En la siempre compleja interacción entre la opinión pública-gobierno de Sonora-tribu yaqui, difícil concitar unanimidades como la generada por la no menos difícil decisión de poner fin a las tomas, bloqueos y retenes de presuntos integrantes de la etnia sobre la carretera de cuatro carriles.
Pero primero hagamos un poco de historia sobre actos que provocaron un creciente hastío en amplios sectores ciudadanos, ya que al paso del tiempo se pervirtió lo que en principio fue un ejercicio justificado y hasta legítimo, como instrumento de lucha social, ante las frecuentes afrentas yoris.
Si bien desde hace muchos años el uso de la piola en los accesos a comunidades yaquis, como fórmula de sacar una lanita a fuereños a cambio de transitar en su territorio, hacerlo sobre la carretera considerada la columna vertebral de la red caminera del noroeste del país resultó en palabras mayores y derivó en un estado permanente de crisis.
En principio, allá a fines del 2010, principios del 2011, el bloqueo en Vícam no tuvo propósitos recaudatorios, si no que se trató de una estrategia de presión y de protesta de amplios sectores de la etnia luego de la arbitraria e ilegal construcción de acueducto del Novillo hasta Hermosillo.
En aquellos tiempos era masiva la presencia de yaquis en ese retén, con aperturas esporádicas a la circulación y lo más importante, con liderazgos dando la cara, como fueron los casos de por ejemplo Mario Luna Romero y Tomás Rojo Valencia, en paz descanse, quienes a la vez se ocupaban de gestiones de orden político con instancias de gobierno y de orden legal en los tribunales, aliados de forma inédita con liderazgos de la sociedad civil del sur de Sonora.
Como se sabe, ese conflicto llegó hasta un callejón sin salida durante el nefasto y funesto gobierno de Guillermo Padrés y la displicencia del gobierno de Enrique Peña Nieto al incumplir sus compromisos con la etnia en torno a la controversial obra hídrica.
El arranque de la administración de Claudia Pavlovich no pudo ser más alentador en dicho contexto, al emprender un decidido reencuentro, primero con el desistimiento de la acción penal que tenía en la cárcel a Luna Romero y a Fernando Jiménez, objetos de falsas acusaciones del gobierno padrecista, y luego emprendiendo diversas acciones compensatorias en favor de comunidades de los ocho pueblos yaquis, que iban desde posadas masivas; participación en fiestas tradicionales, hasta obras en la infraestructura de salud, educación y rehabilitación de espacios públicos y caminos.
Así llegó el 2018 y se abrió un nuevo horizonte con un presidente retacado de buenas intenciones en el marco del Plan de Justicia Yaqui, el cual no obstante sus ya incipientes resultados a la fecha, abrieron espacios para la esperanza, que si bien no atiende la demanda principal –el acueducto ilegal—desactivó beligerancias para gradualmente convertir en minúsculos los contingentes que en distintos puntos de la cuatro carriles cobraban a usuarios en tránsito.
La situación se hizo insostenible desde hace un par de años agravada por la absoluta rectoría de las soluciones por parte del gobierno federal y sacando del cuadro a la administración estatal, mientras que a la par, en los bloqueos se hacía evidente la infiltración de grupos del crimen organizado dedicados al huachicol y al tráfico de drogas, que escalaron en actos de violencia en contra de quienes tuvieran la osadía de no querer pagar las cuotas exigidas para poder seguir el viaje.
Así las cosas, lo que nació como un activismo justificado, se convirtió en actos voluntaristas de carácter recaudatorio para desconocidos beneficiarios, que convirtieron a integrantes de la etnia en carne de cañón y con muy lentos avances en negociaciones para que desistieran, apuntándose importante logro hace semanas al lograr levantarse la toma de Loma de Guamúchil a cambio de un monto económico no revelado, pero que se asegura fue superior a 20 millones de pesos con cargo a las finanzas federales.
También hace unos días, a pesar de ser un tema de orden federal, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador decidió comisionar al gobernador Alfonso Durazo Montaño para que atendiera ese complicado tema, dada la persistencia de quienes a pesar de su pequeñez, seguían instalados en Estación Oroz y el ya tradicional en Vícam.
Así las cosas, en espectacular operativo de la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Guardia Nacional, reventaron un domicilio en la cabecera de los pueblos yaquis, donde además de la incautación de armas, municiones y un vehículo con blindaje artesanal, se encontraron elementos de prueba que vincularon a un grupo criminal con los bloqueos sobre la carretera y ya lo demás fueron consecuencias, esas largamente esperadas por los sonorenses.
