Cuando uno se entera o es testigo directo de los efectos del Covid-19, de las batallas, de la incertidumbre durante el tratamiento, de los costos y del sufrimiento por fatalidades, resulta chocante y ofensiva la actitud festiva, temeraria y por lo regular displicente y fanfarrona de quienes desde el sector oficial se supone definen y diseñan las estrategias para contener la dispersión del virus.
Solo un idiota podría negar los efectos del embate de la cuarta ola de la pandemia y más idiota es pretender minimizarlos aludiendo necesidades económicas, de trabajo, de aprendizaje presencial en las aulas, de interacción social, familiar, y completar ese círculo de estupideces, con la obviedad de que las vacunas han reducido los índices de mortalidad, lo cual no es ningún consuelo para quienes siguen perdiendo seres queridos.
Urge que funcionarios públicos cobren conciencia de que sus actos y decisiones pueden salvar, pero también pueden costar vidas, así como daños y problemas a familias en cuyos entornos no representan mayor importancia necesidades de mostrar lealtades políticas, ni sesudas elucubraciones respecto a supuesta tendencia a la baja de la pandemia, cuando se entera de que los contagios proliferan por doquier y que incluso ve postrados a miembros de sus familias.
Urge también que tales funcionarios públicos busquen entre sus cosas algo de sentido común en la toma de decisiones y no incurran en la insensibilidad social de reducir a índices estadísticos los riesgos de contagio y de sobrevivencia ante un embate tan colosal de la expansión de la pandemia como registra el mundo y México particularmente y cuyo saldo aún está por verse.
En el regreso a clases presenciales, el titular de la SEC, Aarón Grajeda Bustamante ha expuesto criterios decisorios totalmente ajenos a la realidad, al argumentar condiciones “postpandemia” o que la propagación del virus ya “va de salida”, como factores que se supone permiten un regreso seguro a las aulas de estudiantes de nivel básico de la entidad.
Alguien debiera pasar el tip a Grajeda Bustamante respecto a que México y mucho menos Sonora no está en condiciones de postpandemia y que el Covid-19 no va de salida, si no al contrario, van al alza los contagios y se siguen muriendo personas, con la perspectiva de que ambos factores escalen en las siguientes semanas.
Llama la atención la insistencia de privilegiar la “salud socioemocional y habilidades para el aprendizaje”, que según el funcionario sólo se adquieren en las aulas, cara a cara con maestros y en la interacción entre estudiantes, por sobre la salud física y los riesgos de contagio de quienes, si bien podrían ser asintomáticos, son fuente de transmisión en sus familias.
Cierto que el insistente llamado a las clases presenciales del sector gubernamental de Sonora, en atención a exigencias desde Palacio Nacional, solo ha sido atendido por 20 mil, 30 mil estudiantes, lo cual da un promedio de no más de 10 estudiantes por aula en promedio, prospectiva que habla muy bien de los padres de familia que han optado por la prudencia y amor a sus hijos y se niegan a ser parte de las inexplicables urgencias por regularizar clases presenciales ante condiciones tan riesgosas.
Grave que a pesar de los más de 300 mil fallecimientos oficialmente reconocidos y los más de cuatro millones de casos, se insista en el negligente manejo de la emergencia sanitaria, que tiene a nuestro país con los mayores índices de mortalidad en el mundo y que ahora, con la pandemia francamente fuera de control se pretenda seguir por las mismas.
Al parecer la flaca memoria se impone al no recordar el origen del actual mortífero saldo; pero cómo olvidar la negligencia criminal del zar covidiano Hugo López Gatell; su obcecado rechazo al uso de cubrebocas; sus erráticos pronósticos sobre la tendencia de la pandemia; sus histrionismos estúpidos a contracorriente de una realidad mundial a la vista de todos, conducta que repite casi dos años después.
De igual forma o peor por las consecuencias de su indudable liderazgo, el caso del presidente López Obrador quien se ha mantenido ajeno y sin empatía ante el sufrimiento y penar por las miles de personas fallecidas, pero que todavía a mediados del 2020 mantenía expreso desdén sobre la peligrosidad del virus.
Y el hecho de que en esta cuarta ola se mantengan en las mismas y no falten quienes los repliquen en los Estados del país, legitima nuestro derecho a encender las luces de alerta sobre lo que se nos viene encima y decidamos a la autogestión para nuestra protección personal y de nuestras familias y no atenernos, no confiar en las decisiones gubernamentales.
