Samuel Valenzuela
Vamos a disgregar un poco con un tema al que por lo regular no abordamos, pero que por su impacto nos parece de elemental atención ante la grave crisis de inseguridad que padecemos en México.
Este espacio siempre cuestionó la declaratoria de guerra de Felipe Calderón al crimen organizado, la continuidad de dicha estrategia de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador, este último con el aderezo de la fallida oferta de pacificación a través de abrazos en lugar de balazos, aunque a la vez, llevar al extremo la militarización para hacerle frente.
La declaratoria de culpabilidad emitida por un jurado en una corte de Estados Unidos contra Genaro García Luna, solo revuelve el contenido de una cloaca abierta desde hace mucho tiempo respecto a las complicidades de funcionarios de instancias de gobierno con bandas del crimen organizado, factor sine qua non que no admite casualidades e imposible de refutar antes ni ahora.
Culpabilidad dibujada.
Por supuesto que no vamos a entrar en detalles sobre tan evidentes complicidades que incluso se reflejan en resultados electorales, porque acá de lo que se trata es que el super policía del calderonato está frente a una sentencia a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional o convertirse en testigo protegido, que para la gente decente de este país debería ser la mejor opción, ya que la información que debe disponer podría ser como obús de grueso calibre bajo la línea de flotación del barco donde navegan las complicidades del narco con representantes del poder político de este país.
Por supuesto que, por lo pronto, hay quienes festinan tan suculento pastel propagandístico, llegando al extremo de etiquetar a toda la oposición, a miles de ciudadanos que defienden la democracia y la constitución, como aliados de García Luna, agresión estúpida que solo puede perpetrar un enajenado mental y el ejercicio abusivo del poder que ostenta.
En ese entorno, la declaratoria de culpabilidad y eventual sentencia o entrar al programa de testigos protegidos, no borra ni suple el hecho de que en más de cuatro años del actual gobierno las complicidades del narco con el poder político persisten y hasta se reconocen de forma pública por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus genuflexiones hacia líderes de carteles y sus familias, sus respetuosas alusiones que ya quisieran ciudadanos comunes y evidencias que explotaron cuando la liberación del gobierno gringo de un militar mexicano de alto rango.
Lo de García Luna no borra ni suple que la matanza siga en la mayor parte del país; que haya regiones enteras bajo el control de bandas del crimen organizado; que a pesar de presuntos programas sociales, sigue alta la capacidad de reclutamiento entre la juventud mexicana que pasan a enrolarse en actividades criminales; por más elementos decorativos que le pongan, son inocultables los más de 140 mil homicidios dolosos desde diciembre del 2018 y que se haya incrementado el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Agenda legislativa.
Tampoco el caso García Luna desaparece los históricos niveles de inflación que azota la economía de las clases medias y populares; tampoco sirve de cortina de humo para ocultar la contumaz vocación de López Obrador para el encono, enfrentamiento y odio contra cualquiera que contradiga sus catilinarias y que a lo largo de su gestión no haya hecho el menor esfuerzo para convocar a la unidad nacional y constituirse como presidente de todos los mexicanos.
En resumen, el juicio, sentencia y condena contra García Luna es el patético escenario, el vergonzoso escenario de México como país a los ojos del mundo y los gobiernos de antes y el de ahora, no pueden deslindarse de tal responsabilidad y las perspectivas no se advierten positivas para el mediano plazo, aunque queda la esperanza de que si el indiciado se va al programa de testigos protegidos, cuando suelte la sopa nos dé el gusto ver las reacciones de quienes ahora festinan sus avatares judiciales.
Mientras tanto, tal como prospectamos en los anteriores Entretelones, en la sesión de este jueves se dará trámite al dictamen de la iniciativa de proyecto de Ley Orgánica de la Universidad de Sonora que envió el gobernador Alfonso Durazo Montaño a la representación popular sonorense que cobra en el Congreso del Estado.
En efecto, en lectura al vuelo del contenido del documento que aprobarán las bancadas de MORENA, PT, PES, el panalito y el verdecito, confirmamos la modificación que eliminó la figura del Consejo de Gobierno, ahora Junta Universitaria, para pasar la mayor parte de sus facultades al Colegio Universitario y también confirmado la permanencia de “aportaciones” por concepto de inscripción, colegiaturas y demás, estableciendo el “gradualismo” hasta llegar a la gratuidad total.
Sergio y Diana
Tenemos la impresión que dicho ordenamiento que regirá la vida institucional de la Máxima Casa de Estudios de Sonora, contiene un altero así de disposiciones que deberían estar en la reglamentación, pero a fin de cuentas nada evitará que se apruebe en todos sus términos, acotando solamente que en el texto que aparece en la gaceta parlamentaria, en el rubro de los considerandos se alude a la permanencia del Consejo de Gobierno y en algunos artículos también, que en el caso de estos últimos deberán ser actualizados.
