A nada, en verdad estamos a nada de que el territorio yaqui se manche de sangre. Apostados en cuando menos cuatro puntos entre Pótam y Loma de Guamúchil, pasando por Vícam, integrantes de la etnia han instalado retenes en los que cobran cuotas de entre 50 y 200 pesos a todos los usuarios de la carretera federal 15.
La molestia de automovilistas y transportistas ha escalado y cada vez se vuelven más frecuentes los desaguisados entre éstos y los indígenas que, arguyendo el llamado paso de servidumbre, los obligan a pagar esas cuotas.
Ya ha habido choferes golpeados, vehículos dañados, intentos de atropellamiento y lo más reciente, una amenaza con arma de fuego a un hombre de la tercera edad que se rehusó a cubrir la cuota.
Ante lo que consideró un riesgo de que estas acciones deriven en una tragedia de mayores proporciones o la pérdida de vidas, la gobernadora envió un comunicado urgente a las autoridades federales para que en el ámbito de sus competencias y respetando los derechos humanos de la etnia se aboquen a resolver las demandas que originaron esta situación.
Para ello propuso la integración de un equipo del gobierno federal, con plena disposición del gobierno de Sonora a coadyuvar con base a un calendario preciso y de corto plazo, para la toma de decisiones y la aplicación de las mismas, que deriven en la solución definitiva del conflicto.
La mano está extendida y la disposición a resolver este tema es clara. Falta conocer la posición de los gobernadores yaquis, pues son precisamente las autoridades tradicionales quienes permiten y validan esos bloqueos.
Hay que ponderar el diálogo, antes que la sangr4e llegue al río.
El asunto es ciertamente complejo y tiene que ver con una añeja división en la tribu, auspiciada por el gobierno federal hace ya unas tres décadas cuando reconocieron como interlocutores a las llamadas posteriormente ‘autoridades’ duales. Desde entonces los gobiernos yoris han tenido que negociar en dos frentes y, por qué no decirlo aprovechar esa dualidad para alimentar enconos y empujar sus propias agendas clientelares.
La aborigen lectora, el étnico lector habrá de recordar que en la visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para anunciar su Plan de Justicia para la tribu yaqui, tuvo que tomar una brecha para viajar de Obregón a Vícam porque un grupo de yaquis tenía bloqueada la carretera a la altura de Loma de Guamúchil.
Mientras el presidente pactaba con unos gobernadores de la tribu, otros mantenían -o auspiciaban-, el bloqueo. Recordarán también que a ese encuentro, no fueron invitados representantes del gobierno estatal. En resumen, se pacta con unos pero se desestima a los otros.
De hecho, el Plan de Justicia suscrito con el gobierno federal ya está dando los primeros resultados: se liberaron recursos para los ocho pueblos yaquis y se anunció la construcción de un acueducto desde la presa El Oviachic en Cajeme para abastecer a las comunidades indígenas; también están caminando acciones de vivienda y obra pública, se anunció la construcción y operación de una universidad indígena, entre otras cosas, mientras sigue en análisis un tema más complejo que tiene que ver con el agua y el territorio.
Lo que reclaman los yaquis es que ni el gobierno ni las empresas privadas que utilizan su territorio para las telecomunicaciones, el traslado de personas y mercancías, o de agua y combustible les han retribuido lo que legalmente les corresponde por el llamado paso de servidumbre.
El problema es que ese dinero se los debe el gobierno pero ellos se los están cobrando a los ciudadanos y no de la mejor manera, lo que ha generado esa situación de tensión que puede reventar en cualquier momento.
II
El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando muestras claras de que en su gobierno se acabó la simulación que había en el pasado.
Antes, los presidentes simulaban que eran respetuosos de los procesos electorales y que no metían las manos en ellos, cuando en realidad la tenían metidas hasta los hombros.
Ahora ya no hay más esa simulación, ya no se simula nada. El presidente tiene, públicamente metidas las manos en los procesos electorales, hasta los hombros.
En las elecciones de Hidalgo y Coahuila hace unos meses el presidente mantuvo un bajo perfil, pero los resultados resultaron muy adversos para su partido.
Quizás por eso ya decidió ponerse el overol de activista militante y comenzar a posicionarse respecto a sus adversarios políticos.
Ayer en Ensenada, Baja California dedicó buena parte de su discurso a descalificar al PRI y al PAN, a su eventual alianza y hasta vaticinó su derrota en los comicios de 2021 y en la consulta para revocar su mandato en 2022.
Fue más allá: aseguró que el movimiento que encabeza no permitirá retrocesos ni que regrese el régimen de corrupción, injusticias y privilegios.
“Que no coman ansias los conservadores, hay esos dos momentos importantes, trascendentes. El año próximo, 2021 y 2022 yo estoy seguro que va a ganar el movimiento liberal, las fuerzas progresistas le van a ganar al partido conservador, al partido de la corrupción, al partido de los privilegios”, dijo.
En el sistema presidencialista mexicano, particularmente redimensionado a partir de 2018, sabemos lo que significa el posicionamiento del jefe del Ejecutivo y comandante supremo de las fuerzas armadas respecto de un proceso electoral: la maquinaria de Estado será puesta al servicio del presidente y su partido.
Como sucedía antes, ciertamente, pero con el agregado de que ya no habrá simulación ni hipocresía: el presidente no estará en las boletas electorales, pero sin duda se convertirá en el activista militante más fuerte de su partido. Un activista, además, que tiene la tribuna mediática más importante del país, el control de las instituciones del Estado, y mucho, pero mucho dinero para incidir en las campañas.
Ya lo veremos.
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