Un ladrón más en la 4T

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Recordamos aquel 19 de agosto de 1989 cuando en impresionante operativo, el ejército mexicano ocupó la Mina de Cananea que meses antes se había declarado en quiebra, como parte del tortuoso proceso de privatización que culminó con su venta a Jorge Larrea Ortega, conocido como el Rey del Cobre. 

A lo largo de los años anteriores, el complejo minero bajo la administración del Gobierno, se había mantenido una relación amor-odio con el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Sada, considerado como un cacique del sindicalismo mexicano y ya privatizada, arrancaría una larga etapa de confrontación, exacerbada cuando los juniors Germán Larrea Mota Velasco y Napoleón Gómez Urrutia heredaron, uno el control de Mexicana de Cananea y el otro la dirigencia del sindicato. 

Más o menos por allá en el 2004, se supo que en el convenio de compra venta del complejo minero, se había insertado una cláusula en la que el sindicato recibiría un 5 por ciento del monto total de la venta para ser distribuidos entre los trabajadores de la mina que enfrentaban y litigaban en un mar de despidos y liquidaciones, con paros frecuentes y ambiente de confrontación obrero-patronal. 

Ya como dirigente del sindicato, “El Napito” se hizo el desentendido y alegó que esos 54 millones de dólares para nada correspondían de forma exclusiva a los trabajadores de la mina de Cananea ahora batallando con una empresa privada por sus derechos laborales, sino que dicho monto se había constituido en patrimonio del sindicato para beneficio de todos los agremiados. 

Los robados por “Napito”

En resumen, esos 54 millones de dólares se esfumaron; el dirigente huyó al exilio en Canadá y regresó indemne luego de la purificación que le extendió Andrés Manuel López Obrador, quien además le extendió fuero al hacerlo senador de la república, mientras que su adversario, Larrea Mota Velasco es uno de los hombres más ricos de México, con una fortuna calculada en unos 18 mil millones de dólares. 

En todos estos años no hemos entendido bien a bien, como es que mineros que aún integran la Sección 65 del sindicato minero mantienen su apoyo a Gómez Urrutia a pesar de haberlos esquilmado, así como ocurrió con al menos mil 200 trabajadores, ya muchos de ellos fallecidos luego de ser liquidados con escuálidas indemnizaciones y otros ni eso por su feroz napismo, y en desventaja porque la titularidad del contrato colectivo lo perdieron a manos de otra organización sindical. 

Así las cosas, luego de un largo litigio, la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo ya no impugnable, en el que se resuelve en definitiva regresar esos 54 millones de dólares y cacho a cada uno de los actores con derecho de beneficiarse de manera proporcional, de acuerdo a los términos de los fideicomisos que fueron fondeados por los actores de la compra-venta de la mina, al ser entregado dicho monto el 3 de marzo del 2005. 

Ya en el 2018 ese tribunal laboral había emitido un laudo similar pero no estuvo tan documentado como el emitido el sábado pasado, el cual, con 265 fojas se dan por concluidas 16 demandas que detallan la ruta de ese dinero hasta la extinción del fideicomiso perpetrada por el mismo Gómez Urrutia para quedárselo por ser producto de una larga presión a base de prolongadas huelgas en el mineral y que vino a ser lo que le permitió llevar su exilio dorado en Canadá. 

Javier Villarreal 

De acuerdo a Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la CTM y además operador del proceso  para que la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos de México (UNASIM), ganara el contrato colectivo a la sección 65 napista, el laudo ya no es impugnable y debe ser cumplido de forma inmediata y esos recursos distribuidos entre trabajadores mineros y sus familias, con el subrayado de que la sentencia es contra el sindicato minero propiedad del ahora senador de la república y en contra de él mismo como “deudor solidario”. 

Ese es el sindicalismo y los sindicalistas que cobija la 4T y López Obrador, cuando la percepción generalizada es que Gómez Urrutia, al igual que su padre, encarna la corrupción más conspicua del sector laboral mexicano, y no, no creemos que el senador ni su sindicato vayan a acatar el laudo. 

Sin salirnos mucho del tema, en la elección del 2006 fue la consigna eje del mensaje; en la del 2012 se dejó en lo oscurito; en la del 2018 más o menos fue sacada a orear, y ya como gobierno la convirtieron en instrumento propagandístico cotidiano: Por el bien de todos, primero los pobres, balbucean a la menor provocación. 

Pero ocurre que en esta elección 2021, hay una variante sustancial y sustantiva en tal consigna al menos en materia electoral, ya que si bien se mantiene “Por el bien de todos”, se complementa ya no con “primero los pobres”, sino con primero los parientes, compadres, comadres, socios, cómplices, parejas sentimentales, quienes de pobres no tienen nada, pero que vía dedazo fueron beneficiarios de candidaturas a puestos de elección popular. 

Adolfo Salazar Razo

Al igual que en el resto de los Estados del país, muy complicado ha resultado el proceso de definición de candidaturas de MORENA en Sonora, tocándoles bailar con la más fea a Jesús Valencia Guzmán, delegado nacional y al dirigente estatal Adolfo Salazar Razo, presuntas manos derecha e izquierda del candidato a la gubernatura Alfonso Durazo Montaño, cuando lo único que han hecho es acatar lo que éste les ordena, porque como ya se sabe, las encuestas son una falacia. 

La gota que derramó el vaso es lo ocurrido en Huatabampo, en donde hay creciente rebelión entre tribus experredistas porque “El Beto”, hermano del secretario particular del chilanguito, Panchito Vázquez, fue desplazado de la candidatura a la alcaldía precisamente por ese parentesco, luego de presiones de bandos contrarios que impulsaban a Jesús Flores. 

