Bien dicen que las mujeres se diferencian de los varones por su capacidad para realizar varias tareas al mismo tiempo; hablar sobre distintos temas en el mismo hilo de conversación, y concretar proyectos de diversa índole a la vez.
No vamos a ir muy lejos para la comprobación respectiva tratándose de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien desde su arribo a su responsabilidad, ha dejado ver de forma fehaciente tales virtudes y que en estos días cobran mayor relevancia.
Complementario resulta que detrás de su amable y cercana afinidad que inspira, está su entereza y firmeza de carácter cuando las circunstancias así lo requieren y vaya que en estos poco más de tres años de gestión, son varias de esas circunstancias a las que ha tenido que hacer frente y con éxito.
La salida de titulares de importantes espacios de su gabinete podría considerarse un asunto menor frente a la decisión de requisar alrededor de 200 unidades del transporte público en Hermosillo con el propósito de poner fin al círculo vicioso y origen de la siempre precaria y mala calidad de la prestación de ese servicio por parte de los concesionarios, a pesar del recurrente apoyo del Gobierno Estatal.
Claudia Pavlovich
La figura de la requisa desde hace años gravitaba sobre ese servicio concesionado por el gobierno a particulares, evitándose o pateando el bote mediante soluciones transitorias a las frecuentes crisis y lo evidente es que en estos tiempos dicha medida se convirtió en irremediable, aunque también evidente que los dirigentes de los concesionarios, Medardo Chávez y José Luis Gerardo no creyeron que ahora sí se les aplicaría el rigor del decreto con el que el gobierno estatal recupera la operación de ese servicio.
Y lo cierto e irrefutable es que la requisa es una medida que cuenta con el total apoyo popular, sin que tengamos idea si por la vía legal dicha decisión pudiera revertirse, porque con el respaldo de la gente no lo será, habida cuenta de las grandes expectativas de que dicho servicio mejore sustancialmente ya operado y administrado de forma ordenada, tal como es el compromiso expuesto por el director del Transporte, Carlos Morales Buelna.
Los concesionarios han tenido altas y bajas en sus finanzas como empresarios a lo largo de los últimos sexenios, aunque el servicio que prestan se ha mantenido por debajo de la media, destacando la grave crisis que enfrentaron durante el sexenio de Guillermo Padrés, cuando incluso se desaparecieron 600 millones de pesos con los que se pretendía solucionar de fondo esa problemática en los principales centros urbanos de la entidad.
Pues en el six de la corrupción y la incompetencia ocurrió tal fallida intentona, contrario a la administración estatal actual, cuando en el curso de estos tres años se les ha apoyado como 640 millones de pesos y según presuntos expertos en el tema, para nada han impactado en la mejoría de la calidad que demandan los usuarios de ese servicio.
José Luis Gerardo
La gobernadora Pavlovich tomó el toro por los cuernos a partir de la urgente necesidad de elevar la calidad y satisfacer la añeja demanda de los usuarios por un servicio de transporte público digno, eficiente y a la altura de la acelerada dinámica del crecimiento de Hermosillo, a la luz de la permanente crisis a la que llevaron los operadores tradicionales.
Y va por más, porque la requisa en Hermosillo también se aplicará de forma gradual en otras ciudades de la entidad, con la garantía de que serán respetados los derechos laborales de los choferes, quienes son los menos responsables del desorden de sus patrones y de su torpe decisión de confrontarse con quien tanto apoyo les dio a lo largo de estos meses y que tantas oportunidades abrió para que cumplieran con sus compromisos de mejoría en el servicio.
Pues mientras a Morales Buelna le corresponde el papel de protagonista operativo de la medida aplicada, la gobernadora también le entra decidida a las consecuencias de la salida de Rodolfo Montes de Oca y Adolfo García Morales de su gabinete, para cuanto antes se inicien los procedimientos para designar a sus relevos en la Fiscalía General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública y está atenta a las tareas de auxilio a afectados por las abundantes lluvias en el noroeste de la entidad.
Como es en el Congreso del Estado donde inicia el proceso de nombramiento del nuevo fiscal, la mandataria estatal hizo respetuoso llamado para que cuanto antes en la representación popular sonorense se apliquen para la formulación de una propuesta de cinco perfiles que deberá ser validada por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública antes de ser remitida a la titular del Ejecutivo, para que a su vez selecciones una terna de donde las diputadas y diputados harán la designación.
