Hace ocho días que en reunión en Vicam Pueblo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño firmó un acuerdo con una facción de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui, en el que a cambio de recursos financieros recaudados en caseta de cobro, se levantarían los plantones donde se cobran cuotas para cruzar territorio de la etnia sobre la carretera de cuatro carriles.
Dicho trueque fue el principal tema en la conferencia de prensa del pasado lunes y la verdad es que las prospectivas lucían muy buenas para poner fin a esa añeja problemática, donde viajeros son obligados a desembolsar algo de dinero cuyo destino final se desconoce y que no se percibe para nada que sea aplicado en acciones de beneficio social para las comunidades yaquis.
En el citado encuentro con medios, el mandatario estatal lució muy optimista sobre el resultado de su negociación enmarcada en el Plan de Justicia que impulsa el gobierno federal en favor de la etnia más numerosa de la entidad e incluso, días después anunció que se promoverá un corredor industrial, para mediante la creación de una zona económica especial, establecer empresas en dicho territorio que generen empleos y con ello bienestar y estabilidad económica en la región.
Todo lo anterior junto a la administración, ejecución y evaluación de los recursos de los ramos 28 y 33 a favor de los pueblos yaquis y que la recaudación del impuesto predial que se les cobra a los pueblos yaquis el uno por ciento de los municipios de Guaymas y Cajeme sea destinado en apoyos sociales.
Obvio que tales compromisos requieren de tiempo para aterrizarlos ya que están aún en la etapa del borrador, así como varios más de ese afamado plan de justicia, y como las necesidades no esperan, desde esta madrugada de viernes quedó en letra muerta el acuerdo de levantar los filtros sobre la carretera de cuatro carriles, al instalarse de nueva cuenta el ya muy conocido a la altura del danzante y como de ver dan ganas, también el de Vicam.
Suponemos que los promotores de la reinstalación de esos plantones son autoridades tradicionales de la etnia alternas a las que firmaron el acuerdo con el gobernador, que se dicen excluidas del proceso de negociación que han calificado como cupular y sin tomar en cuanta a la guardia tradicional y la tropa.
A fin de cuentas y para consuelo, no todo fue un fiasco en torno a las soluciones anunciadas el lunes por el gobernador, ya que que los integrantes del denominado Movimiento por el Libre Tránsito recibieron el mensaje respecto a la necesidad de que levanten las tomas de casetas de cobro, voluntariamente, que de no ser así podría intervenir el gobierno federal a través de la Guardia Nacional.
Pues este jueves esos hábiles vivales se muestrearon frente al Palacio de Gobierno, donde encabezados por Sarahí Aguilar y César del Pardo, anunciaron que dieron por concluida su colecta en las casetas del norte de Sonora a partir de Hermosillo y que lo harán en las del sur en cuanto Capufe deje de cobrar cuotas de peaje a sonorenses que usan la carretera de cuatro carriles.
Fueron al Palacio para tratar de conversar con el gobernador sobre ese tema, sin que tengamos idea si fueron atendidos, ya no por Durazo Montaño, sino por alguna autoridad menor, aunque lo importante es que lucen con la manita doblada y que es cuestión de una sobadita de lomo para que decidan ir a buscar su sustento a otro lado en lugar de esquilmar a viajeros sobre la cuatro carriles.
La verdad es que si se aferran a mantener ese modus vivendi, no habría mayor problema si interviene la Guardia Nacional, ya que luego de la elección pasada, ese movimiento dejó tirada la bandera de MORENA que es donde eran impulsados o incluso, bien pudieran ser desactivados si les dan alguna chambita en el gobierno a sus representantes, así como ocurrió en el caso del repelente que los lideraba y que ahora da asco en dependencia estatal.
Muy distinto en el caso de la facción de las autoridades tradicionales de la tribu yaqui, a quienes no creemos que el gobierno estatal o federal se atrevan a tocarlos ni con el pétalo de una rosa y que con la reinstalación del plantón mandan un mensaje fuerte y claro respecto a la necesidad de que se acelere el cumplimiento del altero así de compromisos, particularmente la reubicación de la caseta de Esperanza hasta algún lugar entre Loma de Guamúchil y Vicam.
