Que nos cuiden, muy difícil si no imposible; que nos hagan justicia, muy complicado pero posible. Este es el par de escenarios relacionados con el ejercicio del periodismo y los imprevistos y riesgos que se enfrentan en el desempeño de nuestra profesión.
Exigir la protección de instancias de gobierno se nos figura un exceso, porque no habría forma de establecer dicho blindaje que también exige toda la sociedad y más bien, la mejor defensa que puede ofrecer el Estado a comunicadores y a ciudadanos en general, es que ningún crimen o agravio quede impune, como factor fundamental de disuasión.
El asesinato el viernes del periodista Santiago Barroso Alfaro en San Luis Río Colorado, crispa el ánimo del gremio de la comunicación en Sonora, que a penas se recuperaba del reciente atentado en Hermosillo donde resultó muerto Reynaldo López y gravemente herido Carlos Cota.
Desde nuestra perspectiva, no resulta muy coherente responsabilizar a instancias de gobierno por tales hechos, a no ser que desde un plano muy genérico se les culpe de propiciar condiciones favorables para la violencia y el delito, y mucho menos resulta coherente exigir protección para todos quienes integramos este dinámico, creativo y aventado gremio en la entidad.
La mejor protección que las instancias de gobierno, sean Municipios, el Estado o la Federación, pueden dar a comunicadores, no es colocar policías por fuera de cada domicilio, en el marco de la exigencia de implementar condiciones de seguridad para periodistas, si no potenciar acciones decisivas en el combate a la delincuencia y contra la impunidad.
Quienes nos dedicamos a este fascinante oficio, siempre estamos en la mira de actores de todo tipo y no falta el que reacciona negando el saludo o la entrevista, cancela publicidad, envía mensajes con pretensiones intimidatorias o los casos donde se llega hasta la agresión física.
Así las cosas, ni Ayuntamientos, Gobiernos Estatales ni la Federación, están en condiciones de brindar protección personalizada para cada uno de nosotros y tampoco están en condiciones de adivinar los riesgos que enfrenta cada quien y cada cual, para emprender acciones preventivas.
Es por eso, ante hechos como el ocurrido en San Luis Río Colorado, que todo queda en tomar la calle y hacer plantones para exigir justicia y castigo en contra de responsables, acciones que deben ser complementadas con mensajes contundentes de compromiso y solidaridad de parte del sector oficial, que para efectos de tener protección, pues de plano hay que reconocer que para ello hay que rascarnos con nuestras propias uñas, salvo en contadas excepciones.
Así las cosas y a fuerza de ser realistas, a no ser de acciones propias de protección, poco o nada se puede esperar en ese sentido de parte del sector oficial por más ganas que le pusieran, que en todo caso debe atender las exigencias de la sociedad en general frente al fenómeno creciente de la delincuencia, y en esa “sociedad en general”, estamos incluidos los comunicadores y nuestras familias.
A lo que sí están obligadas las instancias de gobierno, es que frente a actos consumados, se articulen acciones decisivas y contundentes para dar con agresores, que en ese sentido, al menos en esta entidad la Fiscalía General de Justicia del Estado batea 500 de promedio en casos extremos de violencia contra el gremio, al ser detenida toda la célula criminal que privó de la vida a Reynaldo y dejó muy malherido a Carlos, tragedia que si bien de acuerdo a la fiscal Claudia Indira Contreras no fue por motivos relacionados al ejercicio profesional de los agredidos, ambos estaban ligados a la comunicación.
Esa es una buena noticia, si comparamos que prevalece la impunidad en similares atentados que han costado la vida a cinco comunicadores de otros estados del país, con la esperanza de que la efectividad de las indagatorias en la agresión ocurrida en Hermosillo, se repita en San Luis Río Colorado y sean detenidos los responsables del acto criminal contra Barroso Alfaro.
Por supuesto que la principal línea de investigación en ese caso debe ser el desempeño profesional del compañero asesinado y por otra parte, sabe en que sentido se debería de actuar o cómo hacerle para construir los afamados mecanismos que garanticen protección al periodista.
