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A principios de septiembre pasado, el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco fue desconocido por el Congreso de aquella entidad. La causa: un presunto desfalco por 233 millones de pesos, en el que estaría involucrada la síndica Concepción Falcón, esposa de Ramiro López Obrador y por tanto, cuñada del presidente de la República.

José Ramiro fue alcalde de Macuspana por el PRD y sobre su administración pesa una denuncia por un presunto desvío de 100 millones de pesos. Recientemente renunció a una subsecretaría en el gobierno estatal de Tabasco para buscar un nuevo cargo de elección, ya sea la alcaldía o una diputación federal, ahora por Morena.

En agosto pasado, el hermano del presidente, Pío López Obrador fue evidenciado recibiendo abultados sobres de billetes por parte de David León. Aportaciones para la campaña presidencial de 2018. David León era entonces funcionario del gobierno de Chiapas y cuando apareció el video se desempeñaba como titular de Protección Civil Nacional, cargo al que tuvo que renunciar. Posteriormente, Pío fue absuelto.

Eme Equis publicó ayer que la renuncia de Alfonso Romo a la jefatura de la Oficina de Presidencia tuvo como principal motivo, las diferencias con Andrés López Beltrán, el hijo del presidente de la República, que más influencia tiene sobre él. Simplemente, cita la publicación, se cansó de luchar contra el segundo hombre más poderoso en Palacio Nacional.

Hace unos días, reventó una noticia en la que Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente resultó favorecida con contratos de Pemex con su empresa, por 365 millones de pesos. La información fue divulgada por Carlos Loret de Mola y al conocer la fuente, el presidente soltó una sonora y burlesca carcajada en plena mañanera. Al modo, cuestionó la objetividad y el profesionalismo del periodista.

Pero la información fue obtenida por la vía de Transparencia y resultó cierta, al grado de que Pemex rescindió ayer tales contratos y se comprometió a investigar los procedimientos mediante los cuales fueron otorgados.

El entorno familiar del presidente se está convirtiendo en un problema serio, lo mismo su círculo cercano donde han menudeado las denuncias de corrupción, enriquecimiento inexplicable y tráfico de influencias: Manuel Bartlett Díaz con sus propiedades inmobiliarias; su hijo con los contratos millonarios con el IMSS para venderle ventiladores Covid19, algunos inservibles; John Ackerman y su esposa, Irma Eréndira Salazar (secretaria de la Función Pública); Zoe Robledo, entre otros.

La constante en todos estos casos ha sido una: el no ejercicio de la acción penal. La impunidad, pues.

¿Qué tanto afectará la suma de todos estos casos en la percepción de los mexicanos sobre el gobierno de Andrés Manuel? 

Él dice que nada, pues sigue contando con el apoyo del 71 por ciento de la población mexicana. Sin embargo, cuando se solicitó por la vía de Transparencia el estudio del cual se habría obtenido esa cifra, la respuesta de Presidencia fue que no había sido encontrado el soporte documental del caso.

Así, es posible que ese 71 por ciento sea una más de las ‘voladas’ del presidente, de esas afirmaciones que suelen ser tomadas como dogmas de fe, inobjetables por definición, aceptables por obligación entre sus correligionarios, y como material para memes entre sus adversarios.

Es indudable que el presidente sigue teniendo niveles de aceptación altos y aunque en dos años ha registrado una caída sostenida, ésta no es suficiente para anticipar derrotas electorales generalizadas en todo el país durante las elecciones de 2021, pero tampoco resultan suficientes para la algarabía y las campanas al vuelo.

Una cosa es el presidente y otra su partido. Las elecciones en Hidalgo, pero sobre todo en Coahuila donde Morena fue avasallada en las urnas son un indicador que no debiera subestimarse. 

Especialmente porque las elecciones intermedias del año entrante estarán definidas en muy buena medida por las agendas locales y la evaluación que los ciudadanos hagan de sus entornos inmediatos, que tienen mucho que ver con el ejercicio de gobierno en sus localidades y la correlación de fuerzas entre el partido oficial y la oposición. Por citar un ejemplo, no es lo mismo Guerrero que Sonora, o Tabasco que Nuevo León.

El caso de Felipa Obrador es la cereza en el pastel de las confirmaciones en el sentido de que en realidad poco ha cambiado en el país a propósito de malas prácticas. Y a querer y no, la suma de todos los casos son como el viento de realidad que va erosionando la presumida autoridad moral del nuevo gobierno, y alimentando la idea de que si no son iguales a sus antecesores, con el correr del tiempo se van pareciendo mucho.

Lo peor que podría pasarle al país es llegar a ese punto en que las opciones son entre un pasado que fue abrumadoramente rechazado en las urnas en 2018, y un futuro construido sobre las bases de un presente desalentador.

Lamentablemente, parece que hemos llegado a ese punto en tan solo dos años. De tener todas las soluciones, Morena pasó a tener todos los pretextos, pero por el otro lado, la oposición no ha logrado articular una oferta que vaya más allá de la descalificación, o peor aún, la suma de proyectos políticos que ni siquiera pueden ser bien vendidos entre sus propias militancias.

Aprestémonos pues, para asistir a una campaña sui géneris, cruzada por una pandemia inesperada y devastadora; por alianzas fincadas en lo pragmático y no en lo programático; por un electorado que se sigue ubicando en el terreno de los indecisos y sobre todo, por el desencanto por lo viejo y por lo nuevo, que se parece mucho a lo viejo.

Felipa Obrador ayuda mucho a documentar ese pesimismo.

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