Hace unos años alguien dijo que la incorporación del ejército a tareas de seguridad pública; sacar la tropa de los cuarteles para combatir la delincuencia, era por la incapacidad y corrupción de los gobiernos civiles. Valga subrayar que la palabra del título de esta columna no lleva acento.
Y por lo visto sigue teniendo razón en ese importante rubro al comprobarse que el proceso de militarización de un país, es proporcional a la incompetencia de los gobiernos civiles en la conducción de la sociedad, también proporcionalmente sometida por una retórica castrense, amalgamada con un nacionalismo arcaico, con pretensiones de manipulación política.
A partir de la primera hipótesis de amplio espectro liberal y progresista, lo que ocurre en México cobra extrema incongruencia de quienes antes postularon dicha verdad histórica y que ahora no solo masificaron la presencia de militares en las calles, si no que se ocupan en la construcción de bancos, ferrocarril, carreteras, así como la administración de puertos, aeropuertos y aduanas, entre otras.
O sea, la incapacidad de los gobiernos civiles es creciente y en esa misma proporción es creciente la militarización del estado mexicano, pero lo más preocupante, es que a la luz de los resultados en materia de seguridad, incorporar a militares al combate a la delincuencia, como remedio ha resultado peor que la enfermedad, y está por verse si en tantas otras tareas asignadas ocurre lo mismo.
Somos parte de una generación formada en un entorno latinoamericano dominado por dictaduras militares, cuyo sello represivo iba junto con pegado al atraso del desarrollo económico, social y político de los pueblos, mientras en México los gobiernos civiles apenas podían contener el impulso castrense, aunque de forma esporádica hacían de las suyas como el 2 de octubre, arrasar el movimiento guerrillero en Guerrero y Michoacán y protagonista importante en la guerra sucia.
Irrefutable que el uso militar, la tendencia castrense de gobiernos civiles tiene propósitos de intimidación social, de control del Estado y la imposición político-partidista en la superestructura de la sociedad mexicana a través de un partido único con sectores fanatizados al estilo de las camisas pardas del nazismo alemán o las camisas negras del fascismo italiano.
A lo mejor eso es lo que nos merecemos o a lo mejor la única alternativa para enfrentar los retos de la delincuencia organizada y la incompetencia del gobierno federal en tantos rubros, es que las distintas ramas del ejercito tomen esas batutas y con ello garantizar que MORENA sea lo que el PRI antes fue, en lo que analistas perfilan como un golpe de estado militar de facto.
En un contexto de riesgosas perspectivas, lo más chocante de todo es que haya tantos actores políticos de alto nivel, que de críticos de la militarización y comprometidos en sacarlos de las calles y regresarlos a sus cuarteles, que para el caso es lo mismo, ahora vayan a contracorriente, revelándose como simuladores, mentirosos y decididos a cualquier cosa si con ello obtienen el apoyo ciudadano.
Importante el que por fin el presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido lo que estuvo negando a lo largo de su mandato sobre el papel de las fuerzas armadas, pero asegurar que decidió hacer todo lo contrario a sus compromisos de campaña fue porque no sabía de la gravedad de la situación, es una engañifa más como de las tantas que incurre casi a diario y reconocer que se equivocó en lo que fue la piedra angular de su estrategia para ganar el voto, no es cualquier cosa.
En este concierto de dislates sobre el alto protagonismo castrense en este país, el viraje más grotesco es el de la nomenclatura nacional del PRI, que como se sabe se dio bajo términos de chantaje y extorsión a su dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien entregó la plaza al gobierno de MORENA a cambio de su certidumbre personal, luego de varios meses de acoso por ser el eslabón más débil de la alianza Va por México, representada por Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD.
Con justa razón debe haber fiesta en Palacio Nacional y en MORENA porque lograron poner de pinicuchi al dirigente priista y romper así una alianza que en la elección del 2021 logró importantes avances en la integración del Congreso de la Unión e incluso, entregar a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, un reconocimiento por encabezar de forma exitosa la estrategia de ablandamiento, y una medallita para el titular de la SEGOB, Adán Augusto López por finiquitar a la Alianza Va por México.
Así las cosas, en el debate nacional sobre la creciente presencia de militares en estancias por siempre en manos de civiles, los mexicanos vamos perdiendo, porque además las cosas están peores y no han sido factores de soluciones, aunque hay quienes lo justifican porque aseguran que la situación fuera más grave de no ser por la tropa.
Miren, lo que ocurre en Hermosillo en materia de seguridad puede considerarse como un desmentido a la tendencia nacional, ya que una estrategia operada e integrada por civiles y encabezada por otro civil, el presidente municipal Antonio Astiazarán, en un año de esfuerzos y acciones concretas, ha logrado reducir la percepción de inseguridad a su nivel más bajo desde el 2016.
