Samuel Valenzuela
Cuando Guadalupe Taddei Zavala renunció como comisionada presidenta del ISTAI para irse a la Ciudad de México al resultar beneficiada por la tómbola y resultar presidenta del INE, seguramente no previó la cloaca que dejó abierta y el cochinero que brotaría de ella.
Primero el sorprendente criterio impuesto por la representación de MORENA y sus furúnculos en el Congreso del Estado, para negar la natural prelación que representa una suplencia cuando el o la propietaria de determinado puesto se separa de su encargo, porque saben qué, decidieron que Rebeca Fernanda López Aguirre, suplente de Taddei Zavala no la suplirá y que se convocaría a quienes se interesaran en ser parte del ese organismo de transparencia para suplir a la ahora titular del INE.
Guadalupe Taddei Zavala.
De nada sirvieron posicionamientos que demostraron el contrasentido de tal decisión y la anacrónica aplanadora del partido oficial solo concedió a López Aguirre una presidencia transitoria en tanto que se cumplieran los plazos previstos por la convocatoria para el registro de aspirantes, entrevistas y demás, quedando como fecha fijada por la Comisión de Transparencia, el 8 de mayo para el cierre de registros.
Se suponía que el 9 de mayo se publicaría el listado de aspirantes, para luego abrir la etapa de impugnaciones en contra de aspirantes, después las entrevistas y evaluaciones para culminar con una propuesta al pleno para definir la selección correspondiente.
Pues este jueves, las integrantes de esa comisión legislativa, las diputadas Natalia Rivera y Rosa Elena Trujillo, dieron a conocer que el cochinero sigue brotando de esa cloaca, ya que en lugar de publicar el listado de once aspirantes que se registraron en tiempo y forma, de forma ilegal se determinó extender el plazo de esos registros hasta el 15 de mayo.
Increíble la impudicia y la desvergüenza de la presidenta de la comisión Beatriz Cota Ponce y de su cofradía integrada por Jacobo Mendoza , el pollito Castelo, Paloma Terán y Ernestina Castro, a quienes como el tiempo les apremiaba, decidieron llevar a cabo una sesión por Whatsapp, sin cumplir con los protocolos de la ley orgánica del Congreso y su reglamento interno, para de forma irregular e ilegal extender el plazo de registro, con el natural rechazo de las citadas diputadas de Movimiento Ciudadano, quienes en conferencia de prensa reprobaron esas prácticas que denigran a la representación popular sonorense.
Beatriz Cota Ponce.
Queda claro que cuando decidieron que los suplentes a cualquier cosa no necesariamente deben cubrir funciones de los propietarios, fue porque consideraron que López Aguirre no responde al interés del gobernador y del partido oficial en materia de transparencia y que más que pretender desaparecer al ISTAI como quieren hacerlo los cuatreros a nivel federal con el INAI, acá se trata que ese organismo no moleste al ejecutivo con recursos por solicitudes de información negadas y esté bajo su control.
Y la anterior premisa se comprueba con esta ampliación del plazo de registro, ya que como bien lo indicó Natalia, resulta obvio que al gobernador no le llenó el ojo ninguno de los once registros, entre ellos el contralor del Congreso, Benjamín Gaxiola, Leonor Santos, José Vega, entre otros en los que se incluyen los tres comisionados actuales del ISTAI, sin que tengamos idea de porqué lo hicieron Ana Patricia Briceño Torres y Wilfredo Román Morales ya integrantes del organismo, que en el caso de López Aguirre luce legítima su aspiración de ser comisionada propietaria.
El hecho está que no se requiere de mucha tatema, para concluir que la ampliación del plazo de registros, lleva dedicatoria para ese personaje que quiere el gobernador y el partido oficial en la presidencia de ese organismo presuntamente autónomo, para ahora sí tener su control absoluto y que por alguna razón no tuvo tiempo o no previó hacer el trámite de registro.
Según radio pasillo y elucubraciones al vuelo, ya hay quienes especulan que la dedicatoria aludida es para la aún fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras, aunque desde nuestra perspectiva, sabe si una profesional de las leyes aceptaría ser parte de un proceso legislativo viciado de origen y con altos riesgos de no pasar la aduana de la constitucionalidad toda vez las evidentes violaciones al proceso legislativo.
Alfonso Durazo Montaño.
Bueno, eso en caso de quien se registre a destiempo resulte beneficiado con el nombramiento, ya que, cualquiera que cumplió con dicho trámite de acuerdo con los términos de la convocatoria original, podrá impugnar las ilegalidades de la mayoría de la comisión de transparencia o bien, a lo mejor prefieren aceptar que está de la fregada empleitarse con el ejecutivo, tal como al parecer ocurrió con la suplente de la señora Taddei Zavala y dejar las cosas como a los cuatreros les gusta.
