Atando algunos cabos a partir de la reconocida intención de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas para buscar su reelección, podría decirse que está pavimentando el camino rumbo a ese destino y además, articulando una oferta de largo plazo en la que ella aparezca como la única con la experiencia, el conocimiento, las habilidades y el equipo para darle continuidad.
No crea, la anticipada lectora, el nervioso lector que la estoy ‘destapando’, porque la alcaldesa ya está más ‘destapada’ que una pacifiquito en la canícula de agosto; simplemente expongo algunas conjeturas con base a la agenda que sostiene la presidenta municipal en las últimas semanas.
Concretamente, me refiero a la batalla que ha emprendido para revocarle las concesiones a las empresas que actualmente administran el relleno sanitario y la Planta Tratadora de Aguas Residuales.
Una de las primeras tareas que se echó a cuestas la alcaldesa al iniciar su administración fue revocar la concesión del alumbrado público. Fue una batalla legal larga, costosa y complicada que se resolvió a favor del ayuntamiento, mismo que retomó la operación del servicio.
La estrategia mediática se montó en un discurso que corre paralelo al del presidente de la República: acabar con los privilegios de quienes hacen negocio al amparo del poder y a costillas del erario y, aunque los empresarios de Con Luz HMO, que tenían el título de concesión ni perdieron ni mucho menos se fueron con las manos vacías.
De hecho, el ayuntamiento sigue pagando un monto de mil 441 millones de pesos, en cómodas mensualidades que comenzaron en 18 millones de pesos y terminarán en 30 millones cuando, en 2032 termine de pagarse lo reclamado por la empresa Con Luz HMO.
En ese lapso, sin embargo, Hermosillo se ahorrará más de 2 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con datos de la actual administración municipal. Así de leonino era el título de concesión del alumbrado público.
Pues bien, en las últimas semanas hemos visto cómo la alcaldesa se ha lanzado en una campaña para repetir el procedimiento con la empresa TecMed que administra el relleno sanitario desde 1996, cuya concesión vence en 2026 y a la que el ayuntamiento adeuda 159 millones de pesos y las facturas mensuales oscilan en los 5 millones de pesos.
El cabildo ya aprobó por unanimidad iniciar el proceso de revocación (fue como inició el caso del alumbrado público) y la alcaldesa sostiene que con esos recursos el ayuntamiento podría relanzar el servicio, reemplazando métodos obsoletos (como enterrar la basura) y poniendo en práctica sistemas más modernos de recolección, separación de residuos, reciclaje y disposición final de los mismos.
El litigio en este caso ya inició.
Más recientemente, la alcaldesa se lanzó contra la empresa que opera la PTAR señalando que están haciendo ‘un cochinero’, que incumplen las cláusulas del contrato, que contaminan con lodos tóxicos depositados a cielo abierto y que por ello están cobrando 18 millones de pesos mensuales al ayuntamiento.
“Ya se les acabó”, fue una frase usada por López Cárdenas para advertir lo que vendrá. La frase llama la atención porque es una suerte de slogan empleado por Alfonso Durazo en sus mensajes como pre pre precandidato a la gubernatura.
La frase es, como decíamos al principio la desenterrada hacha de guerra contra los empresarios que han hecho grandes negocios con las concesiones de servicios públicos.
La alcaldesa no es la única que ha emprendido estas batallas. Recordemos que la gobernadora Claudia Pavlovich se fajó las faldas y encabezó un litigio también muy largo y espinoso para retirar las concesiones del transporte urbano a empresarios que tenían décadas administrándolo con una voracidad inusitada y con pésimo servicio.
Imaginemos pues, que Morena decide validar la intención de Célida López para ir por la reelección. ¿Quién tendría el ‘expertise’ para darle continuidad a estos litigios? ¿Quién los argumentos para empatar su discurso con el discurso presidencial que marcha en ese sentido?
Quizás los pasos que está dando la alcaldesa en estos días no sean tan azarosos, sino que parten de un plan debidamente diseñado para fortalecer sus intenciones reeleccionistas.
¿Será?
II
Y a propósito de la cruenta relación de la 4T con el empresariado mexicano, la noticia que rompió las redes ayer después del mediodía fue la renuncia del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, el poderoso empresario regiomontano que supo ahuyentar los fantasmas del estatismo previsible entre sus pares, y sumarlos a la campaña de Andrés Manuel en 2018.
Era una suerte de garante para los capitanes de empresa, tradicionalmente ariscos frente a López Obrador, que no sólo le negaron su apoyo en las campañas de 2006 y 2012, sino que se sumaron a las campañas para zancadillar su paso a Palacio Nacional.
Era, porque desde el inicio de la administración federal, lo que se impuso fue la visión presidencial y, para empezar les dio con la puerta en las narices al cancelar el aeropuerto de Texcoco, en un episodio ya muy conocido.
Alfonso Romo era un personaje extraño en el gabinete. Miembro del Opus Dei, su contextura ideológica y moral no encajaba mucho en un movimiento que se asumía fundamentalmente de izquierda. No tardó en chocar con las corrientes de Morena ubicadas en esa parte del espectro ideológico.
Pero también chocó con Carlos Urzúa, el secretario de Hacienda que renunció y al que el propio Andrés Manuel calificó como parte de los personeros del neoliberalismo. Víctor Toledo, que renunció a la Semarnat acusó a Romo de ser un artífice de los proyectos mineros de Germán Larrea, el poderoso capitán del Grupo México.
De acuerdo con las crónicas que llegan desde el altiplano, Alfonso Romo estaba convertido en los últimos meses en un florero más del gabinete de López Obrador. Se dice que desde marzo había presentado su renuncia, pero el presidente se negó a aceptarla.
Finalmente lo hizo y lo despidió afectuosa y cordialmente.
El presidente tiene una posición muy clara e inamovible respecto a los empresarios: si se suman al ‘síseñorismo’, son leales, patriotas y merecen algo más que un tamal de chipilín y un vaso de agua de frutas, así como millones de boletos para la rifa del avión presidencial.
Si respingan, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT están listos para cobrarles su condición de conservadores y minoría rapaz.
¿Cuál será el destino de Alfonso Romo?
Lo veremos en los próximos meses.
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