El efectismo mediático es inherente a la clase política urgida de reflectores y de resultados concretos que se suplen con firmas y más firmas de acuerdos que más bien son entretenimiento con el fin de dar tiempo, pero a la vez son fuentes de esperanza de que por fin se atenderá determinada problemática.
En dicho contexto, la tribu yaqui en Sonora ha sido objeto de inclemente bombardeo de firmas de acuerdos en los últimos casi tres años, en el marco del tan publicitado plan de justicia puesto en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en cuyas diversas etapas, desde su mismo anuncio, se incluyó la concebida firma y la parafernalia tradicional.
Es cuestión de darse una vuelta por comunidades de la emblemática etnia sonorense, para concluir que después de más de dos años de arrancar dicho proceso, no se advierte ningún cambio y que todo se mantiene en los textos de los acuerdos, aunque en el último firmado, se advierte un avance concreto al menos en una propuesta de inmediata ejecución.
Dados a la costumbre de calificar como “histórica e inédita”, cualquier cosa que hagan, ahí están los acuerdos por la Justicia del Pueblo Yaqui; el segundo, el decreto mediante el cual se crea el Distrito de Riego 018; y el tercero, la restitución de dos mil 943 hectáreas de tierra para el pueblo yaqui.
A ese trío de compromisos, se agregan otros firmados por el gobernador Alfonso Durazo Montaño este fin de semana, que quizás tengan mucho mayor realismo y de beneficios en el mediano plazo que los anteriores, como serían la administración, ejecución y evaluación de los recursos de los ramos 28 y 33 a favor de los pueblos yaquis; que la recaudación del impuesto predial que se les cobra a los pueblos yaquis, el uno por ciento sea destinado en apoyos sociales; y que el derecho de vía para concretar este derecho se formalice a través de un convenio de colaboración donde mediará el INPI con el compromiso de liberar la carretera federal 15.
Particularmente en el último de los casos, mudar la caseta de cobro de Esperanza e instalarla en Vicam, sería atender una de las más sentidas exigencias de la etnia al ser una compensación por conceder el paso de vía por su territorio de vías de infraestructura de comunicaciones, el ferrocarril, eléctrica y de combustibles, consideradas demandas originales desde hace muchos años, más de los que tenemos como memoria periodística.
No tenemos idea de cuál sería el monto de la recaudación diaria de una caseta de cobro como esa, pero sin duda sería un ingreso muy importante para financiar obras de beneficio social en comunidades de los ocho pueblos yaquis, con el agregado de que con ello desaparecerían los retenes donde se obliga al pago de cuota, sin que dichos recursos recaudados en botes tengan un destino cierto.
Desde nuestra perspectiva, ese sí es un acuerdo cuya firma representa soluciones concretas más allá de fantasías con soluciones de largo plazo e inciertas y más ahora cuando con el arribo de la 4T a Sonora dejaron de ser inconstitucionales las casetas de cobro sobre la carretera internacional y ya no atentan contra el derecho de libre tránsito, con que vivales, orates y rateros construyeron huesos burocráticos.
Y muchos asegunes y más enredoso eso de “la administración, ejecución y evaluación de los recursos de los ramos 28 y 33 a favor de los pueblos yaquis; que la recaudación del impuesto predial que se les cobra a los pueblos yaquis el uno por ciento sea destinado en apoyos sociales”, chorizo que más bien suena como la aburridora.
Los liderazgos de la etnia deberían de concentras sus esfuerzos y capacidad de presión y gestión, en la concreción de la mudanza de la caseta de cobro de Esperanza a Vicam, que es lo que les garantizará acceso a recursos financieros en el muy corto plazo, lo cual además, dará la satisfacción de ver que por fin una recaudación de esa naturaleza se quedará y se aplicará en Sonora, y como decíamos, hará que valga la pena la firma de ese otro acuerdo.
Bien el que el gobernador mantenga tensa la liga en ese siempre difícil diálogo y tratos con la tribu yaqui, dando periódicamente alpiste para mantener vivas las expectativas y que se sientan atendidos.
Como sea, reportan muy buen ambiente y comunicación muy dinámica entre el gobernador y autoridades tradicionales en la cabecera de los pueblos yaquis, Vicam Pueblo, con la asistencia de sus colegas de los pueblos de Tórim, Vícam Pueblo, Ráhum, Belem, Huirivis, Potam, Bácum; los presidentes municipales de Guaymas y Cajeme, Karla Córdova y Javier Lamarque Cano, respectivamente, así como de Adelfo Regino, titular del INPI y su nube de ayudantes, guardaespaldas carga maletas y cuida puertas.
Es de esperarse que este acuerdo firmado no derive en las lamentables situaciones de las firmas plasmadas en materia de seguridad pública y procuración de justicia de María Dolores del Río y Claudia Indira Contreras, quienes al hacerlo parecieran dar banderazos para que se intensifique el accionar del crimen organizado sus atentados por todos los rumbos de la entidad.
