Son sólo seis meses los que nos separan de la jornada electoral 2021 en la que los sonorenses habremos de renovar la gubernatura, el Congreso local y elegir a siete diputados federales.
Arribamos en una situación novedosa en la que las principales fuerzas se han atomizado en dos grandes alianzas y una tercera opción que ha decidido competir con sus propios cuadros, propuestas y capacidades para buscar el voto mayoritario en un universo de aproximadamente un millón 200 mil electores. (La lista nominal rebasa los dos millones, pero los votos efectivos oscilan en el 50 por ciento).
De un lado, Alfonso Durazo Montaño encabeza la alianza Morena-PT-PVEM-PANAL; del otro, Ernesto Gándara hace lo propio con la alianza PRI-PAN-PRD. En el tercer cuadro, Ricardo Bours Castelo, encabezando los esfuerzos de Movimiento Ciudadano que hasta el momento no aparece como una real fuerza competitiva, pues en ninguna encuesta alcanza los dos dígitos.
Más allá del optimismo desbordado en los equipos de los dos principales contendientes y a fuerza de ser fríos, se puede decir que la moneda está en el aire, que no hay victorias que se puedan cantar de antemano y que cada voto será disputado rabiosamente echando mano de todos los recursos al alcance, incluyendo aquellos que se arriesgan a caminar sobre el delgado hilo de la ilegalidad.
Este no es un asunto menor. A dos años del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador abundan los ejemplos para ilustrar una alternancia que en vez de refrescar la vida pública, ha servido para homogenizar las malas prácticas del pasado, bajo el siempre dudoso argumento de que los nuevos personeros del poder, a diferencia de sus antecesores, tienen autoridad moral.
Así, los diputados han reeditado de una y mil formas su condición de ‘levantadedos’; los empresarios (no todos) se han plegado ya por convicción, ya por temor, a las decisiones presidenciales y también han reeditado aquella versión de Emilio Azcárraga, la del soldado del presidente.
Los organismos autónomos tienen sobre su cuello la bota del poder y están materialmente borrados del mapa. La CNDH es acaso el ejemplo más emblemático pero la Auditoría Superior de la Federación no se queda atrás y se ha convertido en la alcahueta de funcionarios del primer círculo presidencial. Como antes, pues.
La discrecionalidad en el ejercicio del gasto público va de la mano con la opacidad. Se vale asignar el 70% de las obras y servicios directamente, sin licitación porque no hay motivos para la sospecha.
Si no basta con las ‘mañaneras’ como el foro donde cotidianamente se irriga propaganda y denuestos a discreción, los medios públicos se están utilizando para lo mismo, quizás como no se veía desde los años 60-70.
Pero todo está bien, “porque tenemos autoridad moral, porque no somos iguales”.
El asunto no es menor, decíamos, porque bajo esa lógica en el terreno electoral también se puede hacer de todo: desde la intromisión del presidente en asuntos electorales hasta el uso clientelar de los recursos públicos para la compra y coacción del voto, pasando por el variopinto catálogo de prácticas fraudulentas que se usaban inmoralmente en el pasado, pero que hoy se valen porque hay autoridad moral y de lo que se trata es de la defensa del proyecto de nación.
Sería, ‘mutatis mutandis’ el mismo argumento con que se operó el fraude electoral en Chihuahua en 1986 para impedir que los conservadores del PAN, aliados de los empresarios, la iglesia y los Estados Unidos, llegaran a gobernar ese estado. Por cierto, quien operó ese fraude fue Manuel Bartlett como secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid.
Pero bueno, ha corrido demasiada agua bajo esos puentes desde entonces a la fecha y hoy, en el tráfago de afinidades, en el reacomodo de ideologías y militancias; en la redefinición de principios y en la dilución de creencias ya cualquiera puede estar en el lado correcto de la historia, que es una manera de parafrasear al ‘Tlacuache’ César Garizurueta cuando dijo que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.
En descargo, hay que decir que este momento al que estamos asistiendo no es casual.
El movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 no fue por generación espontánea. Se fue afianzando durante muchos años de insistir en señalamientos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, violación a los derechos humanos, complicidades con el crimen organizado, entreguismo y sumisión a Estados Unidos; ineptitud e ineficiencia por citar algunos que, si no tuvieran asidero en la realidad, difícilmente se hubieran traducido en esos 30 millones de votos que prácticamente borraron del mapa al resto de los partidos, pero señaladamente al PRI, al PAN y al PRD que hasta antes de eso eran las principales fuerzas políticas en el país.
El problema es que no hay, a dos años del gobierno de la cuarta transformación, ni uno solo de esos señalamientos que, en mayor o menor medida, les venga como anillo al dedo a los personeros del nuevo gobierno, donde por cierto tienen un papel relevante aquellos que llegaron allí desde el PRI, el PAN y el PRD y que son bastante conocidos.
Por eso en el tema electoral no hay muchas razones para documentar el optimismo. En uno y otro de los principales bandos en disputa hay personas muy capaces, profesionales y comprometidas con las mejores causas. Pero también en uno y otro bando hay personajes impresentables, con una larguísima cola de corruptelas y con un singular oportunismo para cambiar de piel si en ello les va el mantenerse vigentes y prendidos de la nómina.
A seis meses de la elección y a la luz de la conformación de las alianzas en disputa, cobran especial relevancia los perfiles individuales más que las plataformas políticas, siempre pletóricas de buenos deseos y promesas que no empobrecen porque cumplir es lo que aniquila.
¿A qué me refiero? A que hoy, todas las fuerzas políticas en contienda se han probado en el ejercicio de gobierno y de los resultados obtenidos dependerá mucho el voto ciudadano.
Difícilmente, y esto lo admiten los propios dirigentes de Morena, se volverá a repetir el voto ‘de chorrito’, ese que, acatando la consigna de AMLO llevó a los congresos y alcaldías a ciertos personajes a quienes están por terminárseles los tres años de ejercicio y jamás supieron para lo que fueron electos. Son excepcionales quienes cumplieron decorosamente con sus tareas.
Por eso serán fundamentales los perfiles y las agendas locales de uno y otro lado. En Sonora el proceso está partiendo prácticamente de un empate técnico entre Alfonso Durazo y Ernesto Gándara, y no se sabe bien a bien qué efecto tenga la candidatura de Ricardo Bours que, aunque está lejos de terciar la votación considerablemente, puede marcar la diferencia entre Durazo y Gándara con los votos que obtenga en Cajeme, Nogales y Hermosillo, los tres municipios más poblados del estado.
Durazo, Gándara y Bours son las cabezas de los tres proyectos que estarán en disputa este año. Pero hay 72 alcaldías, 21 distritos locales y siete federales esperando por perfiles. Y en su definición puede radicar la diferencia del resultado electoral, voto por voto en cada municipio, en cada distrito.
Como sea, la sucesión en Sonora será todo, menos aburrida. Y apenas está comenzando, así que tomen sus localidades y tengan a la mano sodas y palomitas, porque esto se va a poner bueno.
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