Casi toda nuestra niñez y adolescencia vivimos en un campo agrícola de la Costa de Hermosillo luego que mi papá Don David y cuatro socios más, fueran integrados al distrito de colonización a fines de los años 40, para ser parte de la Sociedad de Producción Rural Cristóbal Colón, y eso nos permitió vivir el proceso de como ese predio de 400 hectáreas se convirtió en tierra apta para el cultivo.
Pocos años después nos tocaron las temporadas de la zafra del algodón, período que cada año era la más activa por la intensiva contratación de mano de obra que convertía a todos los campos en pequeños poblados donde interactuaban docenas de familias que año con año se movían desde el norte de Sinaloa hasta San Luis Río Colorado conforme maduraba el llamado oro blanco.
A lo mejor a los seis o siete años nos tocó por primera vez acompañar a mi padre al llamado Control de Pizcadores de la Calle 12, no se llamada aún Poblado Miguel Alemán, con el fin de buscar a interesados en trabajar en la Colón y dimos cuenta del abusivo mercadeo que en esos tiempos se daba entre contratistas, agricultores y pizcadores.
Para evitarlo, durante los años siguientes el mismo campo ponía el troque de redilas para traer desde Juan José Ríos a las familias que fueron parte de la cosecha por varias temporadas y para quienes se construían galerones de lámina negra y se distribuían los espacios de acuerdo al número y estado civil y la verdad es que esos tres meses de septiembre a noviembre eran los más chingones del año.
Mi papá mataba una vaca cada sábado y la mercaba en el campo o en campos vecinos; mi mamá surtía a reventar su pequeño abarrote donde abundaban los chiles jalapeños, la sardina, las galletas pan crema y las sodas en diferentes sabores, además de los cacahuates y las cañas de Ures.
Las plagas; el bajo precio del algodón; los altos costos de producción y el alto consumo de agua de dicho cultivo, puso fin a esa fiesta anual, dando paso a una agricultura de cultivos perennes y luego a la intensiva contratación estacional de mano de obra para el cultivo y cosecha de hortalizas que llegó para quedarse y que es fuente importante de las exportaciones de Sonora al mercado gringo.
Por muchos años, el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas mantuvo estrecha interacción con agricultores para mantener al menos estándares mínimos en la calidad de vida de esos trabajadores estacionales del campo, supervisando condiciones de sus pernoctas, alimentación y traslados, tareas en las que se involucró también el sindicato Salvador Alvarado con el ya fallecido líder campirano Trinidad Sánchez Leyva a la cabeza y ahora liderado por su hija Iris Sánchez Chiu.
La 4T eliminó dicho programa y más allá de las firmas anuales de contratos colectivos entre agricultores privados y dicho sindicato, no tenemos la menor idea cómo es que el sector oficial tutela esos derechos mínimos de trabajadores, abundando versiones sobre abusos y precariedades, que incluye frecuentes accidentes mortales por el pésimo estado de las unidades que los llevan y los traen.
Valga este contexto para entrarle al aún confuso episodio de violencia que se suscitó en un campo agrícola, de los más desarrollados en cultivos intensivos para el mercado gringo en la Costa de Hermosillo, que incluye siembra, cosecha y empaque y que dispone de una planta laboral casi permanente de entre 150 y 300 jornaleros.
En una especie de la incógnita de qué fue primero, el huevo o la gallina, persiste la confusión respecto a cómo ocurrieron los hechos que arrojaron la quema de dos unidades de transporte y actos de vandalismo extremo en áreas del comedor y de alojamiento del campo los Pocitos, que opera la empresa AGROCIR, ubicada por la calle 12, al sur del Poblado Miguel Alemán.
Primero se dijo que se trató de una rebelión de parte de los trabajadores debido a los malos tratos, pésima alimentación y peores condiciones de trabajo de parte del contratista a cargo de la operación de dicho consorcio y luego el mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño aseguró que se trató de una riña por la agresión contra una mujer de parte de su pareja, que derivó en riña campal y vandalismo, para después de eso llevar las cosas a los terrenos de la reivindicación de derechos laborales y denuncias por malos tratos de la parte patronal.
Bien que el mandatario estatal haya instruido a la Secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva para que vea esa situación, pero también debería instruir a la titular de la SEDESSON, Wendy Briceño que haga lo propio, y ya entrados en gastos, que ponga a trabajar a la directora del DIF estatal, Lorenia Valles, porque sabemos que en ese campo hay menores de edad o porqué no, algo podría hacer al respecto el delegado de los programas del bienestar, Jorge Taddei a quien ya le urge estrenar el lomo.
