Entretelones
Samuel Valenzuela
Sujeto a la oferta y la demanda, a vaivenes de la economía y a políticas subsidiarias que aplican diversos países del mundo, la comercialización de granos mete en cíclicas crisis a productores agrícolas de Sonora, cada vez más en la indefensión como resultado de torpes políticas públicas del gobierno.
Privilegiar la importación de trigo y maíz de países cuyos gobiernos aplican fuertes subsidios a ese sector de la producción, es una puñalada trapera en contra de quienes corren el riesgo de quedarse con millones de toneladas en sus silos, dejando a ejidatarios y a privados en la ruina y sin capital para segundos cultivos y con abultada cartera vencida que arrastrará a la proveeduría.
Este jueves se decide.
No es la primera vez que se ponen de moda los famosos precios de garantía, que si bien ahora se les dice incentivos, son la base para una comercialización favorable en el mercado nacional y fuente fundamental para el sostenimiento de la producción de alimentos en los valles agrícolas del sur de Sonora y de Sinaloa.
Pero nunca como en estos tiempos, el gobierno federal había dado un trato tan mezquino, tan condicionado y tan pichicato a ese sector productivo, además de pretender aplicar criterios clasistas en la dispersión de esos incentivos, cuando la problemática afecta por igual a ejidatarios y a productores privados, cuyos liderazgos están juntos en sus exigencias para que Víctor Villalobos Arámbula y Palacio Nacional pongan la parte que la ley les obliga y dejen de jugar al Tío Lolo.
La situación luce catastrófica si en el corto plazo no se atiende las demandas planteadas en un punto de acuerdo signado por una decena dirigentes de organizaciones agrícolas, distritos de riego, uniones de crédito y demás del sur del estado, en lo que se parece un ultimátum que vence este próximo viernes y que también lleva las firmas de los representantes de la SADER en Sonora, Plutarco Sánchez Patiño y Ramón Osuna.
En el documento cuya brevedad no le quita contundencia, se establece la urgencia de dar continuidad a la gestión del plan emergente para productores de granos básicos con miras a que se establezcan incentivos emergentes a la producción de trigo y el maíz, fijándose un precio de 8 mil y 7 mil pesos por tonelada respectivamente, considerando el total de la producción, sin límites de superficie sembrada ni destino de la comercialización.
Por supuesto que ese asunto es responsabilidad federal, pero como es lógico, tiene fuertes y profundos efectos para la gobernanza y estabilidad en Sonora y por eso el gobernador Alfonso Durazo Montaño ya comprometió su interlocución entre la representación de productores y la instancia federal, tal como se acordó en reunión que se llevó a cabo en la sede del Poder Ejecutivo Estatal hace pocos días.
Víctor Villalobos Arámbula.
Nos comentan que hay fluidez en el diálogo entre el gobernador y liderazgos como Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Agricultores del Sur de Sonora, José Abel Castro, de la Alianza Campesina del Noroeste, así como con dirigentes de colonos agrícolas, presidentes de uniones de crédito y de los módulos de riego del Valle del Yaqui y de la región Fuerte-Mayo.
A lo mejor esa interlocución ya dio buenos frutos, porque ante el vencimiento del plazo este viernes próximo, que podría escalar en bloqueos de maquinaria en coordinación con productores de Sinaloa, este miércoles el delegado de la SEGOB en Sonora, Máximo Moscoso Pintado informó que está por anunciarse una bolsa de tres mil millones de pesos con los que se cubrirán las demandas de trigueros y maiceros, sin que tengamos idea si dicho monto sea suficiente para quitar las ponzoñas.
Es de suponerse que este jueves aparecerá el fantasmal titular de la SADER, para hacer el anuncio correspondiente, porque de no ser así, hay quienes vaticinan un viernes muy difícil y que se pondrá peor en los próximos días si se impone la mezquindad y falta de solidaridad del gobierno con el sector agrícola del sur de Sonora y el norte de Sinaloa.
Máximo Moscoso Pintado.
Por otra parte, el presidente municipal de Huatabampo, Jesús Flores Mendoza pudiera tener los días contados al frente de esa responsabilidad luego de escalar las consecuencias de la mutilación del aguijón defensivo de las mantarrayas, al aparecer muertos cientos de ejemplares de esa especie marina en las playas de Huatabampito y todas sin dicho espolón.
