“Vamos por ellos”, enfatizó la gobernadora Claudia Pavlovich al instalar la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, que mediante la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, restituirá al patrimonio de los sonorenses, bienes inmuebles con un valor de alrededor de 561 millones de pesos, producto de actos de corrupción de Guillermo Padrés y algunos de sus colaboradores.
Este fue un excelente lunes para Sonora y para los sonorenses, ya que con ese instrumento jurídico y el ente operativo instalado que encabeza la Agente del Ministerio Público Alejandra Santiago Sainz, se atienden las trabas que representan los múltiples amparos tramitados por esa bola de rateros y que son concedidos por jueces federales venales,
Y como bien lo dijo la gobernadora, también se atiende el reclamo popular y el sentimiento de la gente que no se resigna a que Padrés y su pandilla se salgan con la suya y que exige que nos devuelvan lo que se llevaron, frente a la impunidad que gozan quienes a través de recursos judiciales mantienen intocados los recursos y bienes producto de actos de corrupción como funcionarios públicos.
Imperdible la disertación del Fiscal General de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, al prefigurar un puntual contexto y hacer una acabada conceptualización respecto a la Ley de Extinción de Dominio y su aplicabilidad, sin perturbar el sentido de los amparos que protegen a los corruptos ni violentar los extraños instructivos mandatados por jueces federales.
Alejandra Santiago Sainz
La gobernadora fue categórica al ratificar su irreductible posición respecto a que Padrés y su pandilla no tendrán paz ni podrán disfrutar lo que se robaron y que su administración se dispone a pegar donde más les duele: en sus bolsillos y carteras, al iniciar los procesos de extinción de domino sobre diversos bienes inmuebles de Guillermo Padrés, Carlos Villalobos Organista, Juan Bautista Valencia, Martín Alejandro López García, Mónica Paola Robles Manzanedo, Roberto Romero López, Luis Felipe Romero López y Ernesto Muñoz Quintal.
Ante especialistas del derecho, representantes de organismos relacionados a la transparencia, rendición de cuentas y de combate a la corrupción, así como de defensa de los Derechos Humanos y de instituciones de educación superior, la mandataria estatal dio un paso sustantivo más en el combate a la inmoralidad en el gobierno, al cerrar una pinza a la impunidad, que además deberá ser factor disuasivo para que nunca vuelvan a ocurrir hechos como los que popularizaron Padrés y sus bribones.
Hace unos días la Gobernadora Pavlovich, promulgó el decreto por el cual se reconoce la competencia de jueces en materia de extinción de dominio, mediante el cual el Estado podrá perseguir los bienes que se hayan adquirido de manera ilícita con recursos públicos e incluso se podrá exigir la reparación de daños patrimoniales cometidos por servidores públicos que sean denunciados, aplicándose la extinción de dominio para que regresen esos bienes al Estado.
Es así como nace la UNIPAF, que viene a ser como un tanque de oxígeno para el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza, a quien a pesar de los excelentes resultados de su gestión, frecuentemente es sujeto a golpeteos como si fuera su responsabilidad la actuación venal de jueces federales que limitan su actuación en la procuración de justicia.
Odracir Espinoza
Para que se den una idea, la FAS ha iniciado procesos y procura la acción penal en contra de siete exsecretario de gabinete y 15 exdirectores generales de la administración estatal del PAN, además de haber asegurado bienes con un valor estimado a los 585 millones de pesos, cuya extinción de domino será trabajado por la nueva unidad, en el marco de un parte aguas en el sistema de procuración de justicia en esta entidad.
No es cualquier cosa la tarea que enfrentará la joven Ministerio Pública titular de la UNIPAF, ya que presumiblemente producto de actos de corrupción y ya en calidad de asegurado, iniciará el proceso de extinción de domino sobre los ranchos Pozo Nuevo y Derrumbadero, así como la estrafalaria finca campestre que construyó Guillermo Padrés en las inmediaciones de San Pedro El Saucito, que en conjunto tienen un valor aproximado a los 300 millones de pesos.
Así como se dice y escucha: cómo es posible que un sujeto que asumió la gubernatura cuando sus finanzas estaban en número rojos y andaba con una mano adelante y otra atrás, haya amasado una fortuna de esa magnitud y lo mismo el caso de Carlos Villalobos Organista, que de andar a salto de mata eludiendo cobradores y hasta haberse afiliado al Barzón para no pagar, se le aplicará la extinción de gobierno sobre diversas propiedades con un valor cercano a los 60 millones de pesos.