A partir de dicha premisa, en el nombramiento del relevo de Montes de Oca tiene mano la legislatura sonorense y qué mejor espacio para que hagan buenos los posicionamientos dados a conocer por los Grupos Parlamentarios de MORENA, PES, PT, PAN, PRI y Panal, quienes a fin de cuentas serán los responsables directos de dicha acción de gobierno, ya que en el trámite tanto el Comité Ciudadano como la gobernadora serán intermediarios de un procedimiento que inicia y acaba en el legislativo.
Rosa María Mancha Ornelas
O sea que resulta una evenflada la advertencia de la cada vez más famélica bancada de MORENA, quien por voz de su coordinadora, Ernestina Castro, adelanta que no permitirán que la mandataria ni el comité ciudadano la imposición de un perfil “por sus propios medios”, en una catilinaria propia de quienes ignoran en donde están parados y elementos básicos de sus competencias y facultades.
Contrario a las ya tradicionales estupideces morenistas, coherente y sin estridencias se manifestó el coordinador del PT, Rodolfo Lizárraga y de igual forma, aunque más enchorizado el del PAN, Gildardo Real, así como con conocimiento de causa sobre ese tema, el del PES, Jesús Alonso Montes Piña, todos planteando la necesidad de que el nuevo fiscal reúna un perfil apartidista, cual debe.
Práctico el del PRI, Rogelio Díaz Brown, quien ya prevé los términos de la convocatoria, el proceso de entrevistas de interesados y la cobertura de los tiempos previstos por la ley en ese trámite, sin que tengamos la menor idea sobre el nivel de respuesta que se registre, dada la complejidad de las responsabilidades que implica encabezar un organismo autónomo a cargo de la procuración de justicia.
Como sea, para el Poder Legislativo de Sonora esa debe ser la prioridad y por ello resulta alentador el que por fin este lunes se haya dado un salto cualitativo para la regularización de la operación administrativa, al concretarse el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que permitió el retorno a sus labores a empleados y funcionarios a quienes en las dos últimas semanas la presidenta Rosa María Mancha Ornelas les impidió acceso a sus áreas de trabajo.
Estuvimos en el operativo de apertura de cerraduras de puertas en varios espacios de la administración del Congreso del Estado, el cual valga subrayar fue supervisado por los integrantes de la CRICP y legisladores de las distintas bancadas, como son los casos de la del PAN, Alejandra López Noriega; del Verde, Luis Mario Rivera; del Panal, Fermín Trujillo Fuentes; del PRI, Jorge Villaescusa, entre otros, todo bajo el ojo avizor de un notario público y los mismos funcionarios que recuperan su derecho al trabajo y que por lo pronto se libran del autoritarismo patronal de MORENA.
Alejandra López Noriega
Por supuesto contentos pero inquietos vimos al ocupar sus escritorios a por ejemplo el oficial mayor, José Angel Barrios; al director de Administración, David Suilo; a la tesorera Denise Siqueiros; al contralor Rafael Jaime Mungarro, entre otros cuyos derechos fueron restituidos por un acuerdo que a toda costa pretendió invalidar la señora presidenta, quien a pesar de su compromiso de ser parte del trámite de restitución de derechos, a eso de las once de la mañana aún no llegaba a su oficina.
Es que a la citada doña no le quedó de otra más que aceptar lo inevitable y sólo para salvar algo de su dignidad en este caso, solicitó y se le aceptó la inserción de un transitorio en el acuerdo en el que la CRICP la deslinda de consecuencias legales por ese acto de justicia.
Pero el hecho de haber regresado a sus chambas es lo de menos, toda vez que falta evaluar los estropicios y sustracción de documentos perpetrados por vándalos comandados por el huizachero Adolfo Salazar Razo, además que sabemos que apagaron o dañaron todo el sistema de red interna que coordina a través de la conectividad la operación de la administración, además del incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, con el ISAF, entre otros que habrán de actualizarse, con la esperanza de que los daños perpetrados no sean mayores.
David Suilo
El caso es que la normalidad tiende a normalizarse por esos rumbos, resultando impredecible con qué saldrá Mancha Ornelas y la menguada bancada de la cual forma parte en la sesión convocada para este martes, que si bien en el orden del día correspondiente no aparece ningún punto relativo a ese tema, nada le cuesta a la presidenta incurrir en sus ya tradicionales estulticias para estorbar.
A fin de cuentas, las obligaciones de la legislatura en la designación del nuevo fiscal son el pretexto ideal para que los asesores externos de MORENA instruyan a sus asesorados a olvidarse entretenimientos infantiles y de cosas baladíes para que se apliquen en lo importante.
