El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha propuesto una enmienda constitucional que eliminaría los impuestos a la propiedad en todo el estado, una medida que ha generado un intenso debate sobre la equidad del sistema fiscal vigente. DeSantis, conocido por su enfoque en reducir los impuestos, cuestionó la justicia de un sistema en el que los propietarios de viviendas y terrenos continúan siendo gravados a lo largo de los años. “Compras una casa, compras tierra… y luego, te han impuesto impuestos muchas veces… ¿es realmente tu propiedad o no?”, afirmó el gobernador.
Esta propuesta no es una sorpresa para los residentes de Florida, un estado que se ha destacado por su estructura fiscal amigable, que incluye la ausencia de impuestos sobre la renta. Sin embargo, la medida surge en un momento crucial, ya que los funcionarios locales están explorando métodos alternativos de recaudación de fondos para garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales, como la educación, la seguridad y las infraestructuras. Con la eliminación de los impuestos a la propiedad, se abre el debate sobre cómo se podrían financiar estos servicios sin perjudicar a los residentes o aumentar la carga impositiva en otras áreas.
A pesar de los beneficios de una reducción en la carga fiscal directa, los detractores del plan advierten que eliminar los impuestos a la propiedad podría generar un déficit en los presupuestos locales, lo que podría obligar a los gobiernos municipales y condales a recurrir a otras formas de ingresos, como el aumento de impuestos a las ventas o la implementación de nuevas tasas.
La propuesta de DeSantis se presenta como un paso más para consolidar a Florida como un paraíso fiscal, atrayendo a más residentes y empresas que buscan escapar de impuestos más altos en otros estados. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿será este movimiento el camino hacia una Florida más justa para los propietarios, o una fórmula que ponga en riesgo los servicios esenciales que todos dependen?
