Samuel Valenzuela
Les urge a las autoridades de la Universidad de Sonora implementar una estrategia de comunicación que le permita recuperar la indispensable solidaridad y reconocimiento social y acabar con la percepción de estar en permanente conflicto, que cada año estallan huelgas y que no responde a los retos del desarrollo de la entidad.
Las recientes reformas a la ley universitaria, se supone fueron con el fin de adecuar a nuestra Alma Mater a las nuevas realidades, propósito que se mantiene en el ámbito de las cúpulas sin que baje ni siquiera a la base estudiantil, mucho menos al resto de la sociedad, obviamente ajena a lo que ocurre en la máxima casa de estudios de esta entidad.
La huelga estallada el pasado viernes por el sindicato de académicos, pone en evidencia una vez más el aislamiento de la Universidad de Sonora respecto a la sociedad sonorense y que no basta que sus autoridades asuman trasnochados gobiernismos para revertir condiciones adversas prohijadas por un nuevo marco jurídico cuyos efectos les resultaron inesperados.
Oferta rechazada.
Lamentable la falta de acuerdos en una negociación ya muy andada y que en los últimos cuatro años permitió transitar sin huelgas, en el marco de sorpresivo conflicto que lucía muy remoto frente al aparente empate de intereses entre el STAUS y la llamada cuarta transformación y el entreguismo de la rectora Rita Plancarte al gobierno del estado y MORENA.
Pues no todo es como parece, porque la mayoría de los académicos sindicalizados votaron por colocar las banderas rojinegras, al no aceptar los ofrecimientos de la parte patronal, y particularmente no ser atendidas sus exigencias en materia de vivienda; retenciones fiscales y servicios médicos, que en el caso de prestaciones económicas, el incremento directo al salario del 4 por ciento y otras adicionales del 2.34 por ciento, se encuentran en los rangos a los que se han sujetado negociaciones contractuales en el resto del país y no solo en universidades.
Subyace en el voto a favor de la huelga un sordo rechazo al entreguismo de la autoridad universitaria al Gobierno del Estado; el que la rectora no haya siquiera guardado las formas de presunta autonomía en los últimos meses y que ya al final de la negociación contractual, la patronal haya emprendido una estrategia de provocación en contra de sectores académicos.
Resulta una verdad indubitable que a ningún universitario, incluso entre los abúlicos, sea estudiante, maestro o trabajador administrativo, gusta ser identificado como gobiernista, y en los recientes procesos de elección del Colegio Universitario quedó de manifiesto el rechazo a las propuestas cuatreras y ratificado en la votación del viernes por el sí a la huelga, a pesar de los esfuerzos del dirigente Juan Díaz Hilton y operadores del gobierno del Estado.
Ante todos esos factores difícil el trabajo de conciliación y consenso del secretario de gobierno Adolfo Salazar Razo y del mediador titular del Trabajo, Francisco Vázquez y más cuando lucía muy remoto que estallara, tal como lo planteó el mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño el pasado martes, cuando consideró que el emplazamiento sólo era enunciativo para efectos de la revisión contractual.
Juan Díaz Hilton.
Resulta paradójico que uno de los gremios más cercanos al interés del partido oficial y presuntamente a las causas del gobierno de Durazo Montaño, le hayan propinado la primera derrota a la estabilidad laboral de la entidad, luego de casi dos años sin huelgas en la entidad, lo cual como él mismo lo acepta, afecta la oferta de Sonora para atraer nuevas inversiones.
Desde nuestra perspectiva, dados los factores que incidieron en el estallamiento, no creemos que la huelga se prolongue si es que la patronal asume con responsabilidad la obligada mesa de diálogo; si al menos finge bien que es autónoma, destacando en todo caso, el reconocimiento del gobernador a los derechos laborales y a la huelga de los académicos y a su explícita voluntad de ser coadyuvante en la generación de los acuerdos que pongan fin al paro que afecta al menos a 44 mil estudiantes.
Lo ocurrido con el STAUS y la UNISON bien podría tomarse como una alerta para quienes desde el gobierno pretenden controlarlo todo, derivando en rebeldías que los pueden dejar muy mal parados, en un contexto que no tarda en manifestarse por rumbos de la Unión Ganadera Regional de Sonora e incluso en el Poder Judicial de la Entidad e incluso en otras instancias autónomas y organizaciones de la sociedad civil.
Pero por lo pronto, carecen de buen futuro las causales del estallamiento de huelga en la UNISON y lo más seguro que resueltos los factores exógenos de la misma, el STAUS no logre más de lo ya concedido, aunque es importante haber establecido la diferencia entre la izquierda universitaria y la que postula el partido oficial y el gobierno.
Alfonso Durazo.
Por lo demás, con muy buenas expectativas inició la gestión de Luis Miguel Vargas Delgado y Blanca Colosio Altamirano, como dirigentes del PRI en el municipio de Hermosillo, luego que el pasado sábado rindieron protesta en un rumboso evento presidido por el dirigente estatal Rogelio Díaz Brown.
Conocemos al Cuate desde hace bastantes años y a Blanca le hemos dado seguimiento desde hace meses por su gran desempeño como presidenta de la Fundación Colosio en la capital de Sonora y a sus funciones multitask en el edificio sede de los priistas en esta entidad, por lo que las cosas en ese partido podrían mejorar sustancialmente luego de meses prácticamente en el abandono.