A poco más de un año de asumir su encargo, ningún acto de gobierno de Durazo Montaño había concitado una aprobación casi generalizada en la opinión pública, como reacción a los golpes de timón aplicados el martes y el miércoles en Estación Oroz y en Vícam, traducidos éstos como operativos en contra del crimen organizado que ha sentado sus reales en territorio yaqui y junto con pegado, liberar la circulación sobre la cuatro carriles
Categórico el posicionamiento del gobernador en favor del derecho de libre tránsito: “El gobierno y las fuerzas de seguridad del estado permaneceremos en estos puntos con la finalidad de evitar nuevos bloqueos. Estamos comprometidos con salvaguardar la seguridad de miles de personas que transitan esta carretera, y seguiremos actuando para que estos hechos no se repitan”, advirtió.
Miren, a casi 24 horas del operativo de limpieza, no se advierte ninguna reacción reivindicatoria de parte de los desalojados, lo cual ilustra la falta, la ausencia, de sentido social de ese bloqueo, algunos podrían considerar que la presencia de fuerzas del orden disuade a cualquiera, pero no, sabemos como se las gastan los yaquis que no los intimidan ese tipo de demostraciones de fuerza cuando consideran que sus derechos y territorio son vulnerados o sea, el gobernador también a ellos les hizo el favor de quitar esa monserga que tan mala imagen les causó.
Ahora toca al mandatario estatal establecer un ambiente de diálogo, para que con la intervención de las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis, establecer los indispensables acuerdos que eviten que de nueva cuenta se instalen esos retenes, porque tampoco será posible mantener ese estado de fuerza en la zona de manera permanente.
Por lo demás, a penas pasaron pocos días desde el anuncio del gobernador Durazo sobre la aplicación de siete millones de pesos para entrarle a la primera etapa del rescate del Parque La Sauceda, cuando el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, presentó el proyecto de modernización de la Unidad Deportiva El Cárcamo, con una inversión de casi 22 millones 600 mil pesos.
Aledaña al este de La Sauceda, está la superficie de poco más de 10 hectáreas que han sido subutilizadas durante años con sólo un par de espacios para la práctica de futbol y beisbol, por lo regular precariamente sostenidos y obviamente descuidados y que ahora tiene la perspectiva de convertirse en una extensión de muy buena calidad de lo que, de acuerdo al gobernador, será el Chapultepec de Sonora.
Impresionante la presentación del proyecto de las obras ya iniciadas para construir, crear y acondicionar cuatro campos de beisbol, uno de futbol con pista de atletismo profesional, dos canchas de baloncesto y otras dos de volibol; un skatepark, andadores, comedores urbanos, kioscos, áreas de ejercicio, juegos infantiles, área para adultos mayores y un amplio estacionamiento con 241 cajones.
Así las cosas, tanto por la acción e inversión del ayuntamiento como del gobierno del estado, los hermosillenses dispondremos de al menos 50 hectáreas para el esparcimiento, entretenimiento, diversión, para la práctica deportiva o simplemente para la contemplación, solo con darle sentido social a la inversión pública.
Mientras tanto, en el Congreso del Estado se cumplió con la formalidad parlamentaria que incorpora a las diputadas Karina Zárate y Ely Sallard al grupo parlamentario de MORENA, lo cual concreta para efectos políticos, la desaparición del PRI de la representación popular sonorense.
Es que en un escrito de la diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora de la bancada del partido oficial, hizo del conocimiento de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, las solicitudes de adhesión de las exfuncionarias de la administración estatal anterior y que accedieron a sus curules representando al PRI y a la Alianza Va Por Sonora en el pasado proceso electoral.
Dicho trámite simplemente es para notificación de la asamblea y concretar sus derivados de carácter administrativo, y la verdad ya nos urge andar en circulación para ser testigo de como ambas diputadas se pliegan a los designios e intereses de un partido al que hace pocos meses aborrecían.
En la sesión de este martes, la bancada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera, Rosa Elena Trujillo, Jorge Russo y Ernesto de Lucas, presentaron iniciativa de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley ISSSTESON y a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora, en la que propone otorgar pensiones al cien por ciento a deudos de elementos de seguridad pública, bomberos y protección civil, caídos en cumplimiento de su deber.
