Todavía está en el papel, pero el recortado presupuesto federal ya encendió focos rojos frente a la severa reducción de recursos para obra pública, un rubro en el que este año el estado dejó de recibir 700 millones de pesos y el 2020 les repetirán la dosis.
Recursos que se destinaban, entre otras cosas, para obras de pavimentación, recarpeteo y en general la reparación de vialidades, un tema que se está complicando sobremanera, especialmente en las ciudades como Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas, Navojoa, por citar algunas.
La desesperación comienza a hacer presa de algunos alcaldes y alcaldesas, como la de Hermosillo, que ya no siente lo duro sino lo tupido de las críticas ciudadanas por el estado de las calles, particularmente dañadas con las recientes lluvias.
Hermosillo tiene una larga historia de rivalidades entre los principales ocupantes de los palacios de gobierno, unidos por un puente pero separados casi siempre por las coyunturas políticas. Desde Samuel Ocaña y Casimiro Navarro, pasando por Manlio y el Guaty; López Nogales y Pancho Búrquez; Bours y El Borrego, hasta Padrés y López Caballero.
En todos los casos, esta suerte de maldición en la capital del estado la terminamos pagando los ciudadanos.
Esperemos que entre mujeres no sea el caso, pero Célida López no dudó en sacar la cartera de deudores, enlistando al gobierno del estado a quien pretendió cobrarle cerca de cien millones de pesos por concepto de predial y agua potable, pero no fue lejos por la respuesta.
El secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos aprovechó una rueda de prensa en la que detalló montos y destinos del presupuesto estatal 2020, para reconocer una deuda de prediales por cinco millones de pesos correspondientes a este año, mientras que por concepto de agua potable habría que cuadrar los números, pues el Ayuntamiento adeuda al estado unos 30 millones de pesos por las extracciones y operación del acueducto El Novillo, con lo cual saldrían probablemente “empatados”.
Si algún municipio ha sido favorecido con recursos estatales, es Hermosillo, dijo por su parte el secretario de Infraestructura, Ricardo Martínez Terrazas, aunque reconoció que el próximo año, todos habrán de sufrir las consecuencias del recorte federal.
En tono conciliador, ambos funcionarios mostraron voluntad para alcanzar acuerdos que permitan hacer más con menos en los municipios, optimizando el gasto y recurriendo a fuentes alternas de financiamiento, un tema que tendrá que resolver el Congreso del Estado, aprobando la contratación de una línea de crédito por mil 300 millones de pesos que vendrían a suplir la disminución de recursos federales, o su reorientación hacia programas asistenciales.
Sin duda, es la hora de los acuerdos. La falta de inversión para obra pública estaría proyectando escenarios de catástrofe en algunos municipios y, al margen de filiaciones políticas, los que estaríamos pagando las consecuencias seríamos los ciudadanos.
Célida no es la única que está visualizando ese complicado escenario. El resto de los alcaldes, que históricamente llegan a diciembre con las arcas vacías y sin recursos para sacar adelante sus compromisos de nómina y aguinaldo también observan con preocupación cómo los recursos federales se destinan a los llamados programas de bienestar, mientras sus ciudades se vienen abajo.
Para que se den una idea, este 2019, el gobierno federal recortó al estado unos 700 millones de pesos para inversión en obra pública, pero nada más en Hermosillo repartió unos 800 millones de pesos a los diversos programas, especialmente el de Jóvenes construyendo el futuro (ninis) y pensión universal para adultos mayores.
Esa historia se repetirá, corregida y aumentada en 2020.
Obviamente los alcaldes, particularmente los de la coalición Juntos haremos historia meten las manos a sus arcas y nomás se les rueda un lagrimón, mientras ven pasar volando miles de millones de pesos, pensando que con un diez o quince por ciento de esos montos, resolverían varios problemas de infraestructura urbana.
Pero tampoco pueden decir nada, porque si calladitos les va como les va, levantando la voz les puede ir peor. Y eso aplica también para gobernadores y gobernadoras que además tienen que cargar con el peso del estigma, pues el principal criterio para reorientar de esta manera el gasto público, es que alcaldes, gobernadores, diputados, senadores y otros intermediarios, se robaban el dinero.
Desde la óptica presidencial, eso tendría alguna lógica, injusta en algunos casos si se quiere, cuando esos funcionarios eran del PRI y del PAN, pero ahora que la coalición tiene mayoría en las cámaras y en Sonora por ejemplo, sus alcaldes gobiernan al 85 por ciento de la población, sólo refleja que el presidente no confía ni en sus correligionarios.
El punto es que, considerando el paquete económico federal 2020, el estatal contempla una reducción de 759 millones de pesos para obra pública (17% menos); los recursos federales ascenderán a mil 369 mdp, mientras que los estatales alcanzarán 994 mdp que, de acuerdo a los hombres que manejan las finanzas estatales, resulta insuficiente para sacar adelante los compromisos del próximo año, por lo que se hace necesaria la contratación de deuda por mil 300 mdp.
Con esos recursos se estaría financiando entre otras cosas, obra educativa que ya está en proceso (163 mdp); 10 mdp del Fondo de Desastres Naturales para atender los estragos de las recientes lluvias; 423 mdp para obra nueva; 180 mdp para el Teatro Sonora (un tema que algunos consideran no prioritario); y 500 mdp para la culminación del nuevo hospital de especialidades en Hermosillo.
La autorización para contratar esa línea de crédito recae en los diputados locales, con los que ya se está cabildeando.
II
Y a propósito de la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento para obra pública, la alcaldesa Célida López está explorando la ruta de la solidaridad de la sociedad civil para sacar adelante algunos proyectos.
Lo hizo con empresarios a quienes solicitó ayuda para reparar calles después de las lluvias de verano, logrando donaciones importantes de asfalto; también con el Grupo Mazón, que donó un camión recolector de basura en febrero pasado, cuando ese problema se encontraba en un momento crítico.
Ahora ha lanzado el Bardatón, una iniciativa para que quienes puedan y quieran se apunten como donadores, ya sea en efectivo o en material para construcción destinado a levantar la barda del Centro Galilea, un espacio para la atención integral de personas en situación de calle.
¿Y saben qué? La respuesta ha sido buena. Hasta ayer se habían acercado 108 donantes dispuestos a contribuir con al menos un metro de la barda perimetral requerida, y cuya longitud total es de 455 metros.
Por si les interesa ponerse guapos, la cuenta en la cual depositar es la 0111823450 de BBVA Bancomer.
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