Como sea, bien la movilización de contingentes de comunicadores que se manifestaron frente al Palacio de Gobierno y frente a la delegación de la Fiscalía General de la República, destacando que en el primer caso, fueron atendidos por el Secretario Técnico, Epifanio Salido y por la coordinadora de comunicación gubernamental, Ivonne Andrade, quienes ratificaron la solidaridad de la gobernadora Claudia Pavlovich con la familia de Santiago, y su compromiso para que el crimen no quede impune.
No tenemos idea si las huestes reporteriles fueron atendidas por el delegado de la Fiscalía Federal, Pavel Humberto Núñez, cuyo referente inmediato disponible es a la inversa de las exigencias de los periodistas, ya que como representante jurídico de la entonces candidata y ahora senadora Lilly Téllez, promovió ante instancias judiciales acciones penales en contra de media docena de periodistas, en abierta embestida en contra de su derecho a la libertad de expresión.
En fin, la buena noticia en medio de la incertidumbre y ánimo decaído por los que le pasó a Barroso Alfaro, es que salvo restricciones de orden presupuestal de parte de instancias oficiales, los medios de comunicación y periodistas no enfrentan ningún riesgo desde por esos rumbos y si bien pegarle a las finanzas reporteriles podría interpretarse como ataque a la libertad de expresión, eso resultaría un exceso, aún tratándose de intenciones dirigidas en ese sentido.
Solo para el anecdotario el asomo de discrepancias de convocantes a las movilizaciones de este lunes; unos dirigiendo sus exigencias al Gobierno del Estado y otros al Gobierno Federal, aunque a fin de cuentas al parecer la mayoría unificó criterios y decidieron privilegiar la simbiosis de responsabilidades de dichas instancias, aunque en términos puntuales y concretos, el primer responsable y no por atracción del caso, sino porque así lo señala la ley, es la federación, en tanto que la autoridad estatal asume la coadyuvancia en la indagatoria.
Aparte quedan los tradicionales oportunistas que aprovechan tragedias como éstas para publicitar sus particulares enconos y sacar raja del dolor ajeno mediante exposiciones histéricas, como si sus peripecias tan comunes en el trato con instancias gubernamentales tuvieran efectos extremosos.
Mientras tanto, vaya revuelo el causado por el exalcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, quien ahora es objeto de señalamientos extremistas y una serie de estulticias para dejar de lado la clase de riñones que tiene nuestro amigo al dar la cara, hablar de frente, seguro y contundente, para defenderse de ocurrencias que procuran su descrédito social.
No nos vamos a meter en honduras y nos concretaremos a destacar el valor de “El Maloro” para decirle al pan, pan y al vino, vino, reconocer errores y fallas; señalar lo que considera el origen de los ataques en su contra y con ello exhibir de fea forma a la alcaldesa Celida López Cárdenas, que en lo que se dice de supuestos rompimientos grupales y demás, pues ni que fuera qué para que tales eventualidades sean el fin de carreras políticas consolidadas como la del exalcalde capitalino.
A propósito de ánimos puntillosos, escala la confrontación que impulsa Daniel Baranzini como estrategia para hacerse de la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora, en tanto que su adversario, Héctor Platt Martínez, sin aspavientos y como velando armas se aboca en el convencimiento de quienes votarán en la asamblea que se llevará a cabo en más o menos 20 días.
Baranzini luce como desesperado, porque de pronto la emprendió en contra de comunicadores que mantienen intensa presencia en redes sociales y que por ende, están atentos a ese proceso electivo y a otros asuntos vigentes en el trajín de la vida comunitaria sonorense, que en el caso de la sucesión en la UGRS, emitieron sus opinión frente a los alardes del aspirante al postear presuntas alianzas con el oficialismo morenista y aventarse el rollo de que dichas instancias políticas garantizarán una elección equitativa en ese gremio.
A ojo de buen cubero, tales garantías resultan innecesarias toda vez la claridad de las reglas que tienen para esos menesteres los rancheros organizados de Sonora y si de acuerdo a dichas reglas gana Baranzini, seguramente le será reconocido y si no, pues no le será reconocido.