Y dicha percepción no se deriva porque se vean vehículos cargados de guardias nacionales o de soldados, sino al extendido despliegue de la acción del ayuntamiento en todo el territorio del municipio y al impacto en el ánimo popular que más de 300 patrullas tengan presencia en la mancha urbana y en comunidades rurales, lo cual constituye un elemento disuasivo fundamental para la delincuencia.
La medición fue realizada por el INEGI y la muestra da un seguimiento desde el 2014 cuando la percepción de inseguridad fue del 41.4 por ciento, con picos en los años 2018, 2019 y 2020 y el más alto fue en el 2021 con un 67.1, para en este 2022 bajarlo al 59.1, el más bajo desde el 2017 cuando la percepción de inseguridad de los hermosillenses fue del 59.4 por ciento.
Así las cosas, Hermosillo podría constituir un buen ejemplo respecto a que en materia de inseguridad, la militarización no es la única salida, que en lo que respecta al cariz político de la tendencia castrense impulsada por la 4T, el que hayan cooptado al dirigente nacional del PRI, tiene bruscos remezones en Sonora, toda vez del brete en que están los leales al Alito Moreno al tener que apechugar lo que no hace ni tanto renegaban.
La doblada de Moreno Cárdenas fortalece la propuesta de Zaira Fernández y Pascual Soto como aspirantes a la dirigencia estatal, ya que en el caso de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez, simplemente quedaron perfilados como virtuales aliados del partido oficial en uno de los rubros fundamentales de la vida nacional y ya lo demás sería lo de menos, todo por la urgencia de Alito de salvar el cuello.
Además, los tiempos se le agotan al delegado del CEN del PRI, Ramiro Hernández García, luego del resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que da palo a la impugnación contra el emitido por el Tribunal Estatal Electoral en favor del derecho de Zaira y el Pascual, de contender por la dirigencia, resultando solo una marrullería dilatoria el recurso que según esto interpuso la fórmula Onésimo-Iris.
Mientras tanto, en el Congreso del Estado ya calienta asiento como presidenta del Poder Legislativo de esta entidad, la expanista y ahora militante del PT, Diana Karina Barreras y al parecer sus primeros gateos no han sido muy acertados, aunque su bien ganada experiencia en el oportunismo político seguramente le permitirá recomponer las cosas, principalmente con la bancada madre de los pollitos.
Pues ya veremos luego que la diputada Natalia Riveradejara tan alta la vara en la conducción del trabajo legislativo y quien por cierto, junto con Ernesto de Lucas Hopkins ya tiene relevancia como integrantes de la bancada de Movimiento Ciudadano, así como en la estructura operativa de esa organización que dirige en Sonora Manuel Scott y en Hermosillo, Rogelio Cota.
Respecto a la diputada del PT antes aludida, no tenemos la menor idea sobre algún agravio por nosotros cometido en su contra como para que nos haya bloqueado de sus redes sociales, duda que es solo lo que inquieta, porque hasta donde pudimos dar seguimiento, sus contenidos no traen nada relevante, o sea, nos perdemos de muy poco o de nada.
Y nos llega interesante desglose, con pretensiones de evaluación, de la gestión del gabinete del gobernador Alfonso Durazo Montaño, que a reserva de darle una buena esculcada, valga decir por lo pronto que al mandatario estatal le va más o menos bien, quedando a deber en el tema de la seguridad dadas las altas expectativas por su desempeño cono titular nacional en dicha materia.
La fecha es propicia dado que el martes próximo se cumple el primer año de este gobierno que llegó con un bono democrático histórico, con los astros alineados y con una correlación de fuerzas sumamente favorable, condiciones que para presuntos expertos, no se le han sacado el mejor provecho.
Del desglose citado, podemos adelantar que entre los integrantes del gabinete mejor evaluados, están la titular de la SEDESSON, Wendy Briceño Zuloaga, Omar del Valle Colosio, titular de Hacienda y el de Salud, José Luis Alomía y resulta sumamente interesante conocer las razones, sobre las cuales bordaremos en siguientes despachos, así como los referentes a las o los peores evaluados.
Por lo pronto, contrario a la recomendación médica de reposo absoluto, acá nos tienen haciendo la lucha de ponernos al frente de la computadora y el teclado para hacer lo único que sabemos hacer, con todo y que andamos patulecos luego de sufrir una dolorosa fractura de tobillo, teniendo especial cuidado de no lastimar esa parte de nuestra anatomía, y ahí la llevamos.
