Este martes será, sin duda, un día de furia.
Solamente en Hermosillo, el servicio de transporte urbano moviliza diariamente un promedio de 300 mil personas. Hoy, los concesionarios agrupados en Sictuhsa estallarán un paro de labores que dejará sin el servicio a la mayoría de ellos, pero el problema se replicará en Ciudad Obregón, Navojoa y Guaymas, donde también habrá paro de labores.
Para evitar el caos, más de mil 500 taxis saldrán a las calles de estas ciudades a cubrir las rutas que opera la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano, cobrando una tarifa de nueve pesos. Pero ese es un plan emergente ante el paro.
A este esfuerzo se sumarán uno 300 camiones de transporte de personal, para evitar que se desate el caos en ciudades donde los problemas de movilidad urbana son serios, aún con el servicio normal.
Pero esto es sólo un plan emergente por un día, para salvar momentáneamente un conflicto que viene repitiéndose desde hace décadas y al que no se ve solución definitiva.
Los concesionarios argumentan que sus empresas son incosteables, y el gobierno, que no está en condiciones de subsidiar una tarifa como la que exigen y que tendría que ser, según sus cuentas, de 15 pesos, lo cual por cierto sería una puñalada al corazón de la economía familiar.
Pero en esta discusión se han ido, inexorable, lastimosamente los meses y los años, dejando a los usuarios en estado de indefensión, frente a un sector de transportistas al que se han otorgado casi 640 millones de pesos en la actual administración, y que sólo excepcionalmente cumplen con los compromisos de ofrecer un servicio digno.
La semana pasada se perfiló un principio de acuerdo, al aceptar ambas partes discutir la devolución de las concesiones al estado, bajo ciertas condiciones que, evidentemente no convencieron a los transportistas que hoy de nueva cuenta se van al paro.
Quizá sea tiempo de romper el círculo vicioso que una y otra vez se viene repitiendo afectando gravemente a los ciudadanos. Quizá sea tiempo de plantearse un golpe de timón que por fin se traduzca en un servicio de transporte urbano digno en nuestras ciudades.
Uno de los argumentos que históricamente han esgrimido para sí los gobiernos en turno, es que el sector de los transportistas representa un caudal importante de votos y por ello hay que “chipilearlos”.
A estas alturas del partido, y considerando los resultados electorales del pasado primero de julio, ese argumento suena cada vez menos convincente. Urge hacer algo, por el bien de todos, pero sobre todo, por el bien de los usuarios.
II
Al concluir su gestión como senador de la República, Ernesto Gándara Camou presentó ayer su informe de actividades en el que hace un pormenorizado recuento de los principales temas de los que fue partícipe durante estos seis años, que registraron episodios cruciales en la vida política nacional.
En un extenso documento difundido profusamente a través de las redes sociales, como mandatan los cánones de la auténtica austeridad republicana que siempre ha practicado El Borrego, pondera las leyes y reformas que pasaron por el Senado y que responden a los desafíos que nos impone el contexto internacional en materia de apertura económica, democracia, desarrollo social, educación y derechos humanos.
En ese recuento reseña las reformas estructurales, las leyes y reformas relevantes; la actividad legislativa en comisiones, la agenda legislativa, el gobierno abierto, el parlamento internacional, y un último capítulo en el que abunda sobre las actividades en Sonora.
Allí destaca la atención a líderes sociales, estudiantes, empresarios, académicos, trabajadores, madres de familia, funcionarios, presidentes municipales y regidores; así como representantes de los sectores productivos de Sonora y Arizona, para abordar todos los temas que integran sus respectivas agendas.
El documento es muy extenso y seguramente usted tendrá oportunidad de consultarlo una vez que lo tenga a la vista a través de sus redes sociales.
III
Otra ex senadora que dio la nota ayer fue Ana Gabriela Guevara, “La Gacela” de Sonora al anunciar su nombramiento como Comisionada Política Nacional del PT en el estado, camiseta que habrá de portar por lo menos hasta que asuma la titularidad de la Conade en el gabinete ampliado de Andrés Manuel López Obrador, aunque antes habrá de pasar por San Lázaro para levantar la manita y rendir protesta como diputada federal.
Ya encarrerada (y de eso sabe muchísimo), Ana Gabriela aprovechó para declararse lista para el disparo de salida rumbo a la gubernatura que se disputará en Sonora dentro de tres años, aunque sin duda esta será una carrera de resistencia y no de velocidad, en la que es especialista.
Aprovechando su estancia en Sonora, “La Gacela” acudió a Palacio de Gobierno para entrevistarse con “El Potrillo”, en un encuentro que podría tener como mejor escenario en Centro Ecológico, pero como ambos le entienden más a la grilla que a la zoología, se reunieron para tender puentes de diálogo que otros están empeñados en dinamitar.
IV
No quisiera despedir esta columna sin antes abordar un tema particularmente grave, relacionado con hechos de violencia extrema que se han registrado en varios municipios de la entidad, y que quizá no estén desvinculados de los procesos de transición en los gobiernos locales.
La semana pasada fue asesinado a tiros el ex comandante de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Francisco Angulo, en el Valle del Yaqui.
En Guaymas, atentaron contra la vida de la comandante de la policía municipal porteña, Lilian Arce, que fue herida de gravedad cuando realizaba sus ejercicios de rutina en un gimnasio del vecino puerto.
Es posible que ambos no se conocían entre sí, pero tienen algo en común. El primero se inscribió, atendiendo la convocatoria respectiva, para ser considerado como aspirante a ocupar el cargo de Comisario de Seguridad Pública en Hermosillo.
La segunda, es la propuesta (ignoro si lo sigue siendo) de la alcaldesa electa, Sara Valle Dessens para hacerse cargo de la corporación municipal en Guaymas.
En Cajeme, además, el alcalde electo Sergio Pablo Mariscal Alvarado ha recibido, por diversas vías, amenazas del crimen organizado que, todo parece indicar, pretende influir en la designación de mandos en las corporaciones locales.
Esto no es un asunto menor. Los atentados y amenazas no deben ser echados en saco roto, porque son un indicador de la presencia de esos grupos criminales y sus intenciones de influir en los procesos de transición, sobre todo en el área de seguridad pública. Las autoridades deben estar muy atentas a estos sucesos.
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