A propósito de firmas, el presidente firmó el decreto, que mediante el pago de módicos dos mil 500 pesos, regulariza a automóviles de procedencia extranjera que ingresaron al país hasta este 15 de octubre y que circulan en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.
Al menos ese fue el anuncio emitido sin que se tengan datos sobre el procedimiento o trámite a realizar y cómo es que tal recaudación estará etiquetada exclusivamente para obras de vialidad y para tapar baches, como tanto se ha publicitado, faltando solo que pasen a fondear el Programa Nacional para atacar dicho problema en 100 ciudades del país, que se puso en marcha a principios de agosto pasado a cargo de la SEDATU.
No luce muy equitativo dicho decreto al fijar un costo igual para regularizar a todos los carros chuecos, cuando lo más lógico hubiera sido fijar costos diferenciados al menos en función del modelo, porque así como se anunció, se aplica tabla rasa cuando uno ve circular tanto auto de lujo que pagará para ser regularizado lo mismo que verdaderas infecciones, faltando además especificar el límite de los modelos que entrarán en ese paquete.
De acuerdo a lo ocurrido con otras regularizaciones, el flujo de autos irregulares desde Estados Unidos se mantendrá y en poco tiempo estaremos en las mismas, en un fenómeno que no se detendrá mientras prevalezca la corrupción en autoridades federales en la frontera y seguirán circulando mientras autoridades del Estado y los municipios sean permisibles.
Habrá qué ver el impacto que tendrá esa regularización en materia de recaudación para Sonora y los municipios de esta entidad, que supongamos, si en Hermosillo se regularizan los 100 mil chuecos que se dice circulan por estas calles de Dios, y si el presidente cumple con su palabra, se dispondrían de 250 millones de pesos adicionales para reparar todo lo dañado por la peor administración municipal de la historia de Hermosillo.
Por supuesto que 250 millones de pesos son muy pocos para la magnitud del desastre, pero algo es algo, ya que además podrían ser como el pilón a los 550 millones de pesos autorizados por el cabildo al alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, para que sean ejercidos de forma adelantada en obras de infraestructura comunitaria.
Amarrados están esos 550 millones de pesos que equivalen al presupuesto de obras de los próximos tres años, porque Hermosillo no puede esperar, como bien dijo el presidente municipal al anunciar que el plan de inversión inmediato es para la construcción de 49 pavimentos nuevos con concreto hidráulico; 8 rehabilitaciones en cruceros con concreto hidráulico; 17 rehabilitaciones de bulevares y avenidas con asfalto; mejoras en 9 parques, 5 unidades deportivas, 3 Centros Hábitat y un proyecto de semaforización, que permita estar más sincronizados y con menos contaminación.
Y ese paquete de obras podría ampliarse hasta una inversión de 800 millones de pesos si es que los 250 millones calculados por la regularización llegan intactos al ayuntamiento, sin importar el sabor de la nieve, aunque en términos generales, faltan muchos recursos financieros para acabalar los seis mil millones de pesos que se estima costaría resolver todo el problema luego de tres años de dejar tirada la ciudad por andar en ocupaciones electorales.
Increíble la intensidad que le pone a la chamba el Toño Astiazarán, destacando que el 90 por ciento de ésta se desarrolla en colonias de Hermosillo y comunidades rurales del municipio y el resto lo dedica ya tarde por la noche o muy temprano por la mañana detrás de un escritorio.
Sin telarañas mentales y como buen organizador que es, ya lleva integrados 11 comités CRECES que no son otra cosa que vecinos organizados que definirán o ya definen, prioridades en materia de obra pública para sus colonias y comunidades, destacando además la pluralidad como sello de su gestión, ya que en los diversos eventos es acompañado por representantes del PRI como son los casos de Karina Zárate, Ernesto de Lucas, Natalia Rivera o Ely Sallard, así como la diputada del PAN, Alejandra López Noriega o por el de MORENA, Rafael Ramírez.
Por lo demás, no se sabe si es porque tiene pesadita la mano o simplemente no le quedaba de otra, pero la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, aplicó el rigor y despidió a Alexis Quiñones, a quien hace menos de un mes le había tomado protesta como director del Instituto Municipal de Deporte.
Todo indica que este lunes formaliza ese despido de quien todo indica perdió piso o se subió a un ladrillo y se mareó, ya que durante la última semana hizo dos papelitos: el primero cuando fue llevado ante el juez calificador luego de un altercado y este fin de semana se estrelló contra una palmera y dejó no solo el vehículo que tripulaba, sino documentos que lo identifican como funcionario municipal.
Y por cierto, por rumbos de Telemax y Radio Sonora se insiste en lo que se dice son despidos prácticamente generalizados, incluidos de personal de base sin respetar derechos laborales y mucho menos sindicales, que en el caso de la televisora oficial, ni modo que Pepe Victorín vaya retobar.