Curioso caso de esa reversa, toda vez que a lo largo y ancho del estado hay registros de cómo la cúpula morenista decidió en favor de parientes y no dejan mentir los casos de la hija de Jorge Taddei, Ivana Celeste, designada para ir por una diputación local o Celia Durazo Montaño, hermana del candidato a la gubernatura, por la presidencia municipal de Bavispe, luego de hace tres años fuera igualmente impuesta para ser aplastada en la elección. 

Para no ir muy lejos, como ya se habrá enterado, el pasado sábado se realizó lo que se dijo una asamblea popular convocada por los rebeldes a esas decisiones y ahí se presentaron inconformidades por los procesos que derivaron en la designación de 31 candidaturas a alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales y a la vez se han filtrado materiales videográficos donde se muestra la rispidez de la confrontación con la dirigencia estatal y su candidato a la gubernatura. 

Militancia de MORENA contra el dedazo

Hubo un levantadero de faldillas de padre y señor nuestro en esa juntada realizada en la misma sede de MORENA en Sonora, resultando impugnadas las designaciones de 5 de las 7 candidaturas a diputaciones federales, Lorenia Valles Sampedro, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Wendy Briceño Zuloaga, Gabriela Martínez y Shirley Vázquez Romero. 

De las designaciones-imposiciones en distritos locales destacan Óscar Castro Castro, 06 Bernadette Ruiz, Armando Moreno Soto, Alma Delia Limón Moreno, la ya mentada hija de Taddei, el promotor de carreras de caballos y peleas de gallos, José Rafael Ramírez Morales, Sebastián Antonio Orduño, Ernestina Castro Valenzuela, Fermín Trujillo Fuentes y Luis Arturo Robles Higuera.  

Respecto a imposiciones en Alcaldías están la de Guaymas Karla Córdova González; Hermosillo, Célida López Cárdenas; Cajeme, Javier Lamarque Cano; Etchojoa, Tadeo Mendívil Valenzuela; Álamos, Rafael Enríquez Corral; Nacozari, Graciela Molina Andana; Opodepe, Karina Fernández López; Baviácora, Javier Cedano Tirado; Carbó, Oralia Valdez Arnold; Navojoa, Mario Martín Martínez; Cumpas, Griselda Hoyos Acuña, y en Rayón, Héctor Vidal Robles.  

Los principales argumentos es que en esas imposiciones no se privilegiaron trayectorias ni militancias; que hay muchos filo padrecistas; que hay opacidad absoluta en lo relativo al resultado de las encuestas y un altero así de señalamientos de quienes se sienten desplazados porque sus aspiraciones no fueron tomadas en cuenta, sin que tengamos idea si esa revuelta podrá ser sofocada, ni los costos que tendrá MORENA ante tantas decisiones autoritarias. 

“El Borrego” es factor de unidad

Por Rumbos de la Alianza Va Por Sonora, las aguas lucen mucho más navegables con un candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara Camou ocupado en lo sustantivo, en tanto que los partidos aliados se ocupan del planchado de candidaturas y eventuales tratamientos por contusiones con la aplicación de fomentos en caso de inconformidades, que ha decir verdad son muy pocas y no han sido de trascendencia. 

Es por eso que “El Borrego” se da tiempo para agregar calado a su propuesta, como fue la reunión que sostuvo este lunes con un millar de empresarios de todo el estado, unos de forma presencial y los más vía tecnologías de la comunicación virtual, en donde diseccionó su programa para la Reactivación Económica en cuanto asuma la gubernatura el 13 de septiembre próximo. 

Con la participación de Juan Pablo Castañón, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, y de Ildefonso Guajardo, ex Secretario de Economía a nivel federal, y quien participó en la negociación de los Tratados de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, en la reunión, Gándara Camou exhibió su reconocida visión de estadista al prospectar las condiciones que habrá de enfrentar para generar mejores condiciones de operación para pequeñas y medianas empresas. 

Y lo mejor, ya se observa mucho avance en la simbiosis entre las militancias del PRI, PAN y PRD para coordinar esfuerzos en Hermosillo en torno a la candidatura de Antonio Astiazarán, al sostener una reunión con toda la propuesta federal y local capitalina de la Alianza Va Por Sonora, así como lo ha hecho en las distintas plazas a donde lo lleva su agenda de giras. 

Claudia Pavlovich

Y tal como lo ha hecho a lo largo de estos años, la gobernadora Claudia Pavlovich no quiere dejar a la casualidad ni a la inercia el subsidio a la tarifa de energía eléctrica para uso doméstico durante el ardiente verano sonorense y por eso formalizó ante el gobierno federal la gestión correspondiente para que entre en vigor a partir del 1 de mayo próximo.  

La mandataria estatal solicitó, a través de un oficio dirigido a Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, y Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la firma del convenio para el presente año, que consiste en equiparar a la tarifa 1F, mediante un subsidio, a los 72 municipios de la entidad que facturan con base en las tarifas domésticas 1A, 1B, 1C, 1D y 1E; además, se busca que una vez más los clientes de Alto Consumo (DAC) que consumen hasta mil 200 Kwh mensuales, sean favorecidos con el apoyo de su tarifa de origen, a fin de evitar que se les eleve sustancialmente el recibo. 

Este convenio representa un importe estimado en 601 millones 327 mil 179 pesos y, de ser aprobado, beneficiará la población de los 72 municipios a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de octubre del presente año. 

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