Por lo demás estos días son de rabia entre productores de trigo y de maíz por la falta de compromiso y solidaridad del gobierno federal ante precios que no cubren ni los costos de producción, tema en el cual es común escuchar que dicha problemática es de todos los años y que agricultores del sector social y privado no tienen llenadera.
Hay otros que desbarran y desperdigan la estulticia de que la demanda de los trigueros de Sonora es que el gobierno de Alfonso Durazo Montaño contrate deuda o redireccione recursos del Estado, descobije programas de becas y de apoyo social para satisfacer sus ambiciones luego que la paridad peso-dólar los puso en desventaja al comercializar sus cosechas.
Quizás porque esta problemática no se presentaba desde el 2016 y que se resolvió sin tanto brinco ni sombrerazos, se da la supina ignorancia que deriva en “análisis” tan superficiales y sin sentido, porque en efecto, es absolutamente falaz que la demanda por precisos de garantía para el trigo, el maíz, el frijol o el arroz sea cosa de todos los años.
Incluso, a pesar de compromisos de campaña y publicitados posicionamientos en favor de la soberanía y autosuficiencia alimentaria; solidaridad con productores agrícolas de representantes del actual gobierno, por condiciones favorables del mercado internacional de granos no hubo problemas en los últimos años y esta es la primera vez que piden su apoyo y responden con una cerrazón histórica.
La rabia triguera.
Por supuesto que la solicitud de apoyo al precio del trigo que hacen los productores no es con cargo al presupuesto del gobierno de Sonora ni de otras entidades productoras, si no que, así como ha ocurrido desde 1953 cuando se instauró esa política de apoyo a la producción de alimentos, siempre ha sido con cargo a los presupuestos de los gobiernos federales en turno.
En otras palabras, a lo largo del gobierno federal cuatrero los productores de trigo y maíz habían podido sortear distintos obstáculos, incluido el de la corrupción rampante en SEGALMEX, sin pedirle chichi al gobierno federal, hasta que se les vino encima un contexto de condiciones adversas que desplomaron al mínimo el precio por tonelada de trigo, que en circunstancias de normalidad gubernamental, debió generar de inmediato una estrategia de protección y cobertura a la producción nacional y para sus productores.
Pues no, porque ocurrió el presagio expuesto por liderazgos del campo mexicano desde que por allá en el 2019 se establecieron normas básicas de operación de apoyo a la producción de básicos y que dejó en la indefensión a la agricultura organizada de este país, privilegiando el autoabasto, la agricultura de autoconsumo y a micro agricultores que poco inciden en llegar al objetivo de la soberanía alimentaria y si a ese precario sector le tiran con minucias, peor ocurre con la producción intensiva de granos.
Resulta evidente la cerrazón federal y luce inamovible el paquete de 11 acuerdos dado a conocer el miércoles por el gobernador Durazo Montaño que incluye el que la industria molinera pagará un precio fijo de 310 dólares por tonelada de trigo cristalino, más un incentivo de 200 pesos, hasta un volumen total de 400 mil toneladas.
Rubén Rocha Moya.
Respecto al precio del trigo panificable se refrendan los 200 pesos por tonelada y se cierran importaciones del cereal proveniente de países fuera del TECMED, así como condiciones proteínicas, entre otros puntos que posiblemente tengan impacto favorable en el largo plazo pero que ahora resultan irrelevantes ante las perspectivas ruinosas que enfrentan los valles agrícolas del sur de Sonora y norte de Sinaloa, además del Valle de Mexicali y zonas de Coahuila y de otros estados del país.
Pues este día inició la aplicación de más presión a las estrategias de presión que se concentran por lo pronto en las instalaciones de PEMEX en el puerto de Topolobampo por productores de Sinaloa, movilización a la que se sumó grueso y combativo contingente sonorense, que para hacerlo tuvo que sortear estricto operativo policiaco militar , pero que logró por lo pronto posponer lo que parecía una inminente acción de desalojo de parte de la Guardia nacional; policías estatales del vecino estado y de municipios aledaños.
Esto va para largo y vale destacar el eje del discurso de los liderazgos de dicho bloqueo: sus acciones son en apoyo a las gestiones que realizan los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y el de Sonora, Durazo Montaño, sin que tengamos idea si ambos continúan tratando de abrir puertas allá donde aseguran tener tantas influencias.
Y, por cierto, en todo este problema en donde chingados andan por ejemplo el senador Arturo Bours o diputados federales como Shirley Vázquez, Bernardo Ríos, Gabriela Martínez, quienes se supone representan a afectados, pero que por lo visto prefieren pasar como solo floreros y levanta dedos, en función de las instrucciones que reciban de sus padrotes.
