Hace unos meses el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó de sus gestiones para que el Grupo México mudara a Sonora su domicilio fiscal o sea fijar acá su sede tributaria, tal como lo intentaron otros mandatarios sin lograrlo.
Esa mudanza y sus efectos entrarían en vigor a partir del primer día de este año y nos mantuvimos en la expectativa toda vez el alto impacto que una decisión de esa naturaleza tendría en las finanzas estatales, ya que si bien el impuesto a la minería es federal, mediante el convenio de colaboración fiscal, significativo porcentaje de la recaudación se quedarían en Sonora.
Hicimos algunas consultas y obtuvimos información diversa respecto a que la gestión del gobernador ante Germán Larrea Mota Velasco había fructificado pero hasta ahí, sin que tengamos idea porque a nivel mediático ese huevo no había sido cacaraqueado, de acuerdo a la magnitud de tal acuerdo del gobierno de Sonora con la empresa que aporta casi el 35 por ciento del valor de la producción minera de México; casi el 82 por ciento de la extracción del cobre y el principal extractor y procesador del oro.
Desde esta humilde tribuna nos congratulamos por lo conseguido por el mandatario sonorense, que en pesos y centavos representan alrededor de 200 millones de pesos adicionales al presupuesto estatal, tal como lo informó durante su participación en la inauguración del Primer seminario: Futuro de la inversión en la minería mexicana, organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, celebrado hace unos días en Hermosillo.
Desde cualquier punto de vista tal mudanza fiscal es una excelente noticia y podrían mejorar si tal como lo anunció Durazo Montaño, la misma gestión se concreta con otras empresas mineras que tienen unidades de producción y concesiones en proceso de explotación, ya que los ingresos adicionales para Sonora bien podrían superar los 500 millones de pesos e incluso hay quienes aseguran que podrían superar los 800 millones de pesos en función del precio de los metales.
Si con los ingresos adicionales por la muda fiscal del Grupo México, el 40 por ciento de esos recursos se aplicarán para mejoras sociales y urbanas en Cananea; 30 por ciento a Nacozari, y el 30 por ciento restante para combatir la pobreza extrema en el sur de Sonora, imaginen los beneficios para Sahuaripa, Arivechi y Yécora, si la empresa canadiense Minas de Oro Nacionales sigue ese buen ejemplo e igual lo hacen empresas mineras que operan en la región de Caborca.
Mientras tanto, inquietante la información que tan bien documentó el comunicador Juan Bernardo Díaz a través de su medio digital, que relata hechos ocurridos durante la madrugada del domingo pasado, respecto a peliculescas persecuciones de patrullas policiacas tratando de detener a al menos tres vehículos desde San Pedro o el Tazajal hasta céntricos sectores de Hermosillo, con intercambio de disparos, choques y demás, sin que se sepa sobre detenciones.
Se habla de inexplicable silencio de las radio en su frecuencia policiaca, pero también de agentes reportando disparos de civiles, en el marco de un evento de caballos que durante su campaña se comprometió a promover el ahora diputado local Rafael Ramírez, resultando extraño el lacónico comunicado oficial que reseña que los abordantes de luna lujosa camioneta escucharon disparos en San Pedro y como tuvieron temor le metieron la chancla hasta Hermosillo perseguidos por policías, fuga que culminó en plena calle Rosales luego de impactar a un vehículo y estamparse contra un poste.
De la revisión de dicho vehículo de alta gama, no resultó ningún elemento indicativo de delito, se establece, en tanto que no se informa de nada respecto a otro auto que en el curso de la fuga se estrelló en importante vialidad del norte de Hermosillo y valga subrayar que debió ser mucho el pánico, como para que a toda velocidad se trasladaran desde San Pedro hasta la calle Rosales.
Muy escueto todo y dado lo espectacular episodio que relatan vecinos, testigos, los mismos agentes y el reportero de referencia, como que aún hay mucho qué decir al respecto, mucho que informar al respecto, para no embarrar a todo un cuerpo policiaco bajo el mando de Manuel Emilio Hoyos y trastocar todo un esfuerzo que en materia de seguridad pública despliega el presidente municipal Antonio Astiazarán Gutiérrez.
Ya saben como se las gasta la sociedad y la opinión pública cuando sospecha que le están ocultando cosas que tienen mucho que ver con la certidumbre de sus entornos, que en este caso, como que hay mucho más que informar, dado el contexto de cómo ocurrieron esos hechos en donde se involucran tantas personas y todas dispuestas a desparramar lo que sabe, y no vaya ser que a la postre se revele la participación de jorocones que traficaron con influencias para minimizar responsabilidades.
