El 18 de enero de 2019 explotó un ducto de Pemex que estaba siendo saqueado por una turba de civiles que robaban combustible en lo que podía, ante los ojos de militares que los reconvenían a desistir, pero obviamente no les hicieron caso.
En algún momento, el combustible se prendió, el ducto explotó y aquello se convirtió en un infierno. Las escenas de gente corriendo envuelta en llamas recorrieron el mundo entero. El saldo fue de 137 muertos en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.
Andrés Manuel López Obrador tenía un mes de haber jurado como presidente de la República y traía intacto el bono democrático. La tragedia, de dimensiones gigantescas no le tocó ni un pelo y antes bien, le sirvió para reforzar su narrativa de reparto de culpas a las administraciones anteriores que permitieron y auspiciaron el huachicoleo en una trama de corruptelas y complicidades.
A más de tres años de aquella tragedia, nadie se acuerda de ella. En otro tiempo y con otros protagonistas en el ejercicio del poder, ya habría ceses de funcionarios, presuntos responsables enjuiciados y una secuela de protestas y movilizaciones exigiendo justicia. El caso simplemente se diluyó.
Hoy, aunque el presidente sigue teniendo niveles de aprobación altos, no son los mismos que al inicio de su administración y de cara a su cuarto informe de gobierno trae tres piedritas en el zapato que a la larga podrían sacarle ampollas. Trae varias más, pero las que se pueden traducir en un desgaste político en estos momentos son tres.
Ayotzinapa es una de ellas. El asesinato y desaparición de los 43 normalistas, confirmado por el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas que prácticamente validó la llamada ‘verdad histórica’ acuñada desde el principio y que tiene en prisión al ex procurador General de la República, Jesús Murillo Káram y con órdenes de aprehensión para varios implicados incluyendo militares de bajo rango, sigue teniendo muchas lagunas y muy pocos responsables en los niveles más altos: mandos militares, policiacos y funcionarios judiciales, y hasta al expresidente Enrique Peña Nieto, al que AMLO insiste en tratar con mucha deferencia.
En palabras del filósofo Josu Landa, “lo de Ayotzinapa se entiende con más precisión (no como un crimen de Estado sino) como un crimen gubernamental, un crimen de mal gobierno: un crimen cometido por los miembros del Poder Ejecutivo mexicano (…) con grupos adscritos al crimen organizado (…) hechos monstruosos efectuados por agentes de identidad político-jurídica anómala: funcionarios en plan de bandidos y viceversa”, como lo plantea en su libro ‘Ayotzinapa, claves de un holocausto’.
Llegar al fondo de este asunto, alcanzar la justicia para las víctimas y sus familiares y garantizar la no repetición pasaría por llamar a cuentas a funcionarios y militares de primerísimo nivel y eso no tiene visos de que vaya a suceder.
La tragedia de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Pinabete, Coahuila tiene un matiz que la acerca a lo sucedido el 5 de junio en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 bebés y muchos más quedaron con lesiones que los marcaron de por vida.
Para que esas tragedias sucedieran tuvo que concatenarse una serie omisiones y comisiones en diversas dependencias federales, estatales y municipales. Desde probables actos de corrupción en el otorgamiento de permisos y concesiones para la explotación de esas minas, hasta la ausencia de supervisión por parte de autoridades del Trabajo a propósito de las condiciones en que laboran los mineros.
En la mira está también la titular de Protección Civil federal que duró más de una semana para solicitar ayuda de especialistas extranjeros, solo para llegar a la conclusión de que los diez mineros atrapados en la profundidad de la mina podrían ser recuperados en un lapso de seis a once meses. Los fantasmas de Pasta de Conchos rondan de nuevo por Coahuila.
El otro caso que se está enredando demasiado es el de Pío López Obrador, en el que comienza a aflorar el dispositivo de Estado para proteger no solo al hermano del presidente, sino al propio presidente. En la saga aparece un personaje que en poco tiempo acumuló ya una tremenda carga negativa: el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
La defensa de Pío ha considerado que para demostrar la inocencia del hermano incómodo, debe ser llamado a declarar el mismísimo presidente de la República para que explique el dinero que Pío colectaba en cantidades que difícilmente llegarán a precisarse.
Hasta ahora al presidente le siguen funcionando sus bombas de humo para proteger a los suyos y a él mismo, y para desviar la atención hacia los conservadores y neoliberales, en esa narrativa que comienza a cansar a la opinión pública.
Los tres casos: Ayotzinapa, Pinabete y Pío serán temas que lo acompañarán en lo que le resta de su gestión, y muy probablemente más allá de la misma. Veremos qué tanto le afectan en los próximos meses.
II
Hoy viernes iniciará el desfogue de la presa El Molinito, por lo que el ayuntamiento de Hermosillo activará los protocolos del caso para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias que viven en las comunidades rurales cercanas al río San Miguel.
El alcalde Antonio Astiazarán envió un mensaje a través de sus redes sociales para que se extremen precauciones en esas comunidades, ya que el desfogue comenzará con 10 metros cúbicos por segundos el viernes, y a partir del lunes 29 de agosto aumentará a 20 metros cúbicos por segundo.
La presa El Molinito rebasó su capacidad desde hace días producto de las intensas lluvias y, al ser esta una obra de control de avenidas, no de almacenamiento, es imperativo comenzar a desfogar sus aguas hacia la presa Abelardo L. Rodríguez para evitar inundaciones.
También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto
Visita www.elzancudo.com.mx
