribunales electorales, donde se reconoció la validez legal de la planilla de Zaira y Pascual y se ordenó llevar a cabo la elección interna.
Seguramente Onésimo e Iris impugnarán este fallo, pero en vía de mientras su dirigencia puede ser considerada espuria y en todo caso, tendrían que ratificarla en una elección interna donde se vislumbran muy pocas posibilidades de ser ratificados.
Lo anterior en virtud de que la mayoría de los consejeros estatales de su partido son afines a las corrientes que representan Zaira y Pascual. De hecho esa fue la principal razón para que desde el CEN priista que encabeza Alejandro Moreno se maniobrara para descarrilar su fórmula evitando medirse en una votación.
El saldo del conflicto ha sido negativo para el PRI, de por sí bastante diezmado después de dos procesos electorales (2018 y 2021) en los que fueron reducidos a casi nada: perdieron consecutivamente las alcaldías más importantes (excepto Hermosillo que recuperaron en alianza con el PAN y el PRD) y perdieron también la gubernatura. Ganaron solo dos diputaciones de mayoría (Karina Zárate y Ely Sallard) y alcanzaron dos plurinominales con las que ya no cuentan, pues Ernesto de Lucas y Natalia Rivera migraron a Movimiento Ciudadano.
La prospectiva tampoco es la más favorable, pues la grieta que se ha abierto entre lo que parece ser la corriente dominante del priismo en Sonora, y el dirigente nacional Alito Moreno es suficientemente profunda para enrarecer la relación institucional en caso de que Zaira y Pascual se alcen con una victoria en la interna. Y en el caso de que pierdan posiblemente valoren, junto a otros cuadros del tricolor, la conveniencia de permanecer en ese partido.
En cualquier caso, ganen o pierdan, las tareas del PRI para relanzarse en Sonora aparecen gigantescas, el presupuesto raquítico y los ánimos caldeados. No es pues, el mejor de los escenarios rumbo a la elección 2024. Veamos qué sucede.
III
Y a propósito de partidos políticos se reporta desde el profundo sur sonorense Alí Camacho, promotor de una organización que busca el registro como partido estatal, informando que ya llevan 40 de 48 asambleas municipales realizadas con ese fin.
Las más recientes fueron en Bácum, Álamos y Benito Juárez. De seguir así, para 2024 tendremos al menos otros dos partidos en la contienda estatal. Uno de ellos es Vamos, que promueve Norberto Barraza y sus colaboradores; el otro es el Partido Sonorense que promueve Alí Camacho.
Veamos cómo les va a la hora de los sufragios si consiguen los requisitos para su registro.
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