El gobernador Alfonso Durazo o en su caso, Grajeda Bustamante o el mismo titular de salud, José Luis Alomía, deberían de seguir el ejemplo del gobierno de Sinaloa, donde luego de a penas tres días de clases presenciales, decidieron dar marcha atrás y regresar a la educación a distancia hasta al menos el 17 de este mes, en atención a la acelerada expansión del virus.
Dicha reconsideración no sólo se derivó de los riesgos por la asistencia de estudiantes a las escuelas, si no por todo lo que implica dicho regreso a clases en materia de movilidad de padres de familia, maestros y en fin, de toda las comunidades escolares, cuando además en estos días se comienzan a reflejar los efectos por la intensa interacción social con motivo de las fiestas de fin de año.
Por lo pronto, vea usted que hasta nuestro presidente municipal Antonio Astiazarán resultó positivo y si bien no acusa malestares, se ajusta a los protocolos de aislamiento social, y por cierto, en la conferencia de prensa del pasado martes, nos preocupó que el gobernador luciera mocoso mientras hacía declaraciones a representantes de medios de comunicación, pidiendo incluso que alguien le facilitara un kleenex para sonarse. Dios quiera que El Toño supere rápidamente esa condición, así como también Don Alfonso Durazo no resulte con el chauixtle de moda.
En nuestro caso andamos con el alma en un hilo por la cercanía con un par de contagiados y agradecemos al Altísimo, que salvo naturales achaques por la edad, nada indica que seamos parte de esa estadística tan indeseable, aunque nos mantenemos muy atentos, por aquello de no te entumas.
Y lo peor, nos llegan informes diversos sobre la situación que prevalece en salas de espera repletas en hospitales públicos como el General, el O Carranza del Issste, el Chávez del Isssteson y clínicas del IMSS, con tiempos de espera hasta de cinco horas para efecto de incapacidades y recetas para atender la convalecencia, en un ambiente saturado que exhibe todas las carencias y precariedad del sistema de salud pública de este país.
A propósito de sentido común, en anteriores Entretelones aludimos los diversos esfuerzos y gestiones que han desplegado sucesivos gobiernos de Sonora para mudar las vías del ferrocarril que parten en dos a Nogales y cómo por alguna razón esa propuesta nunca se ha materializado.
En las últimas semanas, tanto el gobernador Durazo como el mismo presidente López Obrador han dado como un hecho de que por fin el llantas de fierro ya no pasará por donde ahora, al mudarse dicha infraestructura ferroviaria al este de la cabecera municipal, mediante una millonaria inversión cuya cuantía no disponemos al momento.
Pero eso es lo de menos, porque de acuerdo al Mayor de Nogales, Arizona, Arturo Garino, expertos en el tema la descartaron de plano por resultar poco viable, muy costosa y de muy poca utilidad para efectos viales, cuando menos en los que corresponde a la mancha urbana al otro lado de la línea.
El mencionado incluso aseguró que ese tema no ha sido socializado con ninguna autoridad de Estados Unidos y que hasta ahora es exclusivo “del lado mexicano” o sea, para efecto de los nogalenses de este lado, ojalá que el munícipe del otro lado simplemente no ha sido tomado en cuenta y que si esté en proceso dicha conversación en instancias de mayor nivel.
Por cierto, contundente la postura que respalda el amparo interpuesto por autoridades tradicionales del pueblo de Vicam en contra el Plan de Justicia Yaqui que impulsa la presidencia de la república y que dio a conocer el reconocido líder de la etnia Fernando Jiménez Gutiérrez, quien junto a Mario Luna Romero, son quienes más saben sobre en donde se deben enfocar los esfuerzos para atender los rezagos de la tribu.
Vamos hacer más acopio de información, pero en términos generales el recurso interpuesto señala serias inconsistencias en las distintas áreas que incluye ese plan, pero particularmente en el tema del agua, como en varias ocasiones hemos señalado en este espacio.
Por lo pronto, vamos a ver cómo los chamanes del Palacio nacional resuelven este entuerto y sobre todo, a ver si se atreven a reconsiderar tantos puntos que se hicieron con las patas.