El munícipe en principio asegura que él no dio esa orden ni autorizó a la directora de ecología de la Comuna, Elizabeth Guerrero, pero como dicen los clásicos, se extiende el trascendido que esta pobre señora producto de las cuotas y cuates con que MORENA integra la administración del sector gobierno, sólo obedeció órdenes y se sumó con todo entusiasmo a esa estrategia cavernícola.
Nos hacen llegar información que ella viene a ser el tradicional chivo expiatorio de una decisión tomada con el fin de hacer más placentera la estancia de los miles de visitantes que acuden a ese maravilloso destino playero en el sur de Sonora y que el asunto estaría por estallar.
En ese sentido, en la sesión de este jueves de la legislatura sonorense, las diputadas Claudia Zulema Bours Corral y Brenda Lizeth Córdova Búzani, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, presentarán al pleno un exhorto para que el ayuntamiento de Huatabampo informe al Congreso del Estado, quién giró la instrucción de mutilar las mantarrayas, que se informe de sanciones, identidad, puestos y tipo de sanción contra quienes perpetraron tales hechos.
También si ya se inició algún procedimiento ante instancia municipal, estatal o federal en contra de
Claudia Zulema Bours C.
las y los responsables de las mutilaciones y en caso de haber iniciado, ante que autoridad y de qué tipo, o bien, si no se han aplicado en ese asunto, porqué no lo han hecho, además de informar sobre las acciones que se realizarán para revertir el daño al ecosistema.
Flores Mendoza ha resultado un pésimo controlador de daños y más bien luce como alguien en un pantano que cada vez que se mueve se hunde más, resultando pueril su deslinde al exhibirse, primero como ajeno a lo que ocurre en el municipio y que sus subordinados pueden hacer lo que les pegue en gana o segundo, el lavarse las manos solo fue una opción emergente para salvar el pellejo, que al parecer abortará si la señora en cuestión decide defenderse para atenuar responsabilidades.
A propósito de mutilación y sin salirnos de la Cámara de Diputados, la bancada de Movimiento Ciudadano presentará un posicionamiento respecto a la reforma Constitucional en materia de Derechos y Justicia Política Electoral, que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el marco de la intención de las nomenclaturas de MORENA, PRI, PAN, PT, PRD, PVEM y otras rémoras de mutilar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No sabemos quién subirá a tribuna para la lectura correspondiente, pero es menester destacar que el MC es la única representación partidista en San Lázaro que ha cuestionado la sorprendente alianza entre MORENA y la supuesta oposición que dicen ser el PAN, el PRI y el PRD y que se ha negado a sumarse al contrasentido de asestar un golpe brutal al también conocido como el TRIFE, incluso con efectos similares por los que está en proceso de anulación el Plan B con que el partido oficial y el gobierno de la 4T pretendió destazar al Instituto Nacional
Jorge Russo Salido.
Electoral.
Muy malitos se están viendo Alejandro Moreno, Marko Cortés, Jesús Zambrano y demás yerbas ahora comiendo de la mano de Mario Delgado, solo porque los atosiga la misma causa: el TEPJF ha emitido resolutivos en contra de sus intenciones prologar sus mandatos como dirigentes, además de promover reformas que acotan la participación de mujeres, y personas con discapacidad, entre otras cosas que seguramente detallarán Rosa Elena Trujillo, Natalia Rivera, Jorge Russo Salido o Ernesto de Lucas.
Y más allá del romanticismo condescendiente de la cámara baja del Congreso de la Unión al reducir la edad mínima para ser Diputada y Diputado Federal de 21 a 18 años, y para ser Secretaria y Secretario de Estado de 30 a 25 años, ese tema amerita un análisis que evidentemente no hicieron quienes decidieron dar el derecho a ser votadas a jóvenes que con solo haber cursado la prepa tendrán responsabilidades legislativas de primer orden.
En Estados Unidos se ha debatido mucho el porqué a los 18 años se recluta a jóvenes en las distintas ramas de las fuerzas armadas de ese país, pero está prohibido que ingresen a antros y que beban alcohol, porque se arguye que a los 18 años no se ha alcanzado la madurez mental para actuar con la debida responsabilidad.
Acá es lo mismo, pero es distinto en el caso de la clase política y la tradicional partidocracia, ya que con esa reforma ya aprobada, las cúpulas deben estar sobándose las manos con fruición y prospectando un futuro esplendoroso para sus juniors como legisladores y legisladoras, así como integrantes de gabinete, como pago a cuotas familiares para clanes enquistados en el sistema político a la mexicana.