Ya veremos cómo multiplica su capacidad de gestión y de buen componedor el gobernador de Sonora, quien a lo mejor debería de también instalar una mesa de diálogo con representantes de esa facción alterna de las autoridades tradicionales yaquis, para tratar de convencerlos de lo que fue convencido la otra, respecto a la viabilidad de las acciones anunciadas en el plan de justicia anunciado y sobre todo, que no se trata de nueva saliva presidencial.
Mientras tanto, luego de gritos y sombrerazos en San Lázaro, la mayoría oficialista encabezada por MORENA aprobó la miscelánea fiscal para el ejercicio del año próximo, que entre los puntos más controvertidos está el limitar a empresas la deducibilidad de impuestos por los donativos que hacen a las organizaciones que realizan trabajo social en sectores marginados.
Si esa plana no es enmendada en el Senado, muy malos tiempos se vienen para organizaciones no gubernamentales que desarrollan proyectos de apoyo entre sectores vulnerables cuyo sostenimiento está prácticamente a cargo de esos donativos y que son el motor de la asistencia social, toda vez que al gobierno no le alcanza o simplemente no están en su radar presupuestal.
Desestimular al sector empresarial al negarles esa deducibilidad impositiva, representará un duro golpe principalmente para personas que poco o nada tienen y a las que tampoco les llegan los programas del bienestar que con motivos políticos impulsa el gobierno de la 4T y por eso podría ser el fin de comedores comunitarios, refugios para indigentes y mujeres desamparadas, bancos de alimentos y centros de atención sanitaria contra adicciones y demás.
Por supuesto que queda en cero la intención concentradora en que se convirtió en los últimos años la Fundación Dar Más Por Sonora, que presidida por Yolanda Escalante de Mazón fue factor fundamental en trabajos de asesoría y gestión que permitió a asociaciones ciudadanas de asistencia social, hacer acopio de recursos para aplicar sus esfuerzos entre quienes viven en condiciones de marginación, logrando avanzar en la profesionalización y la transparencia de esa sociedad organizada e interesada en la filantropía.
Está por verse el impacto que tendrá esa decisión totalmente irracional de parte del oficialismo al servicio del presidente de la república, que además de obtener satisfacción recaudatoria, la pretensión de prohibir a la sociedad civil organizarse a sí misma para aportar soluciones y respuestas para tan amplio sector ciudadano que tiende ampliarse por la torpe conducción de la economía del país.
Muy costoso será para los mexicanos el que desde Palacio Nacional se pretenda desactivar dejando sin ingresos a Organizaciones no Gubernamentales, sin que se vea cómo puedan suplir tal ausencia de apoyo con acartonadas instancias que en los últimos tres años han sido abandonadas, como es el caso del DIF y otras relativas a combatir la marginación, a la luz del fracaso de esos emblemáticos programas del bienestar que solo han ampliado el espectro de la pobreza en México.
A ver qué resulta de la eliminación de organizaciones de caridad, que constituidas en un brazo y una mano amiga para atender a segmentos sociales olvidados por presupuestos oficiales, ahora enfrentan la posibilidad de que no haya esas indispensables fuentes de financiamiento de parte de empresas.
Pues nada, nos comentan que a pesar de la amenaza de huelga del transporte urbano de Hermosillo emplazada para el próximo lunes, ni luces de la flamante directora Lirio Anahí del Castillo Salazar, aunque tampoco se advierte mucha operatividad por rumbos de la secretaría del trabajo a cargo de Olga Armida Grijalva, como si estuvieran dejando para lo último o que “se mate solo” el dirigente de la CTM, Javier Villarreal Gámez.
Las demandas con cuyo cumplimiento se evitaría la huelga se resumen, es que los choferes reciban pago por horas extras, el séptimo día laborado y eliminación de la obligación de trabajar jornadas dobles, las cuales lucen fáciles de satisfacer por tratarse de cosas elementales en el derecho laboral y sabe porqué no las satisface el patrón concesionario Jesús Padilla.
