Mañana martes 28 de septiembre el presidente de la República estará en Vícam, Sonora para dar seguimiento al plan de justicia para la etnia yaqui. Las condiciones que encontrará en esa región del estado no son las óptimas para invocar esa palabra: justicia.
Cajeme tuvo una de las jornadas más violentas que se recuerde a últimas fechas el pasado fin de semana, en el que se contaron al menos 11 personas asesinadas en hechos que tienen el sello del crimen organizado.
Las mismas autoridades yaquis estarán esperando al comandante en jefe de las fuerzas armadas con un reclamo de justicia para los deudos de Tomás Rojo Valencia y Urbano Domínguez, asesinados en distinta fecha, pero también de los diez integrantes de la etnia que fueron ‘levantados’ hace dos meses y cuyos cuerpos, al menos los de seis de ellos, fueron encontrados la semana pasada, pero a la fecha se desconoce el paradero de los cuatro restantes.
Hay además una cifra indeterminada de asesinatos y ‘levantones’ que en los últimos meses han estremecido a la nación yaqui y el tema no puede ser excluido de la agenda presidencial, porque el plan de justicia estaría trunco si no incluye la recuperación de la paz y en esa materia quedan muchas asignaturas pendientes.
A la deuda histórica que se tiene con la etnia en materia de tierras y territorio; agua, salud, educación, infraestructura social y otras se agrega ahora la demanda de justicia por sus muertos a manos de la delincuencia, consecuencia también de la penetración del narcotráfico que ha trastocado la paz en esa región.
Algo se salió de control en los últimos días por aquellos lares. Lo que parecía una broma siniestra por parte de los dirigentes de los comerciantes organizados en Ciudad Obregón al pedir una tregua a la delincuencia organizada para que suspendieran temporalmente sus sangrientos ajustes de cuentas, mientras se llevaba a cabo un torneo mundial de beisbol Sub 23 finalmente no era tan descabellada.
Con todo el operativo policiaco y militar desplegado para garantizar la seguridad de los participantes en el encuentro deportivo, y de la comunidad en general no se pudo evitar la acción de los criminales que con 11 ejecuciones en dos días lanzan el mensaje de que no saben de treguas, vacaciones ni recesos.
Cajeme ya olía a pólvora desde antes. Nada más en el mes de septiembre, cuyas primeras dos semanas fueron las últimas del alcalde saliente Sergio Pablo Mariscal, y las últimas dos que son las primeras del nuevo presidente municipal Javier Lamarque Cano, los asesinatos rondan la cifra de 60.
El fenómeno de la violencia criminal en esa zona no es nuevo, pero la antigüedad tampoco puede ser ni excusa ni consuelo. El año pasado cerró en Cajeme con una cifra cercana a los 400 homicidios dolosos y la tendencia indica que 2021 podría resultar más sangriento.
Además, el sur de Sonora no es la única región estremecida por ese fenómeno. Este mismo fin de semana volvió a sonar la metralla en Magdalena y se registraron varias ejecuciones en la vía pública, en balaceras horrendas que se suceden en medio de la ausencia policiaca o militar.
Esto, insistimos, ya venía sucediendo desde hace tiempo pero se recrudeció en los últimos dos o tres años y la nueva administración estatal (y las municipales) fueron recibidas con una escalada violenta que ya lucía incontenible y lo sigue siendo, a la luz de los hechos del fin de semana que recién concluyó ayer.
Coincido con quienes afirman que el caos incubado durante tantos años no puede ordenarse en unas cuantas semanas, pero sería desesperanzador que en lugar de acciones concretas comience a aparecer esa narrativa de la impotencia frente a los males heredados.
El hecho cierto es que mañana estará aquí el presidente y, para ser la primera visita ya con un gobernador de su mismo partido, encontrará un tiradero en la casa. Qué pena con el presidente.
II
En temas más cotidianos pero no menos importantes de la transición, llegan reportes de algunos problemillas en la integración de los equipos en diversas dependencias, donde algunos de sus titulares se aceleraron un poco y, contraviniendo la instrucción del gobernador Alfonso Durazo de que los cargos públicos no serían repartido al viejo estilo de las cuotas y los cuates (y las cuatas), comenzaron a tomar protesta a sus colaboradores.
Pero en algunos casos ha habido contraorden o se mantienen ‘congelados’ tales nombramientos en espera de que los palomee el único que palomea y al que no le gusta que se lo anden ‘brincando’. En otros casos se trata de personas que han llegado recomendadas por terceros y los primeros sorprendidos son los propios titulares de las dependencias porque ni son gente de su confianza ni acreditan currículums ni perfiles para los cargos.
Me cuentan de algunos casos en la SEC, en Contraloría y en Desarrollo Social, pero en la semana vamos a corroborar la certeza de esos datos.
Donde no le erraron es en la Dirección de Bebidas Alcohólicas donde ya levantó la manita para rendir protesta la joven Liza Auyón, una joven promesa de la 4T en Sonora que ya probó capacidad y lealtad con el proyecto de Alfonso Durazo, durante su paso como representante de Morena tanto en el Instituto Estatal Electoral como en el INE.
Luego volvemos con más detalles.
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