El indicado para hacer las precisiones del caso es el Comisario Hoyos, así como ocurre en el caso de la Secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río en el caso de los múltiples reportes que llegan de la comunidad San Antonio de la Huerta, allá a la vera del Río Yaqui en el municipio de Soyopa, que se refieren a enfrentamientos a balazos, con autos abandonados, casquillos de armas de fuego e incluso de terror entre sus habitantes, con mensajes que dejan percibir que no pueden abandonar el pueblo.
Se supone que los hechos ocurrieron desde el sábado por la noche y a estas alturas del lunes es ensordecedor el silencio desde la Secretaría de Seguridad y de la PESP.
Pues sabe cuál sea la situación por esos rumbos, pero a propósito, el jefe Hoyos deberá recordar aquel sórdido episodio denominado “El Cuarto Pasajero” en el que fueron embarrados mandos de la policía municipal capitalina, precisamente cuando doña Lola del Río era presidente municipal, y no vaya ser.
Mientras tanto, ya se veía venir y resulta lógica la posición de las autoridades tradicionales de la tribu Seri, ante la propuesta presidencial respecto a que el gobierno cubrirá los recursos financieros que año con año recibe la etnia por la cacería cinegética del borrego cimarrón en su territorio.
La caza del cimarrón y captura de otras especies como la cahuama en la nación seri es ancestral, que en el primero de los casos, el número de piezas sujetas a ser cazadas y cuyas autorizaciones valen miles de dólares, se sustenta en criterios de la Semarnat con el fin de mantener el equilibrio, que en el segundo, si bien se mantiene la veda total, sabemos que si quieres comer de eso, es cuestión de buscar.
La negativa seri de que en lugar de que el borrego cimarrón se cazado con un poderoso 30.06, el arma que se use sea una cámara fotográfica Cannon, Nikon u otra, no creemos tenga mayores efectos en el proyecto de echar andar el anunciado plan de justicia y solo será cuestión de que dicho tema no se incluya en la agenda que cubrirá el presidente López Obrador el próximo fin de semana.
Además de atenderse así una decisión autónoma de la autoridad seri, se atienden los criterios legales que norman la cacería sustentable que se han aplicado desde hace muchos años y que han permitido la repoblación de esa especie e ingresos importantes, dado que tenemos entendido, que cada permiso cuesta 25 mil dólares, cobres pieza o no, aunque desconocemos cómo se maneja ese recurso.
Por otra parte, concluyó la pasarela que en tres etapas organizó el delegado del CEN del PRI, Jorge Meade, para muestrear las propuestas de la decena de aspirantes a relevar a Ernesto de Lucas de la dirigencia estatal de ese partido y según lo que nos dicen, cumplió a cabalidad y de forma equitativa el propósito de abrir ese espacio de participación denominado “Una Reflexión Colectiva”.
Hermosillo, Álamos e Ímuris, fueron las sedes para que dieran a conocer sus motivaciones Zaira Fernández, David Palafox, Pascual Soto, Bulmaro Pacheco, Jesús Humberto Robles Pompa, Rogelio Días Brown, Onésimo Aguilera, Pedro Ángel Contreras, y agregados de último momento, Iris Sánchez y Emeterio Ochoa, para de esa forma dejar puesta la mesa, para que en los próximos días la Comisión Permanente de Procesos Internos sesione y decida el método de elección que corresponda.
En efecto, además del activismo que desplegaron en las últimas semanas y meses para promoverse, las y los aspirantes tuvieron piso parejo con dicho objetivo, ya que como es evidente, muy pocos, dos o tres, dispusieron o tienen recursos financieros de sobra para que pudieran recorrer el estado y reunirse con sus compañeros de partido, mientras que otros tuvieron que conformarse con estrategias mediáticas a través de redes sociales.
La estrategia del político morelense puso parejas las cosas al menos en esta etapa del proceso, para ahora quedar a la espera de la convocatoria correspondiente, trámite en el que lo único claro es que se descarta de plano la consulta a la base militante y a simpatizantes, por requerir un gran gasto de dinero que ese partido no tiene, posponer el relevo más allá de dos meses y correr el riesgo de que otras fuerzas partidistas manoseen ese asunto interno.
Y en efecto, ya son varios los comentarios que escuchamos respecto a que entre representantes de partidos de oposición y liderazgos civiles independientes, ya se extrañan las habilidades para el diálogo y para el consenso de quien por varios meses fue un interlocutor y puente confiable con el gobierno de Durazo Montaño.
O sea, quien haya sustituido en sus funciones a Jesús Valencia Guzmán, aún no da el ancho, mientras que el de Iztapalapa obviamente disfruta de su regreso a las ligas mayores de la administración pública como director general de DICONSA.