No es nada nuevo el hacinamiento, altos niveles de adicciones y relaciones familiares disfuncionales, así como precarias condiciones de trabajo en ese sector laboral de la Costa de Hermosillo, donde la reconocida eficiencia en la producción agrícola con vocación exportadora no se refleja en la calidad de vida de quienes ponen su mano de obra, resultando que para muchos, lo ocurrido en Los Pocitos solo sea la punta del iceberg que debe ser revisado de forma integral por instancias de gobierno.
Por lo pronto, de destacar la rápida reacción de la Policía Municipal, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Seguridad Pública para atender el estallido de violencia, lo cual quedó como evidencia en redes sociales, al igual que el posicionamiento de la ya citada Iris Sánchez Chiu, sumándose la versión y postura del gobernador.
De destacarse también que si bien medios de comunicación tradicionales dieron los espacios a esa noticia en sus páginas electrónicas, de buenas a primera “bajaron” las notas informativas y desaparecieron cualquier indicio de esa cobertura, sumándose al control de daños y dejando ver la poderosa influencia de los propietarios de ese consorcio y/o la intervención de un operativo mediático de alto nivel para desinteresar a la opinión pública, operativo que en todo caso sería lo de menos, si se atienden los orígenes de esa problemática, que se presenta no solo en dicho centro de trabajo.
Por lo demás, todo indica que entre MORENA y partidos aliados en el Congreso del Estado prevalece la falta de acuerdos respecto a la nueva integración de funcionarios a puestos de confianza en ese poder del Estado, toda vez que a punto de concluir el plazo de 15 días naturales para esa toma de decisiones, en el orden del día de la sesión de este martes no se incluye dicho punto.
Como se recordará, la guadaña fue aplicada en la sesión del 9 de este mes y el miércoles vence el término que se autoimpusieron para llenar las vacantes su suplir a quienes hasta ahora se desempeñan como encargados de despacho, a no ser que se cite a alguna sesión extraordinaria o se encuentre algún resquicio que justifique que tal compromiso sea cumplido en la sesión del próximo jueves.
Debe ser suculento ese pastel burocrático por repartir y no por nada ese fue el principal factor del rompimiento y fractura hace tres años, aunque en esta ocasión el fiel de la balanza en Palacio de Gobierno puede dirimir cualquier diferencia que pudiera existir entre Ernestina Castro, Sebastián Orduño, Fermín Trujillo, Claudia Zulema Bours y Paloma Terán y sacar ese asunto sin mayor problema, ya que en lo que respecta a los del PRI, todo indica que si bien han sido tomados en cuenta, tampoco representan obstáculo para eventual acuerdo y mucho menos los del PAN y el PRD.
Sin salirnos de asuntos partidistas, luego de su infructuosa incursión como dirigente en Sonora del ya desaparecido Partido Fuerza Por México, Carolina Lara Moreno regresa a esta entidad como secretaria general de la Central Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, que regentea a nivel nacional el senador Pedro Haces Barba.
Curioso caso donde una exmilitante del PAN, esposa del exdirigente de ese partido en Puebla y sin trayectoria obrera, sindical ni empleada de base de nadie, se convierta en dirigente de una central de trabajadores como la CATEM que como aliada de la 4T se supone que su proyecto es desbancar a la CTM den la representación sindical mayoritaria de México.
Pero de todas formas vamos a felicitar a Carito Lara y reconocer sus habilidades para mantenerse en la palestra, que si bien es en niveles modestos, pues algo es algo.
Y excelente la propuesta del decreto firmado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño que crea el Sistema de Atención a la Violencia Familiar y Género, en el marco de una nueva política pública para la para la prevención, atención y seguimiento, orientada a la protección de la víctima, en colaboración con instituciones gubernamentales y sociedad civil.
En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mandatario estatal, junto a la secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez, explicó en conferencia de prensa que se trata de un mecanismo que se activará con la llamada recibida en la línea de emergencias 9-1-1 por temas de violencia familiar y de género.
A la vez, se trabajará en la prevención en las escuelas de nivel básico por medio de la colaboración con la Secretaría de Educación y Cultura y mediante el Centro de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora, Sistema DIF, Secretaría de Salud y el Instituto Sonorense de las Mujeres.
