Esta es una máxima que aplica siempre en las campañas políticas y en función de la cual trabajan los equipos de los candidatos y los propios candidatos.
Todos tratan de generar la percepción de que van ganado o que ya ganaron. Es parte del manual de campaña.
Lo vimos en el primer debate de aspirantes a la gubernatura: los siete (¡Hasta El Bebo Zatarain!) se proclamaron ganadores, aunque no todos lograron el objetivo de crear esa percepción, pues una cosa es lo que se pretenda generar y otra, muy otra, que se consiga.
Para que eso suceda se requiere que la idea a fijar tenga asideros en una realidad que de antemano es percibida por la mayoría del electorado y que la propaganda refuerza en el imaginario colectivo.
Durante doce años Andrés Manuel López Obrador hizo suyos dos poderosos conceptos sobre los que incluso hoy como presidente hace girar todo su discurso político: ‘fraude electoral’ y ‘mafia del poder’.
Doce años duró ‘picando piedra’, todos los días, a toda hora y en todo el país hasta que esa percepción se materializó en un alud de 30 millones de votos que lo llevaron a la presidencia después de dos intentos fallidos, primero con Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto ante quienes perdió las elecciones, alegando desde luego, fraude.
Nunca lo pudo comprobar legalmente, pero tampoco Calderón ni Peña pudieron convencer a los mexicanos de lo contrario. Así la percepción del fraude perpetrado por la mafia del poder fue creciendo como bola de nieve hasta que les pasó por encima en 2018.
Y esto sucedió por dos cosas fundamentalmente: por un lado la proverbial obstinación de Andrés Manuel que jamás quitó el dedo del renglón, y por el otro los asideros que ese discurso tuvieron en la realidad.
Si el PRI no hubiera confeccionado el amplísimo y churriguresco catálogo de trampas y triquiñuelas que forman parte de una larga historia de mapacherías donde ocupan un lugar privilegiado el embarazo de urnas, la operación tamal, el acarreo de votantes, el ratón loco, el uso clientelar de los recursos públicos y otras tan tenebrosas como la coacción del voto en todas sus formas incluyendo las amenazas cumplidas, el discurso del fraude no habría prosperado.
Si un poderoso sector del empresariado mexicano no hubiera pactado con los personeros de los gobiernos en turno, incluyendo desde luego los panistas, beneficiándose groseramente de contratos, concesiones, evasión fiscal y otras lindezas, el concepto de ‘la mafia del poder’ tampoco habría tenido de dónde agarrarse.
La percepción se hizo realidad porque la realidad misma generaba suficientes impresiones en nuestros sentidos para ofrecer la certeza de que así era.
A tres años de distancia de aquella épica jornada electoral de 2018 la percepción que comienza a crecer es la de que el sistema no ha cambiado sustancialmente, de que hubo un desplazamiento de la vieja clase política y empresarial, pero nada más. O más bien dicho, de un sector de esa clase política y empresarial, porque otra parte sigue operando a la manera de una nueva mafia del poder.
Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego son quizás los más representativos, pero de ninguna manera los únicos. Hay que reconocer también que existe una nueva clase empresarial emergente, afín al nuevo gobierno y lo mismo sucede en otros sectores: artistas, intelectuales, académicos, políticos, periodistas y políticos que se han subido al tren de la 4T, ya por coincidencias ideológico políticas, ya por conveniencias pecuniarias.
Son los que hoy defienden a capa y espada el status quo, muchos desde posiciones completamente acríticas y desde el fundamentalismo del bien superior a nombre del cual se justifica cualquier trapacería, ilegalidad o abuso, tal cual lo hicieran sus antecesores.
Una parte de la oposición (la que no se ha sumado a la 4T y a su partido) lleva tres años picando piedra, tratando de construir la percepción de que la nueva clase política es igual que la anterior o al menos, se le parece mucho.
A esa oposición le falta un líder carismático y obstinado como lo fue Andrés Manuel, pero no le faltan razones para sostener que la corrupción no ha desaparecido, que la inseguridad pública está peor que antes; que la pobreza no solo no ha disminuido sino que se ha incrementado dramáticamente; que las calles siguen llenas de menesterosos, desempleados y delincuentes potenciales, que la política de salud pública -y especialmente en el abordaje de la pandemia- ha sido un fiasco.
¿Cuántos son los que piensan de esta manera y cuántos los que están convencidos de que vamos por el camino correcto?
No hay manera de calcularlo, mucho menos de precisarlo, pero sin duda quedará claro el próximo seis de junio. Hay, sin embargo, señales de que la percepción generada para edificar a partir de ella una república amorosa de bienestar, igualdad y progreso se ha venido erosionando, precisamente porque cada vez batalla más para encontrar sus asideros en la realidad.
Hay indicadores concretos de esto: la pérdida de más de tres millones de votos para el partido oficial en los estados donde hubo elecciones en 2019 y las sonadas derrotas en Hidalgo y Coahuila en 2020 no contribuyen a sostener la teoría del consenso generalizado hacia las políticas del nuevo gobierno.
Lo que acaba de ocurrir en el Trife, el INE y en la SCJN con los reveses propinados al presidente y sus aliados han motivado la furia del inquilino de Palacio Nacional y han revalorizado el papel de esas instituciones donde, a querer y no, el presidencialismo autoritario no ha penetrado del todo.
Además ha habido casos de corrupción, nepotismo y agandalle; escándalos sexuales y conductas delincuenciales de los promotores de la cartilla moral, que tampoco ayudan mucho a generar la percepción de que son diferentes.
Aunque las encuestas indiquen que Morena retendrá la mayoría en la Cámara Baja, hasta el presidente y el dirigente nacional de su partido han externado la posibilidad de que pierdan esa mayoría. Sus números tendrán.
En el caso de Sonora, los personeros de la 4T han insistido en generar la percepción de que su triunfo en la elección de gobernador es asunto de mero trámite. Apenas el martes pasado, el propio Alfonso Durazo expresó en el debate que su ventaja es de dos a uno respecto a su principal adversario.
Como intento de generar percepción es bueno, pero ¿qué tantos asideros en la realidad tiene? Diríase que no tantos como presumen.
Más aún, la percepción que más ha permeado es que la contienda se ha cerrado hasta llegar al punto del empate técnico, con el agregado de una considerable franja de indecisos que supera el 20 por ciento.
Y todavía más: Morena ha entrado en serios conflictos internos que ya judicializaron el proceso electoral, generaron división, descontento de sus bases y algunos desprendimientos que no deberían minimizarse.
En municipios como Hermosillo, Cajeme, Nogales, Navojoa y Guaymas por citar algunos de los más poblados, la posibilidad de repetir los niveles de votación obtenidos en 2018 se ve cada vez más remota, y en eso mucho han tenido que ver factores como: malos gobiernos, actos de corrupción y nepotismo; prácticas antidemocráticas y fraudulentas entre otras que, a la larga, llevaron al PRI y al PAN a sus derrotas.
Concluyo: es más fácil construir como oposición una mala percepción del gobierno, que una buena ya siendo gobierno. Pero en ambos casos, construirla depende de cómo la gente interprete lo que está viviendo cotidianamente, en su realidad-real.
Y a como se ven las cosas, el discurso de igualdad, amor, prosperidad, democracia y paz promovido como contraste al viejo régimen no tiene muchos asideros en la realidad por estos días y en cambio, la percepción de que las cosas no han resultado como se esperaban parece estar más extendida.
Puedo, desde luego estar equivocado y como siempre, la perceptiva lectora, el realista lector habrán de sacarme de ese equívoco. ¿Verdad?
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