Entre las propias, las ajenas y las inventadas, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas se mantiene envuelta en una burbuja bastante negra, acentuada por su perfil impetuoso y muchas veces irreflexivo, que la lleva a exhibirse más como militante ansiosa de reconocimiento de liderazgos de MORENA, que como autoridad institucional de instancia de gobierno.
Su frecuente protagonismo en redes sociales para enaltecer su incondicionalidad a Alfonso Durazo Montaño y/o Andrés Manuel López Obrador, revela cuáles son sus prioridades frente a una compleja problemática municipal que rebasa con mucho sus capacidades y habilidades como alcaldesa, como es el caso del deterioro de la infraestructura urbana, la inseguridad pública y el encarnizado embate de la pandemia del Covid-19.
El pasado domingo fue particularmente una jornada complicada, primero que nada, porque se mantiene la incidencia de muertes y de contagios que reconocen oficialmente las instituciones de salud en Sonora, datos que Hermosillo arroja mil 43 decesos y 18 mil 304 infectados por el virus, que en los últimos días van al alza en ambos rubros.
Dicha dramática realidad, para familiares de las víctimas, no limitó a la alcaldesa para renegar de disposiciones de la autoridad de salud federal que regresó al color naranja el semáforo epidemiológico a principios de este mes, retobo que para muchos observadores fueron manifestaciones de que la primera autoridad municipal ya entró al “Modo Electoral”, mandando a lugar secundario la salud y vida de la gente.
Al menos así lo dejó saber el secretario Enrique Clausen, luego de conocerse la pretensión del municipio de mantenerse en color amarillo, contrario a la citada disposición federal y que el Consejo Estatal de Salud hubiera decidido endurecer medidas restrictivas con el propósito de detener o al menos aminorar la velocidad de la cadena de contagio.
En ese contexto, López Cárdenas utilizó el tuiter para promover el uso del Dióxido de Cloro para combatir el Covid-19, respaldándose en cuestionadas versiones propagadas por el alcalde de Campeche capital, Eliseo Fernández Montúfar, quien atribuyó al consumo de ese peligroso químico en la reducción del embate de la pandemia en ese municipio.
No fue muy lejos por las respuestas de profesionales de la salud y hasta por legos en esos asuntos que aprovecharon la recta para tundirla de forma inclemente por su ignorante referencia y es que la verdad no se requiere de ser muy ducho en tales asuntos para darse uno por enterado que esa medicina resulta peor que la enfermedad.
Y es muy fácil deducir lo anterior: se supone que el Dióxido de Cloro ayuda a la oxigenación de la sangre, pero nunca podrá suplir la oxigenación intubada o simplemente aplicada conectándose a un tanque de oxígeno, gravitando además las consecuencias y secuelas de un químico que más que oxigenar la sangre, la oxida y eso conlleva alto riesgo de muerte, incluso mayor que el virus.
Además, instancias federales y estatales de salud de México y de muchos países del mundo, rechazan y hasta prohíben tratamientos contra el covid a base de ese químico y previenen sobre engaños y desinformación aprovechando el natural temor ante el riesgoso y peligroso virus, ya que abundan anuncios donde se comercializa dicho producto.
Pues la alcaldesa tuvo que eliminar su tuit, pero el daño en su imagen quedó hecho, frente a una realidad mundial donde las supercherías no pueden suplantar a la ciencia médica y a recomendaciones de profesionales de la salud, que de forma unánime rechazan el consumo de productos que en todo caso sirven para sanitizar superficies e incluso alimentos, pero que de ninguna manera es recomendable consumirlos por la vía oral e incluso ni frotarse.
Sobre este tema de tan de vida o muerte no hubo ninguna excusa o justificación de parte de la comuna, no así en el caso de la guarida descubierta en exclusiva cerrada residencial de Hermosillo, en donde derivado de una denuncia por robo se encontró variada documentación relacionada con la dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento y abundante papelería de MORENA.
No obstante que en el reporte de robo de seis tabletas electrónicas, cuatro computadoras de escritorio, dos pantallas de 50 pulgadas, un proyector, varias despensas y 48 latas de cerveza se señala que la parte afectada es el Ayuntamiento de Hermosillo y que la denuncia la interpuso el empleado “temporal”, Daniel Abraham Gámez Martínez, se emitió un comunicado oficial, en el que se asegura que “dicho inmueble no está relacionado con el trabajo de ninguna dependencia de la actual administración municipal”.