Y que conste que eso es lo que se les sabe, ya que no se incorporan posibles montos que pudieran estar en cuentas bancarias o propiedades respaldadas por prestanombres, destacando en el tercer lugar del raterómetro, Roberto Romero López y su mujer, Mónica Paola Robles, a quienes se les aseguraron bienes con un valor aproximado a los 55 millones de pesos y que Alejandra Santiago Sáinz procurará restituir al patrimonio de los sonorenses.
Ernesto Muñoz Quintal
Otro pájaro de cuenta es Ernesto Muñoz Quintal, nada más y nada menos que magistrado del Tribunal Estatal Electoral, a quien le fueron aseguradas tres residencias y un terreno con un valor aproximado a los seis millones 581 mil pesos, y de la misma forma al exdirigente del PAN, Juan Bautista Valencia, quien por lo visto nunca podrá disfrutar de su transa de hacerse de una superficie en el Vado del Río a precio de ganga y cuyo valor catastral actual es de casi cuatro y medio millones de pesos.
También en las mismas está el extitular del Cecytes, Martín Alejandro López, a quien se le aplicará la ley de extinción de dominio sobre bienes inmuebles con un valor de casi siete millones 100 mil pesos, en tanto que al extitular del ISIE, Luis Felipe Romero se le aplicará dicho rigor sobre bienes cuyo valor aproximado es de dos millones 500 mil pesos.
Valga aclarar que dichos valores son de escrituras, catastrales y/o avalúos o sea, que desde la perspectiva comercial las cifras citadas se incrementan exponencialmente y lo mejor de todo es que toda esa riqueza mal habida podría pasar a ser parte del patrimonio de los sonorenses.
Y lo mejor de todo es que cualquier ciudadano podrá poner su granito de arena, ya que cualquier particular que denuncie y contribuya a la obtención de elementos de prueba para la declaratoria de extinción de dominio a juicio del juez especializado se le podrá entregar una retribución del 5 al 20 por ciento del valor de realización de dichos bienes o del valor comercial de los mismos.
Pedro González Avilés
Y vaya que parece ir en serio la titular de la UNIPAF, al comprometerse a ser implacable e investigar a todo aquel funcionario que haya cometido un acto de corrupción y golpear su fuerza económica, y convocó a las y los sonorenses a unirse a esta lucha por medio de la denuncia.
Por lo demás, un gusto saludar a nuestro amigo Montes de Oca no dado a andarse oreando con frecuencia en eventos públicos, pero que ratificó su condición que desde nuestro punto de vista de ser el mejor abogado de la comarca, y de igual forma al Odracir, también muy ocupado en corretear corruptos.
Asediado por representantes de medios de comunicación el contralor estatal, Miguel Angel Murillo quien advirtió sobre los inminentes plazos fatales para que funcionarios públicos presenten su actualización de declaración patrimonial, y por fin pudimos saludar al flamante presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro González Avilés, que para eso de la jurisprudencia también se pinta solo, y qué decir del titular del Poder Judicial, Francisco Gutiérrez.
Por ahí también la alcaldesa Angelina Muñoz Fernández; el rector de la Unison, Enrique Velázquez; el diputado Javier Villarreal, representando al Poder Legislativo, y ahí en el graderío al excelente amigo también hombre de leyes, Oscar López Vucovich; el meramente del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva y el resto de los integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, además de empresarios de la talla de Martín Gándara, Félix Tonella, Don Roberto Gómez del Campo, entre otros.
Jesús R. Moya Grijalva
El evento se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y al terminar, la gobernadora se fue echa a la mocha a festejar el Día del Niño al Parque Infantil, que desde temprano estuvo atestado de niñas y niños que por cientos acudieron a disfrutar sus instalaciones de forma gratuita, con un circo, piñatas, música y regalos, en un gran ambiente que se prolongó durante todo el día.
Y este martes es el Día del Trabajo, tocando el turno a los adultos festejar su condición de gente productiva y que aprovecharán para manifestar sus inconformidades más diversas, y por qué no, aprovechar el foro para pintar rayas político-electorales. Pero esa será otra historia.