Tenemos la impresión que la propuesta de solo cambiarle el nombre a la Junta Universitaria fue como un artículo gancho lanzado por el promovente a sabiendas de que con la lógica reacción de quienes desde siempre han rechazado esa figura, se darían satisfecho y se les mojaría la pólvora si se eliminaba, en el marco de una estrategia de cambalache para mantener el cobro de cuotas estudiantiles.
Abundante el articulado e incisos relativos a la integración del Colegio Universitario que, como máxima instancia de autoridad, sus miembros serán electos cada dos años sin posibilidad de reelección; intrincado y largo el proceso de aplicación de la nueva ley y su transición al nuevo marco jurídico, con la garantía de que los actuales titulares de posiciones de primero y segundo nivel permanecerán en sus cargos en función de la periodicidad establecida en la Ley 4.
Se vienen tiempos muy movidos para la comunidad universitaria en el marco de la disputa por posiciones en instancias de control, sin que aún no hayamos calculado el tiempo que llevará implementar a cabalidad ese nuevo marco jurídico dada la gradualidad de los plazos de aplicación, procesos internos para elegir colegiados y demás, por lo que hay que estar muy atentos.
Ernesto de Lucas.
Fuimos testigos de todo el proceso legislativo y su culminación de la promulgación de la Ley 4 en otoño de 1991 y por supuesto no nos vamos a perder este trámite, en una sesión que debe ser de mero ídem dada la aplanadora de las bancadas al servicio del titular del Poder Ejecutivo, llamándonos la atención que al menos dos de las terceras partes de los integrantes de las comisiones dictaminadoras han sido ajenos a la Universidad de Sonora.
Sin duda, este trámite que concluye este jueves debe ser el de mayor calado de la presente legislatura y qué bueno que no se lo perderá la diputada Diana Karina Barreras porque ya regresó de su periplo por el lejano oriente atendiendo una comisión que le encargara el mismísimo gobernador Durazo Montaño para promover la inversión japonesa en Sonora, mientras su marido Sergio Gutiérrez Luna hacía lo propio para el Estado de Veracruz comisionado por el gobernador Cuitláhuac García.
En lo que se refiere a esta entidad, debe haber mucho interés de parte de Francisco Acuña Méndez, Comisionado para el Desarrollo Económico, de conocer al detalle el resultado de las habilidosas gestiones de la legisladora ante personajes de la economía nipona y no se diga el mismo gobernador.
Sin salirnos de asuntos legislativos, está por verse si el diputado Ernesto de Lucas Hopkins y sus pares en la Bancada de Movimiento Ciudadano, reciben una explicación sobre la ausencia de destino cierto de 850 millones de pesos que prácticamente la Auditoría Superior de la Federación da por desaparecidos en el presupuesto del gasto del ejercicio 2022 y que coloca al gobierno de esta entidad como el tercero a nivel nacional por monto de observaciones por irregularidades.
Hermosillo es referente.
Lapidario el popular Pato de Lucas al posicionar dicho tema en la sesión del martes pasado, cuando lanzó puyas sobre lo paradójico que resulta el que a la fecha no se ha integrado el Sistema Estatal Anticorrupción cuando “este Gobierno tiene a dos funcionarios de primer nivel, que formaron parte de la primera Comisión de Selección de este sistema: el actual Secretario de la Contraloría, Guillermo Noriega y el actual Secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte. Más aún, un presidente del Comité de Participación Ciudadana del propio sistema ahora es Secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda”, apuntó el diputado naranja.
En otro tema, para efectos de mediciones sobre la situación en Sonora, vaya la importancia de la buena gestión del presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, ya que en todos los indicadores la aportación del municipio capitalino resulta fundamental para que toda la entidad se pare el cuello, sea por crecimiento económico, menos desempleo, baja en el índice delictivo, mejore prácticas de gobierno, índices de honestidad y transparencia, innovación tecnológica y demás.
Los datos que arroja Hermosillo posicionan en muy buena medida a la entidad en el concierto del resto de los estados del país y en eso tiene que ver El Toño y sus habilidades para el ejercicio de gobierno, con el evidente apoyo del gobernador Durazo Montaño, quien al igual apoya a otros alcaldes, pero sin los resultados que se obtienen en la capital del Estado.
Carnestolendas.
Y contrario a lo especulado, el Carnaval de Guaymas resultó todo un éxito, con una alta afluencia de visitantes, se recuperó la vistosidad de los carros alegóricos y la calidad de las comparsas que participaron en los tradicionales desfiles y lo más importante, no abundan los reportes sobre hechos que hayan puesto en riesgo la seguridad de asistentes.
Parecía que las cosas no resultarían bien dado el ambiente de inseguridad, problemas en servicios públicos y a la contratación para reina del carnaval a una bella mujer muy cercana a la industria porno, y que además fue cuidada por militares y policías como si se tratara de oro molido.
Pues todo salió mejor de lo que se prospectaba y con ello la alcaldesa Karla Córdova se gana una de sus primeras palomitas.