También salió a paro el dirigente nominal de MORENA, Jacobo Mendoza Ruiz, quien calificó como falsa tal información, asegurando que ese partido no cuenta con un domicilio alterno a las oficinas oficiales y que su primo hermano Jesús David Mendoza Rivas, quien además de ser director de Bienestar Social, es esposo de directora de Atención Ciudadana en el ayuntamiento, Patricia Álvarez Hernández, así como el denunciante del robo, “no son funcionarios públicos y desempeñan sus actividades como profesionales independientes, sin negar sus derechos ciudadanos que ejercen como activistas voluntarios en nuestro movimiento”.
La información divulgada incluye la existencia de documentación oficial de la comuna capitalina, tarjetas de presentación del pariente del Jacobo, del INE y de MORENA, copias de credenciales de elector de ciudadanos de comunidades del Río Sonora e informes sobre el resultado de activismos, panfletos y pasquines de ese partido, sin que se sepa aún qué datos iban almacenados en los equipos de cómputo robados.
Fuentes ligadas a MORENA que por lo regular nos ofrecen certeza en sus tips, nos comentan que el latrocinio no reúne el perfil de delincuencia común y fortuita y que sin duda se trata de un acto perpetrado por cualquiera de los grupos internos que se la pasan de la greña en ese partido e incluso, se atreve a sospechar de integrantes de la tropa que acuerpa al dirigente estatal de facto, Adolfo Salazar Razo, versión que pasamos al costo a reserva de profundizar en esa indagatoria.
Por lo pronto, como lo asentamos en los anteriores Entretelones, la dirigente del PRI en Hermosillo, Iris Sánchez Chiu ya exigió una investigación puntual sobre el asunto y al igual lo hizo su homólogo del PAN, Luis Ernesto Nieves, ya que con o sin el conocimiento de la alcaldesa, todo indicaría que hay desvío de recursos financieros y humanos de la comuna en favor del activismo de MORENA.
Suponemos que el actual entramado legal, estrictas medidas de control del gasto y sobre todo la divisa morenista de no robar, eran factores suficientes para inhibir machincuepas de esa naturaleza desde cualquier instancia de gobierno, circunstancia que en este caso deberá o debería de indagar y si se puede, aclarar, la Fiscalía de Delitos en Materia Electoral a cargo de Daniel Núñez Santos, previéndose que los principales interesados en dar con los rateros y sus motivaciones, son los integrantes del equipo de la alcaldesa y el mismo Mendoza Ruiz.
Por lo demás, de destacar la templanza, la altura de miras y civilidad de Ernesto Gándara Camou, quien en entrevista radiofónica de transmisión nacional, ratificó su conocida posición que lo ha distinguido durante toda su vida, aún en condiciones muy adversas y que contrario al troglodismo de su eventual adversario, el chapulín Alfonso Durazo Montaño, le ofreció respeto, que extendió a todos los actores políticos de la comarca.
Bien por “El Borrego” frente a la abierta intención de hacer una campaña de confrontación y de ruptura de parte del desarraigado morenista, a quien por cierto, a la descafeinada copia de López Obrador aludida por el líder del PRI, Ernesto de Lucas, agregaríamos que Durazo es una rústica, rupestre y troglodita copia de Luis Donaldo Colosio, por su conducta prepotente, con poses aristocráticas, fatuo, con ínfulas clasistas y autoritario.
Y este martes hay sesión del Congreso del Estado y que mejor escenario para que la bancada de MORENA muestre una vez más sus ínfulas autoritarias ya que por enchílame otras, pretenden que la Universidad de Sonora posponga la convocatoria al proceso de elección o de reelección del Rector para el período 2021-2025, en el marco de una abierta intromisión a la autonomía de la máxima casa de Estudios de Sonora.
El pretexto de la coordinadora Ernestina Castro Valenzuelapara sabotear un trámite legal sustantivo de nuestra querida Alma Mater, es que en el Congreso del Estado se encuentra pendiente de dictaminación una iniciativa de reforma a la Ley 4 y pretende reforzar dicha demora, con el argumento de que en ese proyecto se incluyen modificaciones del procedimiento para elegir al rector.
Quisiéramos enterarnos quien de esa depauperada representación legislativa dispone de una formación universitaria y en específico, quien pasó por las aulas de la Unison, como para que tengan la calidad moral y académica como para entrometerse de esa manera, impulsados seguramente por quienes a lo largo de los últimos años han pretendido asaltar los órganos de dirección de la institución, porque por sí mismos, a esa partida de ignorantes no les alcanza su inteligencia.
