Hace un mes, el 16 de octubre pasado y tras conocer la noticia de la detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda, el presidente de la República lamentó los hechos, pero los expuso como otra prueba de la degradación y la decadencia del régimen neoliberal, que también tiene preso en Estados Unidos a Genaro García Luna.
Anunció además una limpia en el Ejército: “todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos van a ser suspendidos, retirados y si es el caso puestos a disposición de las autoridades competentes”, aseguró.
Esas declaraciones no cayeron nada bien en el ejército. Ni en el alto mando, cuyos integrantes fueron colaboradores, subordinados y amigos de Cienfuegos a lo largo de su larga y ascendente carrera, ni entre los generales retirados, que son una especie de consejo de veteranos muy respetados en las filas castrenses, ni en la tropa, que ha sido particularmente vejada en esta administración federal.
Valga una breve digresión antes de continuar.
Mucho se ha dicho que al ejército se le ha dado un trato preferencial en el gobierno de la 4T, al responsabilizarlo de tareas que antes no tenía: como policías civiles en la Guardia Nacional, como constructores de obra pública (aeropuerto de Santa Lucía, señaladamente); como administradores de aduanas, como constructores de los bancos de bienestar, como empleados de transporte de valores, entre otros.
Lo que en realidad ha sucedido es que a los militares se les ha quitado vehículos, personal, armamento, equipo logístico y de inteligencia para transferirlo todo a una Guardia Nacional de resultados aún no probados, o a trabajos que requieren otro grado de especialización, sin modificar sustancialmente sus condiciones salariales.
Eso sin contar las muchas y muy publicitadas veces en que sus elementos tienen que soportar humillaciones ya de grupos delictivos como los huachicoleros, ya de organizaciones sociales que los han apedreado, apaleado y literalmente, amarrado.
No. En ese conglomerado de 250 mil elementos de la milicia mexicana no todos están contentos con lo que ocurre. A pesar de su vocación de diletante de la historia mexicana, el presidente no conoce bien lo que son las fuerzas armadas. O si lo conoce, lo subestima en esa lógica muy suya en la que nada ni nadie puede estar, no por encima, sino ni siquiera a su lado en la toma de decisiones.
Pero el ejército ha tenido siempre un peso muy importante en la vida pública del país. De hecho, el Partido de la Revolución Mexicana, fundado por Lázaro Cárdenas para transformar al PNR que duró nueve años en el ejercicio del poder tras el triunfo de la revolución, integró al ejército como su cuarto sector, además del obrero, el campesino y el popular.
Natural, si se considera que esas organizaciones políticas tuvieron su germen en las luchas revolucionarias, donde los militares tuvieron un papel destacado.
De hecho sus fundadores y sus primeros presidentes fueron generales: Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas, como sus figuras más señeras.
En la década de los 40, cuando los civiles comenzaron a tomar el mando del país, el ejército siguió teniendo un gran peso en las decisiones políticas.
Prácticamente todos sus generales desde entonces, se formaron en la llamada Escuela de las Américas, un semillero de militares que durante todo el periodo de la Guerra Fría fueron formados y financiados por el gobierno estadunidense para combatir la insurgencia popular en Centro y Sudamérica.
La mayoría de los generales mexicanos fueron forjados en esa escuela. El general Cienfuegos y el actual secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González entre ellos. Todos ellos saben mucho de lo que pasa en México y sobre todo, lo que pasa en Estados Unidos.
Con estos antecedentes, no puede interpretarse el desistimiento del gobierno gringo de los cargos que se le imputan al general Cienfuegos como un triunfo de la diplomacia (léase Marcelo Ebrard, a quien ni siquiera avisaron de las intenciones de aprehenderlo), sino como una negociación de alto nivel entre militares norteamericanos y mexicanos.
Un cabildeo que por cierto, tiene altas probabilidades de terminar en una exoneración del general Cienfuegos, primero, porque no puede ser juzgado por los mismos delitos; segundo, porque los delitos de que se le acusa en EEUU ya prescribieron; tercero, porque las pruebas para fundamentar esos delitos debieron ser obtenidas y desahogadas legalmente, lo que está en duda y por último, porque el monopolio de la acción penal la tiene la fiscalía, que como se sabe, se ha desistido y luego entonces no hay materia.
Todo lo demás es fuego de artificio, pero este episodio agrava la relación entre el ejército mexicano y su comandante en jefe, que se adelantó, prejuzgando al implicado haciendo a un lado la presunción de inocencia, para declarar que procedería contra todos aquellos involucrados en los delitos de que se acusó al general en Estados Unidos.
El asunto no es menor ni doméstico, porque involucra a los verdaderos halcones estadunidenses y su mirada al sur de su frontera, que pasa por los mandos militares mexicanos, puente con sus homólogos en Centro y Sudamérica.
Este episodio, considerando la frivolidad con que López Obrador se sumó a la narrativa del fraude electoral en Estados Unidos, validando la cada vez más débil defensa de Donald Trump puede significar uno de los más graves desbarres del presidente mexicano en su limitada (o condicionada) visión de la política internacional.
Tampoco es raro, considerando que su asesor de cabecera en estos temas es John Ackerman (a quien AMLO confundió con Leo Zuckerman) y quien se apresuró a calificar la detención del general Cienfuegos como un logro de la Cuarta Transformación. Ahora se tendrá que tragar sus palabras.
El tema es grave, porque acentúa las diferencias entre el presidente y los militares. En la perspectiva de la elección 2021 no se puede minimizar la fuerza de un ejército de 250 mil efectivos resintiendo agravios. Finalmente también votan junto a sus familias, y si bien habrá en ese contingente quienes asuman la lealtad a toda prueba, habrá otros que acumulan dudas.
Ojo con esto.
II
Tal como adelantamos en la columna de ayer, causó baja en la oficina de la secretaría de Gobernación en Sonora el señor Antonio Gallardo y la verdad no sé cuál de las dos versiones sobre su salida sea más grave.
Una habla de que lo sorprendieron en ciertas machincuepas no propias de la honestidad valiente. La otra, que decidió renunciar porque la paga era muy poca y en esa oficina no había nada que hacer, así que decidió sumarse a la campaña de Alfonso Durazo a la candidatura al gobierno del estado.
Si la primera versión es cierta, malo. Si lo es la segunda, pronto veremos a un pequeño ejército de efímeros funcionarios federales sumados a la talacha de campaña porque, nos dicen, en sus oficinas sólo van a acumular horas-nalga.
III
Se publicó ayer en el Boletín Oficial del gobierno del estado la ley que regula el uso de cubrebocas y demás medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad provocada por el Covid19 y que hace obligatorio portar este tipo de adminículos para todas las personas que se encuentren en territorio sonorense, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos comerciales, industriales o de servicios (esenciales y no esenciales), así como para usuarios y operadores del transporte de pasajeros y de carga.
Lo anterior no sustituye otras medidas como el resguardo domiciliario, las salidas esenciales, la sana distancia, el lavado constante de manos y otras.
La nueva ley no contempla sanciones para quien no utilice el cubrebocas, pero incluye una larga lista de recomendaciones preventivas y mandata a las autoridades a realizar campañas de concientización y a proporcionar esas mascarillas de acuerdo a su disponibilidad presupuestal.
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