Así como “El Roger” y su equipo, por supuesto que tienen mucho por hacer al menos para emparejar los cartones con Zaira Fernández y Pascual Soto, quien desde la conducción de priistas inconformes han desplegado intenso activismo en todo el estado, con especial atención, por razones de vecindad, a Hermosillo, lo cual los tiene muy bien posicionados.
Por lo pronto, inmejorable el ambiente en el auditorio Plutarco Elías Calles al culminar el proceso interno de renovación de dirigencia en el municipio capitalino, trámite que Díaz Brown ya lleva andado buen trecho en otros municipios.
Por otra parte, este domingo se venció un plazo más para que el gobierno federal atienda la emergencia de los productores de trigo del sur de Sonora, sin que a estas horas de la tarde dispongamos de alguna novedad sobre los resultados de presuntas gestiones que realiza el gobernador Durazo ante Hacienda, Economía, SADER y la misma presidencia de la república para fondear con tres mil millones de pesos a la comercialización del citado cereal.
Luis Miguel Vargas y Blanca Colosio.
Ya veremos si se cumplen los peores presagios y el próximo martes vemos cómo las asambleas de las organizaciones del sector social y privado deciden emprender estrategias de presión con el fin de acelerar definiciones de parte del gobierno federal, frente a la inédita reducción de espacios que enfrenta el gobernador ante instancias en las que hasta hace poco era sumamente efectivo.
Ya ven lo que ocurrió en el caso de la Ley Minera, la cual, a pesar de sus esfuerzos por posponer el trámite de aprobación, en San Lázaro pasó por la vía rápida e igual ocurrió en el Senado, en el marco de la ilegal sesión donde las representaciones parlamentarias de MORENA y forúnculos asestaron ominoso golpe contra instituciones del Estado Mexicano sin diálogo, sin revisión, sin parlamento abierto, sin consulta a los afectados, sin lectura, debate y en abierta violación al trámite legislativo.
Miren, ni modo los actores de ese golpe histórico contra le legalidad no sabían lo que estaban haciendo y de las graves violaciones y ni modo que no sepan de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por lo regular declara inválidas las decisiones así tomadas, o sea, actuaron con plena conciencia de sus ilegalidades, todo porque el presidente Andrés Manuel López Obrador se los ordenó.
Desde esa perspectiva y a la luz de los ya anunciados recursos de inconstitucionalidad que interpondrán senadores de oposición, no hay que descartar la inminencia de un golpe en contra del Poder Judicial de parte del Ejecutivo, como lo es la disolución misma y el nombramiento de magistradas y magistrados incondicionales, porque si no lo hace así, el dictadorzuelo que vive en un palacio y sus vasallos se quedarán sin el cuadro y sin la estampa.
La historia será implacable.
Para eso y más le da al presidente con el poder que le ha entregado a las fuerzas armadas, en un contexto ominoso, amenazante para México y los mexicanos, con un sistema en el gobierno que odia a la transparencia y que despliega todo su poder para destruir y acabar de tajo el derecho a la información, mediante argumentos falaces.
Senadoras y senadores de MORENA y aliados dieron sepultura al mamotreto denominado INSABI que tantas muertes causó y tanto dinero desapareció, para aumentar la carga de atender la salud de 15 millones de personas a un IMSS que no cumple a sus derechohabientes; dejaron al campo sin financiamiento, profundizaron en la militarización, entre otras marranadas que la historia tarde o temprano les reclamará frente a los irreversibles daños que se vienen encima.
Y por fin López Obrador se deshizo del avión presidencial en una operación de venta de garaje donde BANOBRAS pagará los platos rotos, ya que los mil 650 millones de pesos que el gobierno de Tayikistán pagó por la aeronave, ni siquiera cubren la deuda pendiente de pago del contrato de arrendamiento, pero como se trata de satisfacer al mitómano, cederá dicha cantidad para que se construyan dos hospitales, o sea, será esa institución de la banca de desarrollo la que aportará los recursos, a costa de programas de infraestructura comunitaria de estados y municipios que solo disponen de dicha instancia de financiamiento para construir obra pública.
Más pérdidas para México.
Toda una engañifa rodea a esa aeronave desde que se convirtió en objeto del odio presidencial; primero López Obrador aseguraba que costó siete mil 500 millones de pesos; decidió venderlo durante casi cuatro años y medio y anunció que con el producto de la venta, 150 millones de dólares, se financiaría un plan migratorio del gobierno federal.
Luego dijo que ese dinero se destinaría para dotar de agua potable a algunas comunidades del municipio Zacualtipán, en Hidalgo y así fueron cambiando los destinos de dichos recursos sacando a colación el asunto de acuerdo a las necesidades de su ego, hasta que se le ocurrió la fraudulenta y fracasada rifa, que de una ganancia prospectada de dos mil millones de pesos, la poca venta del boletaje, y demás gastos, sólo dejaron poco más de 260 millones de pesos que fueron a dar al barril sin fondo del INSABI; pretendió rentarlo para bodas, quinceañeras y bautizos, que fuera la nave insignia de la nueva línea aérea del ejército y así por el estilo, en una sarta de estupideces que culminó con malbaratar a ese bien de la nación.
